Por Danilo Arbilla
Como es sabido a Chávez los precios se le disparan y la noche se le viene encima (y además con apagones). Él trata de ignorarlo, de autoconvencerse de que no es así y quiere taparlo todo. Sobre todo para que la gente no se entere. Como si la gente no fuera al mercado. Culpa a los supermercados y a los medios. En especial a la TV, cuyos testimonios no se pueden borrar con discursos ni existe para ello Aló Presidente que valga.
Entonces tuvo que arremeter contra la televisión y recurrir a la “ley mordaza“ bolivariana para justificar este nuevo avasallamiento de las libertades de los venezolanos. Es que los canales “quitados del aire“ ( léase clausurados y censurados) no solo no se prestaban a pasar sus discursos y otras comunicaciones oficiales, sino que se atrevían a mostrar objetivamente lo que ocurre en Venezuela.
La alternativa era silenciarlos y nadie debería sorprenderse de esta decisión de Chávez. Es su política, como dijo El País de Madrid en un editorial a raíz del nuevo silenciamiento de Radio Caracas Televisión, “ni la libertad de expresión ni la disidencia son santos de la devoción de Hugo Chávez”.
Pero vayamos al meollo de la cuestión: el nuevo avance contra la libertad de expresión del comandante Chávez y el desparpajo del ministro de Obras Públicas de nombre contradictorio (Diosdado Cabello) que dijo que solo se trata de la aplicación de una ley. Y precisamente eso es lo preocupante, que haya quienes señalan la existencia “de esa ley“ y hasta hablen de que las estaciones “no respetaron las normas legales“ para justificar la censura y explicar y defender a Chávez. Se trata de una ley ilegítima porque atenta contra derechos humanos que son universales.
Con el criterio de los que esgrimen ese argumento la tortura sería legítima si existiera “una ley” estableciendo que es legal, y, por supuesto, necesaria a los fines del gobierno y de sus fines. No es así; y así como no es admisible la figura de la “obediencia debida” para justificar la tortura o la violación de los derechos humanos, tampoco lo debería ser una especie de “acatamiento debido” a semejante normativa chavista. Da para alarmarse y reflexionar mucho.
