Hipótesis sobre la corrupción (2)

Por Martín Tanaka

Continúo con reflexiones iniciadas hace dos semanas. Empiezo con un comentario sobre las últimas “revelaciones”, que siento que no cambian el panorama en lo sustancial: sigue sorprendiéndome cómo nos dejamos imponer la agenda de mafias privadas que sueltan videos y audios según su conveniencia, cómo los medios explotan entusiastamente las “primicias” que les llegan, al margen de su contenido y consistencia, cómo las primeras impresiones refuerzan puntos de vista establecidos a priori (si perjudica a quien no me simpatiza, es cierta; si perjudica a quien me simpatiza, es una farsa, producto de un complot político), dejándose de lado la tarea más complicada de verificar todo lo que se dice. La política se judicializa cada vez más, pero como no confiamos en las instituciones, las cosas se deciden en el tribunal de los medios. Y como los actores políticos buscan legitimarse en medio de los escándalos, siguen a las mareas de la opinión pública, y esa es la verdadera razón por la cual estos escándalos pueden crear graves crisis políticas.

Pero esta semana quiero analizar cuál sería la solución a todo esto. En las últimas semanas han aparecido contribuciones que vale la pena reseñar, que claramente siguen líneas ideológicas. De un lado, Alfredo Bullard ubica el origen de la corrupción en derechos de propiedad mal definidos, y propone la reducción del Estado y la privatización como receta. No muy lejos, Jaime de Althaus asocia la corrupción con el patrimonialismo y el clientelismo, y el antídoto es el mercado, la libre competencia.

En el otro extremo, para Humberto Campodónico, Alberto Adrianzén y Nicolás Lynch la corrupción sería consecuencia de la complicidad entre grandes intereses privados y el Estado promovida por el modelo económico neoliberal. Lynch y Carlos Iván Degregori suman a éste el efecto que ha tenido sobre las conductas; habría un sentido común individualista, un desapego de lo público que hace a la gente más proclive a ignorar las normas. La receta implicaría un cambio de modelo económico, el fortalecimiento del Estado, la promoción valores solidarios.

¿Son excluyentes estas interpretaciones y recetas? Lo son desde el punto de vista ideológico, pero tal vez no en términos prácticos. Para empezar, la preocupación por la “captura del Estado” y el “capitalismo de amigotes” es compartida por liberales y socialistas; segundo, es posible pensar, simultáneamente, en limitar las oportunidades de corrupción, restringiendo la intervención estatal, y en fortalecer los organismos de control y sanción, así como mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y participación. Varios actores políticos han propuesto la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la elevación de penas y eliminación de beneficios penitenciarios, lo que merece discutirse. En torno a estos parámetros podría crearse un amplio consenso ciudadano. ¿Qué dicen los candidatos respecto a esto?