Recogiendo impresiones de muy diversos funcionarios del nuevo gobierno, se percibe que se hereda un Estado en el cual algunas áreas, básicamente asociadas al funcionamiento de la macroeconomía, funcionan como “islas de eficiencia”, pero aisladas del conjunto del aparato público. En el otro extremo, prácticamente todos los sectores vinculados a lo social, al trato directo con la población en general, resultan terribles: en Justicia, Interior, Educación, Salud, pueden contarse “historias de terror”, tal como lo hace Pedro Francke, al evaluar sus primeras semanas como Gerente General de ESSALUD.
Heredamos esta configuración estatal desde los años del fujimorismo, dado que nunca llegó a implementarse lo que se conoce como la “segunda generación” de reformas estructurales, donde la construcción de instituciones es central. Poco se avanzó con los gobiernos de Toledo y García, y la ineficiencia del Estado constituye uno de los más grandes obstáculos para el logro de las metas de inclusión social de este gobierno.
También ocurre que una gran cantidad de profesionales, cercanos a posiciones de izquierda, han estado fuera del poder político durante mucho tiempo, y hasta podría decirse que es la primera vez que llegan a posiciones ejecutivas, más allá de experiencias en municipios y gobiernos regionales, o pasos más bien breves y marginales en todos los gobiernos de los últimos veinte años, desde Fujimori hasta García.
Esto ayuda a entender las dificultades que tiene el nuevo elenco gubernamental para instalarse en sus nuevas posiciones. A la debilidad institucional y la falta de experiencia se suma el hecho de que estos límites se hacen más visibles por tratarse de un gobierno que se propone hacer cambios importantes, no solamente “administrar la crisis”.
En este marco, es inevitable que se presenten situaciones adversas, complicaciones, propias del funcionamiento de un Estado como el nuestro. Y aparecen, como es natural, críticas y cuestionamientos, similares a las que solían hacer muchos de los actuales funcionarios, antes opositores. Se descubre, naturalmente, que es más fácil criticar, y que es extremadamente difícil implementar, y que no todo se resuelve con voluntad política. Dentro de la coalición gubernamental se asume el discurso de la importancia de la promoción a la inversión para poder aumentar el gasto social; y se asume que no todos los reclamos sociales son consecuencia de situaciones de injusticia, sino también resultado de cálculos y consideraciones políticas.
Este es el tipo de aprendizaje que a la larga hace que la dinámica de competencia política sea centrípeta y no centrífuga, que no prime la polarización, que la toma de decisiones se base en evidencias, no en prenociones, prejuicios o visiones puramente ideológicas; en fin, que se consolide una dinámica democrática. Esperemos que estos aprendizajes continúen tanto en el gobierno como en la oposición.
