La defensa de la revocatoria contra Susana Villarán es simple: la revocatoria es un instrumento legal y plenamente democrático. Además, según las últimas encuestas, una sólida mayoría de los limeños quiere revocar a la alcaldesa. ¿Qué puede ser más democrático que la expresión de la mayoría en las urnas? Como señala Carlos Meléndez, las instituciones de la democracia directa (como el referéndum y la revocatoria) pueden fortalecer a la democracia representativa, dando más control a los ciudadanos. Por eso, Meléndez dice que los progresistas, que suelen apoyar la profundización de la democracia, no deben tenerle miedo a la revocatoria.
Pero yo sí le tengo miedo. No creo que la revocatoria profundice la democracia en el Perú. Más bien, creo que atenta contra la democracia.
La democracia moderna no es una simple la expresión de las mayorías. (Si lo fuera, Venezuela –campeón regional del referéndum– sería el país más democrático de AL. Hugo Chávez sepultó la democracia con amplias mayorías electorales.) La democracia moderna es un régimen: un sistema de reglas y derechos que nos permite elegir libremente a nuestros gobiernos –y no una vez, sino a través del tiempo–. Las democracias que funcionan –y duran– son democracias institucionalizadas. La democracia institucionalizada no existió nunca en el Perú. Ninguna democracia peruana ha durado más de 12 años. No ha habido ni siquiera tres gobiernos democráticos consecutivos.
Las instituciones democráticas fuertes son difíciles de construir. Requieren mucha atención y cuidado. De hecho, en casi todas las democracias institucionalizadas, las instituciones democráticas están acompañadas –y sostenidas– por unas instituciones informales (reglas de juego no escritas) claves. Por ejemplo, existen ciertas normas básicas sobre el comportamiento de los ganadores y perdedores. Los que ganan las elecciones no se aprovechan del poder para perjudicar o debilitar a sus rivales. En cambio, los que pierden aceptan la legitimidad del nuevo gobierno y –sin renunciar a la vigilancia y la crítica–dejan que sus rivales gobiernen.
Mientras el gobierno no abuse del poder, la oposición no busca tumbarlo antes del fin de su mandato. Parece simple, pero estas reglas del juego informales siguen siendo violadas con frecuencia en los países andinos. Los que ganan las elecciones abusan del Estado para perpetuarse en el poder (Fujimori, Chávez, Correa), y los que pierden no dejan gobernar (el MAS boliviano entre 2002 y 2005).
El problema es que la violación de estas reglas informales –y a veces solo la percepción de violación de parte de un lado u otro–puede iniciar una espiral de conflicto que termina en una ruptura constitucional. Los ejemplos abundan: Perú en 1992; Ecuador en 1996, 2000 y 2007 (por no mencionar 1935, 1947, 1961 y 1972); Bolivia antes y después de la elección de Morales; Venezuela en 2002.
La clave para evitar ese tipo de crisis es otra regla informal: la moderación institucional. En las democracias estables, las instituciones que pueden afectar seriamente el equilibrio del poder –como el cambio constitucional, el estado de emergencia, el juicio político, el referéndum, y la revocatoria– se utilizan con poca frecuencia. No debido a una prohibición formal –son perfectamente legales– sino a una norma de moderación. Existe un consenso político respecto a que solo deben ser utilizadas en casos extremos. En los EE.UU., por ejemplo, existe una institución informal –violada por los Republicanos en el caso de Clinton– respecto a que el juicio político se hace solo con el apoyo de los dos partidos. En más de 220 años, ha sido utilizado dos veces (tres si se incluye a Nixon, que renunció).
Donde no existe la moderación institucional, la democracia es mucho más vulnerable. Cuando un político utiliza una institución como instrumento para perjudicar o debilitar a su rival, la institución se politiza. Si funciona, la práctica se legitima y se extiende. Queda reforzada la idea de que “todo vale” –y las instituciones dejan de ser reglas neutrales y se convierten en armas de guerra–. Cuando ocurre eso, peligra la democracia. Por eso insisto: el uso politizado de las instituciones –aunque sea “legal” y “democrático”– hace daño al régimen democrático, sobre todo en una democracia frágil como la peruana.
La revocatoria contra Villarán es un caso ejemplar de uso politizado de una institución democrática y demuestra una clara falta de moderación institucional. El gobierno de Villarán no es excepcional. No ha abusado del poder. Una imagen pública en el piso es lamentable, pero no es suficiente para tumbar a un gobierno. (¿El Perú estaría mejor hoy si se hubiera tumbado a Toledo en 2004, como querían muchos? O sería un poco más como Ecuador?).
Más allá del caso de Villarán, es claro que la revocatoria está siendo utilizada de una manera muy politizada en el Perú: los que pierden las elecciones ven en la revocatoria una oportunidad para tumbar a sus rivales y llegar al poder sin tener que esperar cuatro años. Eso no es una profundización de la democracia, sino un golpismo disfrazado de “participación ciudadana.” La democracia no debe –y no puede– funcionar así.
Aldo Mariátegui dice que la revocatoria está bien porque existe en los EE.UU. Fue utilizada en California en 2003 (así llegó el Terminator a la gobernación), y está siendo utilizada actualmente en Wisconsin.
Pero comparemos. La revocatoria ha existido en los EE.UU. desde 1908. Existe en 18 de los 50 estados. Pero en los últimos 104 años, solo se ha utilizado dos veces contra gobernadores: en 1921 y 2003. Además, se ha utilizado 20 veces contra legisladores regionales. Son 22 casos en 18 estados, durante un periodo de 104 años: un promedio de una revocatoria por siglo en cada estado. En el Perú, hasta el 18 de enero, la ONPE había vendido 1280 kits para revocatoria. En un solo año, se busca la revocatoria no solo de la alcaldesa de Lima sino de los alcaldes de Cusco, Piura, Trujillo, y otras ciudades importantes. Se busca la revocatoria de una mayoría de los presidentes regionales. Ese no es el camino hacia una democracia institucionalizada.
Es llamativa la oposición de Lourdes Flores a la revocatoria de Susana Villarán. Flores perdió ante Villarán, pero a diferencia de la DBA, aceptó la legitimidad de su rival y no busca tumbarla antes de tiempo. Flores y otros pepecistas han sido duramente criticados por su oposición a la revocatoria. Los llaman “tibios”, “colaboracionistas,” y “cobardes de siempre.” Según Aldo Mariátegui, “hay que jugársela.” ¿Así deben comportarse los políticos en una democracia institucionalizada? Si los políticos peruanos siguen “jugándosela”, el Perú no será nunca una democracia institucionalizada.
