Argentina y Brasil roban mucha cámara, así que nadie le hace mucho caso a Uruguay, el vecino discreto. Y sin embargo, los uruguayos han sido siempre los más sensatos y vanguardistas del mundo hispano. Fueron los primeros en aprobar el voto femenino y la educación laica gratuita. Legislaron el divorcio setenta años antes que España. Y ahora van a legalizar la marihuana.
La medida tiene en parte un sentido económico. La marihuana mueve en ese país unos 75 millones de dólares al año que van a parar íntegramente a mafias. Tiene más sentido que reciban ese dinero los campesinos, para que cultiven legalmente y paguen impuestos. ¿Escandaloso? Pues también hay alcoholismo, y nadie pretende cerrar los viñedos franceses o las destilerías de whisky en Escocia. Al fin y al cabo, no todos los bebedores son alcohólicos. Y cuando se intentó prohibir la bebida en Estados Unidos, los efectos fueron tan desastrosos que hubo que volver a autorizarla.
Pero el objetivo principal de la legalización es mejorar la seguridad. Al igual que la Cosa Nostra en la América de los años treinta, los traficantes de drogas tienen dinero y armas, corrompen todo lo que tocan, y aglutinan a su alrededor todos los demás negocios ilegales. Basta echar un vistazo al rastro del tráfico en la región: una guerrilla endémica en Colombia, maras de adolescentes salvajes en Centroamérica, una guerra con cincuenta mil muertos en México.
El fracaso de la guerra contra las drogas es tan clamoroso que su legalización ni siquiera es ya una consigna de izquierda. Ex presidentes como el mexicano Vicente Fox, presidentes en activo como Juan Manuel Santos o el guatemalteco Otto Pérez Molina, intelectuales como Mario Vargas Llosa, ninguno de ellos sospechoso de hippismo melenudo, se han manifestado a favor de la despenalización. El argumento de todos ellos es puramente pragmático: no tiene sentido que mueran decenas de miles de personas porque otras decenas de miles se quieran ir de juerga. Sin duda, ese remedio es mucho peor que la enfermedad. Y la marihuana es el comienzo más lógico para explorar nuevas estrategias.
El gobierno uruguayo plantea crear un registro de consumidores con un límite de consumo legal. De hecho, un modelo parecido ya funciona en España, aunque por iniciativa privada y en voz bajita. En Cataluña hay asociaciones de fumadores que aprovechan cada rendija de la ley. Sus socios se inscriben con DNI y foto, y no pueden comprar más de 72 gramos al mes, el límite legal para consumidores. Como sembrar marihuana para el autoconsumo es legal, las asociaciones aglutinan el cultivo de sus socios y les proporcionan un entorno apacible donde fumar sin molestar. Así, los socios dejan de financiar a traficantes ilegales, y de paso, se ahorran redadas y arrestos.
Una de esas asociaciones ha ido más allá. En tiempo de crisis, ha propuesto pagarle al ayuntamiento de Rasquera 1,3 millones de euros y crear cuarenta puestos de trabajo si le permiten instalarse en ese municipio. El pueblo aprobó la iniciativa en un referéndum, pero el alcalde está esperando un consenso social más amplio. Mientras llega, en Barcelona ha abierto el museo más grande del mundo dedicado al tema. El museo cuenta la historia del cannabis, y entre otras cosas, defiende que Shakespeare fumaba porros y la Biblia recomendaba la marihuana (Bueno, esto no sé si creerlo, pero en todo caso, tiene gracia).
Lo que persiguen todas estas iniciativas no es promover la drogodependencia ni montar una gran fiesta. Su objetivo común es separar las drogas de las armas (que por cierto, son legalísimas en el mayor consumidor de drogas del mundo, EEUU). El consumo de drogas puede ser un problema grave, pero es el tipo de problema que trata la sanidad, no la Policía, y menos los ejércitos. La buena noticia es que, cuando los uruguayos aprueban algo, tarde o temprano, los sigue el resto del mundo.
