Por Baldo Kresalja R.
El 10 de abril se produjeron los resultados de la primera vuelta electoral. No hubo sorpresas; las encuestas ya lo habían anticipado: O. Humala 32%, K. Fujimori 24%. Los tres poco eficaces representantes de la política tradicional fueron derrotados.
Frustración, rabia y desconcierto se alojaron en casi el 50% de los ciudadanos, y para estos el futuro entonces se antojó huidizo y borroso.
Mucho antes del 10 de abril sabía yo por quiénes no votaría en ninguna circunstancia, y la lista era, como es también ahora, encabezada por K. Fujimori. Por otra parte, entre los candidatos al Congreso y promotores del partido Gana Perú había unos pocos conocidos míos, gente de bien. Fueron estos los que me convocaron para que colaborara en la campaña de la segunda vuelta. Les manifesté que no estaba de acuerdo con algunas partes de su plan de gobierno y me contestaron que era perfectible.
Me invitaron a participar con otros profesionales y estudiosos en un acto público presidido por O. Humala, que se realizó el 18 de abril. Fue un acto con amplísima cobertura de los medios. Mi presencia, como de algunos otros, fue inmediato motivo de escándalo y dio inicio a ataques groseros y falsos por parte de varios medios, que al conocer el resultado electoral habían decidido apoyar a Fujimori. Cuestionaron que algunos de los que habíamos apoyado a A. Toledo estuviéramos presentes.
Voté a desgano por Toledo. Sabía que iba a perder y su campaña había sido francamente mala y lejana a lo que en privado había prometido y dicho. Fue una señal negativa previa a la eliminación de numerosas propuestas progresistas en su plan de gobierno. Pero no soy miembro de PP y realizado el acto electoral mi obligación, solo moral, había terminado. No tenía más ataduras que a las que me obliga mi condición de ciudadano democrático. Aunque intuía que mi presencia el 18 de abril ya citado podía ser malinterpretada, acudí a la cita y no me arrepiento de ello. Aquí van mis razones.
Fui presidente del CADE del año 2001 sobre Educación y Cultura, celebrado solo meses después de la asunción al poder de Valentín Paniagua, cuando se iniciaba el largo destape de la corrupción fujimorista y de la compra de las líneas editoriales de varios medios, circunstancia que marcó el desarrollo de la conferencia y que motivó a muchos a desear superar lo ocurrido en esa materia durante la década del 90. Poco después fui elegido miembro de la Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA) que presidió monseñor Irízar y que formuló propuestas concretas para combatir el flagelo de la corrupción, propuestas que fueron alcanzadas en ceremonias formales a los candidatos de ese entonces, Toledo y García, y que ninguno tuvo el coraje y la convicción de llevar adelante durante sus gobiernos.
Más adelante, convocado por el primer ministro Carlos Ferrero, fui ministro de Justicia durante cinco meses y traté de darle impulso a la lucha anticorrupción. Promulgué el nuevo Código Procesal Penal y el nuevo Código Procesal Constitucional, y tuve ocasión de dar por terminada la Comisión Reformadora de la Administración de Justicia (Ceriajus) en un acto público, quizá el mayor aporte del gobierno de Toledo, y cuyos lineamientos generales –que implican una reforma constitucional– fueron incorporadas al plan de gobierno de Gana Perú y no de Perú Posible.
Esas son razones más que suficientes para que, una vez conocidos los resultados del 10 de abril, hiciera acto de presencia en una ceremonia convocada por el candidato opuesto al fujimorismo. Pero como lo probarán mis declaraciones escritas y orales, públicas y privadas, ello no significa un apoyo incondicional a su propuesta programática. Simplemente muestra que considero que la candidatura de K. Fujimori es contraria a los intereses permanentes del país y a la consolidación de una ética cívica indispensable para la vida en común. Por tanto, considero que debo moralmente contribuir al sostenimiento y al éxito de quienes luchan por una democracia auténtica. Y si en el camino ese propósito se desdibujara, entonces actuaré como actúo ahora: en defensa de los derechos fundamentales de la persona y del pensamiento libre y plural que da sentido y sustento al sistema político democrático.
