Por Chachi Sanseviero
Para evitar “actos vandálicos” de los pueblos indígenas que ponen en riesgo la distribución de gas e hidrocarburos, el gobierno ha declarado el Estado de Emergencia en diversos distritos amazónicos. El tema en discordia son los decretos legislativos que la misma Comisión Multipartidaria del Congreso -encargada de buscar una solución a este problema- los ha considerado anticonstitucionales porque vulneran el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Gracias a esos decretos y al argumento amoral de declarar de “necesidad pública” la concesión de territorios inalienables que pertenecen a los pueblos originarios de la Amazonía, el gobierno aprista ha puesto en venta esas tierras para la agricultura de biocombustibles y ha sembrado de concesiones para la explotación de gas e hidrocarburos, vastas áreas protegidas.
“Vandalismo” de los indígenas cuyos derechos han sido cercenados y “Necesidad pública” de las corporaciones que vienen al país ávidas de aguas, tierras y riquezas extractivas, son argumentos que sintonizan fielmente con la aberrante doctrina de “el perro del hortelano” desarrollada por el otro yo del Dr. García. Incapaz de concretar las grandes reformas sociales que necesita el Perú para avanzar en beneficio de los ciudadanos más postergados, el presidente está afanado en culminar con la transnacionalización de los territorios amazónicos y de sus recursos naturales estratégicos.
¿Detendrá alguien a estos Atila depredadores del oro verde dispuestos a beneficiar a las corporaciones y a sus operadores locales a costa de la sobrevivencia de los hermanos amazónicos? Difícil es predecir el desarrollo de estos acontecimientos si los nativos están dispuestos a morir en defensa de sus territorios y los FOES de la Marina de Guerra del Perú y los operadores especiales de la DIROES han sido enviados para reprimirlos, indicios de que no es la paz lo que se está buscando. Las próximas horas serán definitorias.
