Por Martín Tanaka
El Congreso aprobó esta semana una reforma constitucional que permitirá a las provincias de Lima tener una circunscripción propia, que se sumará a las 25 existentes. Tiene sentido: ellas tienen un gobierno regional pero no representación en el Congreso, y es claro que sus ciudadanos no son representados propiamente por los elegidos en la circunscripción de Lima, dado el peso demográfico de la provincia de Lima. Crear un nuevo distrito electoral requería aumentar el tamaño del Congreso, para no restar representantes a los existentes y no distorsionar tanto el principio de la representación proporcional al tamaño de la población.
Si bien esta reforma merece ser respaldada, está todavía pendiente una reforma política más de fondo. Si no cambiamos las reglas de juego, el sistema político seguirá funcionando básicamente como hasta ahora. Hay recomendaciones de distinto tipo, y el presidente García ha propuesto la segunda vuelta en las elecciones regionales y un cambio en el calendario electoral que haga que una mitad del Congreso se elija junto con el presidente, y la otra mitad a la mitad del periodo de gobierno.
Hay otras propuestas, como la creación de distritos uninominales. Ya he comentado antes sobre la inconveniencia de estas reformas. La segunda vuelta estimulará la fragmentación; el cambio en el calendario electoral podría tener efectos negativos sobre la gobernabilidad del país, y además, nada asegura que nuevos congresistas actúen diferente a los que tenemos; finalmente, cuando se dice que las circunscripciones actuales son muy grandes, eso solo vale para el caso de Lima, y con distritos uninominales podemos acentuar el personalismo y la indisciplina en los partidos. ¿Qué hacer? Acaso sea iluso a estas alturas plantearse reformas integrales ambiciosas. ¿Cuál sería entonces una agenda mínima? Aquella que combata el problema central, que a mi juicio es la debilidad de los partidos, que llevan al Parlamento a personajes improvisados y oportunistas. Deberíamos apuntar a tener partidos que respondan a programas, y que sus representantes actúen en consecuencia con ellos.
Desde este ángulo, sería urgente: cambiar la ley de partidos, para establecer mecanismos de control respecto a la existencia de afiliados y comités partidarios, así como al uso de mecanismos democráticos para la elección de sus autoridades y candidatos; sanciones fuertes (pérdida de registro) por incumplimiento; y para propiciar la articulación entre partidos nacionales y movimientos regionales. Cambiar la ley electoral, eliminando el voto preferencial. Y cambiar el reglamento del Congreso, buscando el trabajo sobre la base de grupos parlamentarios y de una agenda legislativa aprobada y debatida públicamente. También limitar la inmunidad parlamentaria y fortalecer la Comisión de Ética, de modo que se pueda investigar y sancionar a quienes cometan delitos o incumplan con sus funciones.
