Por Martín Tanaka
En los EEUU se debate sobre qué hacer para manejar su gigantesco déficit fiscal: ¿se debe reducir drásticamente el gasto público y la intervención estatal para que el sector privado lidere la recuperación económica? Pero ¿este camino no creará recesión, así como tensiones sociales imposibles de manejar? Por el contrario, otros plantean que los recortes deben ser graduales y muy selectivos y que la respuesta pasa principalmente por aumentar los impuestos a los más ricos. Pero este camino ¿no pospone enfrentar el problema del déficit, desalienta la inversión y nos lleva a la recesión?
Como es obvio, las respuestas no son fáciles. Por otro lado, si miramos a Europa, encontramos que Francia, Italia, España, también debaten la necesidad de “ajustar” sus programas de bienestar y seguridad social: ¿es una medida difícil, pero indispensable, o una medida política y socialmente inviable que además encubre el mantenimiento de los privilegios de una minoría? En todo caso, la experiencia de Grecia sugiere que no se puede seguir postergando las definiciones.
La ausencia de respuestas claras, en un contexto marcado por la falta de empleos de calidad, por el deterioro de la calidad educativa, por la percepción de estancamiento, genera diversas reacciones: algunos culpan a la élite política y se expresan a través de movilizaciones y plantones de “indignados”. Otros culpan a los extranjeros y a los “diferentes”, lo que da lugar al brote del nacionalismo, de la xenofobia y estallidos de violencia. Otros no saben a quién culpar, por lo que caen eventualmente en conductas vandálicas y delincuenciales. Lo que hemos visto en Israel, Noruega, Inglaterra en los últimos días podría pensarse desde estas coordenadas.
Todo esto tiene implicancias directas sobre nuestro país. Una cosa es plantear regalías o impuesto a sobreganancias a la minería, así como un aumento importante en la inversión social en un contexto de crecimiento, y otra hacerlo en un contexto con amenazas de recesión. No existirá una bonanza fiscal que permita políticas sociales ambiciosas en el corto plazo. Con todo, considero que existe un margen para marcar diferencias importantes en el plano social, cuando menos a través de programas de combate a la pobreza extrema, bajo esquemas de transferencias condicionadas de dinero.
Considérese que en Perú, Juntos alcanza a un 17% de la población pobre, mientras que Plan Familias en Argentina llega al 27%, Chile Solidario al 47%, Familias en Acción de Colombia al 39%, Oportunidades en México al 72%, Bolsa Familia en Brasil al 84% y el Bono de Desarrollo Humano de Ecuador al 100%, según datos de 2008.
El problema es que estos programas por sí solos no garantizan la superación del problema de la pobreza. Para ello es imprescindible que sectores como educación, agricultura y otros sean parte en serio de estrategias integrales de desarrollo, especialmente en zonas rurales.
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