Interpretaciones sobre Bagua

Por Martín Tanaka



Hay una interpretación bastante extendida de los trágicos sucesos del 5 de junio, que podríamos llamar “integrista”. Según ella, Alan García tendría una propensión autoritaria irrefrenable y una ideología neoliberal extrema (expresada en los artículos del “Perro del hortelano”); esa visión se habría plasmado en los 99 DL que buscaban facilitar la implementación del TLC. Uno de los pilares de este proyecto sería la realización de grandes proyectos de inversión en la amazonía, que implicarían avasallar a la población indígena, y que el gobierno habría decidido imponerlos “sí o sí”. De allí que no haya habido consulta ni voluntad de diálogo por parte del gobierno, sino meras “mecidas” que encubrían un intento de desgaste y debilitamiento de la protesta. Así, los sucesos del 5 de junio serían resultado de una celada: mientras en el Congreso el APRA impedía la discusión de la derogatoria de los decretos, en Bagua se preparaba un despeje de la carretera Fernando Belaunde a sangre y fuego, que generó una masacre de indígenas, luego cuidadosamente encubierta.



Si uno mira las cosas así, el camino del diálogo es prácticamente imposible; solo cabría un recorte del mandato de un gobierno carente de legitimidad. Sin embargo, este recuento, que tiene elementos de verdad, falla porque cada pieza del razonamiento es debatible, y su concatenación lógica no es necesaria. De lo que no cabe duda es de la orientación política y de la mirada prejuiciosa del Presidente. Pero mi impresión es que los decretos reflejan más que un proyecto cuidadosamente elaborado, un proceso de redacción apresurado sobre un espectro muy amplio de temas, en el que muy distintos actores introdujeron elementos no siempre congruentes, donde se colaron también intereses de lobbies con intereses en la amazonía.



De allí que muchos expertos consultados digan que, si bien no encuentran en el fondo nada malo en los decretos, sí existen vacíos y ambigüedades que pueden ser perjudiciales. La “mecida” en las negociaciones respondería más a la indecisión y falta de liderazgo en el Ejecutivo (de allí que la respuesta sea retroceder ante la presión); finalmente, en el operativo de desalojo resalta la improvisación y una cadena de errores fatales, no una acción premeditada. No es claro cómo se iniciaron las hostilidades, pero sí lo es que ni a nativos desarmados ni a policías mal preparados les convenían los balazos y el descontrol de la situación. Los dos se sienten víctimas, con justa razón. Víctimas de la incompetencia, de la irresponsabilidad, de la subestimación de los reclamos indígenas.



La cuestión es que la visión integrista, aunque inexacta, es creíble. Creíble a la luz de la historia previa, mediata e inmediata; de la conducta de las autoridades, de las declaraciones provocadoras e irrespetuosas que vienen del poder. Para hacer posible un diálogo, se impone la derogatoria de los decretos cuestionados, una investigación muy a fondo sobre las múltiples denuncias de personas desaparecidas, y un recambio ministerial.