Para la mayoría de peruanos cada temblor es, en algún instante de su evolución, un potencial terremoto. La macabra antesala del pampeado apocalipsis. Solo una vez que finaliza el bamboleo, cuando la posibilidad de una réplica parece extinguida, respiramos aliviados antes de retomar aquello que suspendimos cuando la tierra comenzó a moverse.
Pero si para la mayoría un temblor es la posibilidad de algo monstruoso, para los miles de peruanos de Pisco, Ica y Chincha es la monstruosidad misma. Cada sismo no solo sacude la arquitectura de sus endebles viviendas, sino que remueve –en una horrenda escala que ningún Ritcher sabría medir– la memoria del aciago 15 de agosto del 2007. Basta un remezón para que el espantoso recuerdo de esa noche interminable se desplome otra vez sobre ellos, con el vértigo aplastante de una pared de adobe.
Hace cuatro años y medio esos peruanos vivieron un fin del mundo adelantado. Lo increíble es que, además de haber tenido que pasar por la desgarradora experiencia de enterrar por cientos a sus muertos, muchos aún padecen el desprecio de un Estado que enfrenta emergencias con burocracia y ayuda a sus pobres con dádivas, generando entre la población desatendida una secuela de bronca y desamparo tan parecida a la que sobreviene después de un terremoto grado nueve. Es inaceptable que 40 mil de esas familias aún vivan bajo la rusticidad de módulos de arena o madera (algunas ya acostumbradas al plástico caliente de las carpas, lejos del sueño legítimo de la vivienda subvencionada). Es un dato fatídico que dos hospitales inaugurados en el gobierno de AGP no funcionen, y casi una burla que la urgente reconstrucción que prometiera OH se haya limitado a la remoción de escombros.
Con tales omisiones, no solo tiembla el Sur, también la credibilidad del Estado, que hacia afuera proyecta madurez y garantías, mientras por adentro acumula deudas y despierta escepticismo.
