La propuesta parlamentaria de que un presidente regional que haya participado en protestas vandálicas sea vacado revela el grado en que los sucesos de Cajamarca podrían estar cambiando la imagen de estos funcionarios elegidos. En algún momento del conflicto hubo una iniciativa para recortar sus atribuciones, pero eso no prosperó, pues era conflictivo en sí mismo. Esta propuesta promete serlo también.
Hasta la irrupción de Gregorio Santos en el escenario la tendencia era a que los presidentes regionales fueran más bien arrinconados por la protesta en las calles. Esta los obligaba a participar, en muchos casos con evidente desgano, en una esquina de la mesa de negociación, o a arriesgarse a ser considerados procentralistas.
Santos ha cambiado esto del arrinconamiento, al menos para su región. Hay versiones en el sentido de que al inicio fue empujado a moverse contra Conga por elementos más radicales y decididos. Pero en poco tiempo Santos les robó el liderazgo a personajes como Wilfredo Saavedra o Marcos Arana, con los cuales hoy mantiene frías relaciones, y algunos dicen que también a Ollanta Humala.
Este ha sido un notable salto político, al cual no se arriesgaron presidentes de cuño radical como César Álvarez (Áncash, reelegido) o Hernán Fuentes (anterior presidente de Puno). Su efecto más profundo ha sido establecer una contradicción de fondo entre el gobierno central y uno regional, incluso con planes nacionales propios. Algo así como un embrión de autonomismo.
A primera vista, la iniciativa de la Comisión de Descentralización del Congreso parece un buen ejercicio de justicia retributiva: autoridad estatal que lanza piedras contra el Estado debe retirarse. Pero una segunda mirada revela algunos aspectos seriamente impolíticos de la propuesta.
Con esta espada de Damocles se debilita la investidura del presidente regional, al imponerle un límite a su diálogo con la protesta vandálica. Al borrarse la línea que hay entre actuar por convicción y defender el puesto, el presidente regional queda pintado en la pared a la hora de los conflictos.
Lo cual ha sido parte del problema en la mayoría de los casos hasta ahora, en que se ha visto que lo que los presidentes necesitan es protección de los fabricantes de turbas instantáneas. Aunque es preciso decir que hasta aquí los presidentes se han protegido bastante bien ellos mismos de la cooptación en las calles.
La lección de Cajamarca es otra, y sencilla: el Código Penal basta cuando hay la voluntad política de aplicarlo. El presidente regional Santos parece haber cometido faltas suficientes como para merecer sanciones varias en lo administrativo. ¿Qué sentido tiene entonces esta poco velada amenaza a los demás presidentes regionales, que además no lo han apoyado en ningún momento?
