–Cada una tiene una lógica particular y local; en Madre de Dios, la protesta es de mineros informales contra el cumplimiento de la ley; en Ancash se reclama por incumplimiento de compromisos asumidos y por mayor acceso a los beneficios de la minería; en Chincheros y Andahuaylas no se quiere minería, hay fuerte tradición de organización campesina muy politizada; en Cajamarca, los directamente afectados por el proyecto Conga parecen apoyar el proyecto, pero lo cuestionan otros actores, que hacen política apelando a los problemas de credibilidad de Yanacocha.
–Evidentemente, este gobierno no es igual al anterior: tiene otro proyecto, no tiene una retórica proinversión agresiva, ni una descalificación de quienes protestan, ni responde instintivamente de manera represiva. Sin embargo, enfrenta las mismas protestas, y puede terminar exactamente igual: concediendo después de enfrentar los altos costos de reprimir protestas masivas.
–Humala encabeza el mismo Estado que García, y arrastra sus mismas limitaciones: no existe una institucionalidad capaz de actuar preventivamente para evitar el estallido de los conflictos, nos seguimos moviendo bajo un mismo marco normativo permisivo y percibido como favorable a las empresas; es más, tenemos un partido de gobierno sin capacidad de hacer política y de actuar en las zonas de conflicto.
–Las soluciones de fondo exigen crear una institucionalidad encargada del monitoreo de la conflictividad de naturaleza intersectorial y que articule niveles de gobierno, que actúe con una lógica de prevención; una nueva normatividad minera y ambiental, que eleve los estándares en cuanto a la participación y consulta a la población, y que haga creíble el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y la fiscalización en torno a su cumplimiento; que articule las iniciativas de desarrollo que promueven las empresas y las autoridades locales y regionales a planes de desarrollo concertados que incluyan el ordenamiento territorial; que asigne los recursos públicos que genera la actividad minera privilegiando los objetivos de inclusión social; y que fortalezca y articule a los actores sociales y políticos involucrados.
–Pero, obviamente, estas soluciones requieren tiempo, y eso es precisamente lo que no tiene el gobierno. Lo peor que puede hacer este es reproducir la lógica del gobierno anterior: responder burocráticamente llevará a la parálisis y a la pérdida de credibilidad tanto ante los empresarios como ante los activistas de base. Es necesario dar señales claras de cuál es la política del gobierno con ejemplos emblemáticos de aplicación inmediata: esto implica definir cuáles proyectos se promocionarán y cuáles no y por qué razones, y con qué garantías de que a partir de ahora la historia de relación entre Estado, empresas y comunidades será diferente. Y lanzarse a hacer política, convencer a todos para hacer viable esa propuesta.
