POR Mirko Lauer
Sería un error considerar el atentado a la Fiscal de la Nación solo en el contexto de la investigación de los petroaudios. No es ni remotamente un atentado más. Lo que acaba de suceder constituye una evidente escalada en el clima de multifacética violencia que se está volviendo a hacer un lugar en la vida pública peruana.Por lo pronto lo sucedido se ubica en la cúspide de una línea de atentados contra y asesinatos de miembros del sistema judicial que ya empieza a ser larga. Ellos son la marca de fábrica del narcotráfico, que de por sí existe fuera de la ley y por tanto siente que no tiene nada que perder, y más bien mucho que ganar con el empleo de sicarios.
Esa es la hipótesis que primero vendría a la mente, si la fiscal Gladys Echaíz no hubiera actuado enérgicamente hace poco contra grupos para-empresariales entrenados por el Estado en los usos de la violencia, la clandestinidad y, en paralelo con los narcos, el amedrentamiento. Esta es una hipótesis mucho más conspirativa, y en esa medida más atractiva.
Dos posibilidades sobre motivación del atentado: a. asustar a la funcionaria y su equipo para obtener alivio en algún punto de la cadena jerárquica de la fiscalía. Esto está más en la línea del narcotráfico, siempre atento a acusaciones judiciales que le competen y por lo general con pocas consideraciones estratégicas a largo plazo.
La otra posibilidad, b., es que se haya querido enviar al país entero un mensaje de tipo general, cuyo contenido sería que una escalada de destapes contra el crimen desde el Estado puede terminar produciendo un clima de zozobra ciudadana. Esto está más cerca de hipótesis recientes acerca de la desestabilización del gobierno.
Un primer efecto político amplio del atentado va a ser colocar bajo una luz distinta todos los actos de violencia que hasta aquí han sido vistos sobre todo como desmanes. En otras palabras, la violencia pasa a ser para sus cultores un tipo de mercancía política muy diferente: más sospechosa, más peligrosa, menos controlable, menos inocente.
Falta saber si este será el atentado que toque un nervio realmente sensible y ubique a la violencia delictiva en el centro de la atención pública y en un lugar prominente de la agenda gubernamental. Los atentados y emboscadas de claro origen narco todavía no lo han logrado, y en esa medida vivimos en una suerte de pre-Tarata.
Parte del problema está en que una democracia que se moviliza contra enemigos armados nunca es un bello espectáculo, y representa costos y sacrificios para quienes conducen dicha política, sobre todo en una primera etapa. Por eso es un tipo de problema que casi siempre se confronta cuando ya parece tarde para hacerlo.
