Es claro que la alta desaprobación de la gestión de Susana Villarán no puede ser solo explicada por la campaña que desatan los que no aceptaron su triunfo en octubre del 2010. Es cierto también que hay una campaña propagandística contra la alcaldesa limeña desde el primer día de la gestión municipal, como no la ha sufrido alcalde alguno. También es cierto que esta gestión está lejos de ser encabezada por Patria Roja y el MRTA, con el puño de Abimael Guzmán, como querían hacer creer y asustar los mercenarios de los medios de la llamada derecha bruta y achorada (DBA).
Sin embargo, ninguna campaña impidió que Susana Villarán triunfara en Lima y que Ollanta Humala hiciera lo propio en las presidenciales. Si bien es cierto Fuerza Social tenía un plan para Lima y que ha gastado de su presupuesto en el primer año, más que la gestión de Luis Castañeda en el mismo período, lo cierto es que la gente cree lo contrario. Y lo que la gente cree y opina es realidad, aunque parta de supuestos y creencias falsas.
Sobre este escenario adverso, Susana Villarán tendrá que enfrentar la realización de una posible revocatoria, la primera en una capital departamental.
Es cierto que los argumentos que se esgrimen son deleznables y que detrás de la solicitud no aparecen, por ahora, sus verdaderos promotores. Sin embargo, que detrás de la revocatoria esté la DBA y los ex alcaldes Castañeda y Kouri, como señala Pablo Secada, y que los argumentos sean risibles, no hacen de este proceso, ilegal.
Esta institución se encuentra incorporada en la Ley de Control y Participación Ciudadana 26300 y en la Constitución de 1993. Lo que se ampara es un derecho político. En consecuencia, pueden estar promoviendo esta revocatoria un grupo de partidos, personajes, empresas y medios cuestionables políticamente, pero eso no hace que el proceso sea ni ilegal, ni antidemocrático.
Desde el año 1997, se han realizado un sinnúmero de revocatorias en nuestro país. Cada vez que se ha iniciado la venta de los kits, un gran entusiasmo recorre a los promotores y un gran impacto se produce en los medios. Sin embargo, un número menor es el que consigue las firmas requeridas. La tarea no es fácil, pues se requiere conseguir el 25% del padrón, hasta un máximo de 400 mil firmas. Para el caso de Lima, es obvio que se requiere un aparato central que cuente con recursos humanos, logísticos y económicos. Es decir, una maquinaria que están lejos de tener los supuestos promotores que ahora aparecen dando la cara. En otras palabras, la tarea podrá ser muy difícil, pero no por ello hay que descartar la posibilidad de que se consigan las firmas.
En estos 14 años de existencia de la ley, el perfil de los lugares en que se han realizado las revocatorias han sido solo distritos (no en provincias y departamentos, para el caso de autoridades regionales), ubicados fuera de Lima (salvo algún distrito de playa, como Pucusana), mayormente en zonas andinas, rurales y de menos de 10 mil electores. La gran mayoría de promotores, han sido los que perdieron las elecciones, bajo la consigna: todos contra el alcalde. Ha sido el espacio y tiempo de incertidumbre y violencia en varios casos. Con estos antecedentes, se podría pensar que no habrá revocatoria en Lima.
Pero mal haría Susana Villarán y los que la respaldan, si no toman en cuenta las razones más allá de la campaña mediática, así como tener una lectura sesgada de lo que le está ocurriendo con la opinión pública. Si la alcaldesa no hace cambios firmes, manteniendo sus principios éticos, probablemente gane la revocatoria, pero habrá perdido gran parte de su legitimidad, a estas alturas ya dañada.
