El balance del proyecto Conga deja como saldo una población local que desconfía del gobierno (ya sea por percibirlo unos como “prominero” y otros como débil y presionable por minorías activas), que ha dejado entrever serias contradicciones internas que han debilitado al sector “socialdemócrata” (en el que renunciar, “patear el tablero” o “ponerse de costado” ayuda muy poco); ha revelado que Yanacocha no manejó bien las reacciones sociales y políticas que despertaría el proyecto, pese a todos sus antecedentes; ha fortalecido grupos que privilegian estrategias confrontacionales; y ha polarizado el ambiente político.
La suspensión del proyecto Conga puede verse de diversas maneras: Yanacocha quiere presentarlo como muestra de la buena voluntad de una empresa socialmente responsable; el gobierno como el triunfo de una negociación que le arrancó una concesión importante a la empresa minera; y la oposición en Cajamarca como el triunfo de una posición ambientalista y regionalista que doblegó a una supuesta alianza gubernamental-empresarial. El conflicto continúa porque cada quien quiere que su imagen prevalezca.
En realidad, todo depende de qué pase en las semanas y meses siguientes. En este marco, ¿qué debería hacer el gobierno? Primero, tener claro el diagnóstico: es esencial entender que el proyecto Conga, y cualquier otro gran proyecto minero, tiene que pensar no solamente en remediar y compensar los efectos de su actuación, sino en buscar la manera de hacer a las comunidades y regiones en las que opera socias y copartícipes directas de los beneficios que genera; que la opinión pública cajamarquina tiene una clara postura contraria a la manera en que se conduce hasta el momento la actividad minera, por una mezcla de agravios pasados acumulados y de demandas regionalistas; y que los intereses políticos locales siguen a esa marea de opinión, antes que crearla (esto no quita que haya otras posiciones, pero no llegan a expresarse en el espacio público local). Finalmente, la desconfianza en la actuación del Estado es totalmente justificada: por mencionar algo muy simple, en este momento en el Perú nadie hace fiscalización efectiva del cumplimiento de compromisos ambientales. Y esto no lo dice un ultraantiminero, sino Alfredo Dammert, presidente de Osinergmin.
La salida para el gobierno es partir de un estudio serio y creíble que evalúe de manera más amplia y exigente el impacto ambiental del proyecto; que plantee una propuesta de desarrollo atractiva para los distritos y provincias afectados por el mismo, y para la región en general, en donde las autoridades políticas tengan un papel importante que desempeñar. Y que haga del caso Conga un ejemplo emblemático del nuevo tipo de relación que plantea entre minería, Estado y comunidades, incluyendo modificaciones legales y normativas. De lo que se trata es de poner una propuesta concreta sobre la mesa, no de “facilitar el diálogo”.
