El Estado en el set

Por Maritza Espinoza
mespinoza@larepublica.com.pe

En el estrambótico debate que se generó en torno a la salidita de unas burriers de Santa Mónica al set de Gisela Valcárcel, se ha pasado por alto un detalle que sólo Juan Carlos Valdivia, en su columna, ha señalado: el Estado peruano como acomedido “productor” de algunos programas de televisión que la pegan de caritativos con plata nuestra.

Valdivia ha dado algunos ejemplos, además del generoso despliegue de seguridad para las 18 señoritas, alegremente donado por el Inpe a la Señito de las cuatro décadas. Estos son, entre otros, la donación de parte del municipio del Callao de una cisterna de agua para que los soñadores se mojen las patitas; el ofrecimiento del presidente regional de Áncash de construir un albergue para cumplir uno de los sueños; el regalo de mano de obra de parte de la Ministra de Trabajo para cumplir otro sueño. En fin, a eso habría que agregar a algunos alcaldes que regalan ¡lotes saneados! (es decir, con los trámites municipales festinados) y hasta trabajos remunerados (con el dinero de los contribuyentes) en algunas emisiones de Fuego cruzado. Eso, como dice Valdivia, es malversación, aquí y en la China.

Pero el error no es solo de esos funcionarios de enfermizo figuretismo, sino de los equipos de producción de los propios programas. No es lo mismo ir a pedir una refrigeradora o un juego de muebles a un empresario privado, que puede hacer con su dinero lo que le venga a los forros, que ir donde un funcionario público a que nos haga un donativo con dinero ajeno (el nuestro). En un caso, se tratará de un favorcito benévolo que el empresario tendrá que justificar en sus cuadernos de contabilidad. En el segundo, Gisela Valcárcel, Álamo Pérez Luna o cualquier otro conductor de programa similar podrían resultar cómplices de malversación y peculado.

Los programas de televisión, de cuya buena intención no dudamos, tienen que entender que, a la hora de pedir el canjecito (o aceptarlo), tienen que verificar que no se trate de dinero público. Si un político quiere aparecer como bueno, caritativo, preocupado por los pobres, es una inversión en márketing personal que, en cualquier país civilizado, debe pagar de su bolsillo.