Por Martín Tanaka
La organización social en la amazonía, como en todo el país, ha estado marcada en los últimos años por su localismo, fragmentación. Podría decirse que el amplio movimiento de protesta en toda la amazonía es consecuencia de la acción del gobierno: la aprobación inconsulta de los DL creó la percepción de que estaban en riesgo los medios de vida de la población indígena, activó la memoria de agravios históricos y sentimientos regionales de exclusión y distancia frente al Estado, sentó las bases de un conflicto en el que estaba en juego la identidad y la dignidad amazónica en general. Creó además una demanda común (la derogatoria) y un solo adversario, el gobierno central, que debía satisfacerla. AIDESEP terminó canalizando circunstancialmente esas demandas, en tanto era el gremio mejor posicionado para liderar las demandas de grupos muy heterogéneos.
La demanda de la derogatoria de los decretos es también creación del Estado. Desde las protestas de setiembre del año pasado y hasta hace muy poco dio señales de que derogaría los decretos cuestionados (como el 1090, declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución apenas el 20 de mayo pasado). Es solo en las últimas semanas que el gobierno asumió la postura de defender la constitucionalidad de los decretos, y proponer una revisión integral de los mismos en la PCM.
Muy tarde: creó la imagen de haber estado “meciendo” a los indígenas. Todo esto llevó a la radicalización de las protestas. La violencia suscitada como consecuencia del intento de despeje de la carretera Fernando Belaunde es también creación del Estado; muchos dirigentes sociales en la zona son reservistas, ex ronderos y miembros de grupos de autodefensa, ex soldados combatientes del Cenepa. La existencia de esas capacidades de movilización explica que la resistencia a la acción policial haya sido tan feroz.
El mal manejo del gobierno de toda esta situación ayuda a entender la facilidad con que se propagan discursos extremistas, con que se encumbran liderazgos irresponsables, con que se toman por ciertas informaciones falsas (como las que hablan de una matanza de decenas y hasta de cientos de indígenas), todo lo cual terminó en el brutal asesinato de policías. Quienes simpatizan (simpatizamos) con las demandas de la población indígena debemos ser los primeros en decir claramente que ninguna protesta, por más justa que sea, que enfrente a un gobierno democrático, por más equivocado que esté, justifica el asesinato de policías inermes.
Lo peor de todo es que aún hoy la respuesta del gobierno sigue creando las condiciones para más protestas y más violencia. La persecución de dirigentes indígenas, hablar de manipulación, ignorancia, desinformación y presencia de intereses foráneos no hacen sino aumentar la indignación y molestia en la amazonía. El propio Presidente de la República ha tenido declaraciones francamente irresponsables. Se debe abrir un camino de distensión, prudencia, diálogo, como el que está promoviendo la Defensoría del Pueblo.
