En 2009, un equipo de colegas (José de Echave, Alejandro Diez, Ludwig Huber, Bruno Revesz, Xavier Ricardo y yo) publicamos un libro, Minería y conflicto social (Lima, Instituto de Estudios Peruanos). Allí estudiamos el caso Tintaya, y concluíamos diciendo que “se trata de la experiencia más ‘exitosa’ de todas las estudiadas, en tanto se basa en la constitución de espacios de concertación entre empresa, Estado, comunidades y representantes de la sociedad civil. Sin embargo, dada la debilidad institucional del Estado, y dada la fragmentación y multiplicidad de intereses sociales que se perciben afectados por la actividad minera (o que pretenden ser parte de sus beneficiarios), la amenaza de estallidos de protesta está siempre latente. En otras palabras, si bien la conflictividad estructural persiste, los espacios de concertación permiten que ella se canalice, por el momento, por medios institucionalizados y pacíficos” (p. 385).
Si estudiamos el caso es porque en torno a esa explotación minera se habían registrado conflictos en 1990, 2001, 2003 y 2005, que alcanzaron altos niveles de violencia, y porque ellos dieron lugar a soluciones negociadas, en las que destaca la constitución de un fondo en el cual Tintaya aporta el 3% de sus utilidades, aparte de cumplir con sus obligaciones tributarias regulares, intentando de esta manera hacer a las comunidades “socias” de la empresa. Estas prácticas han hecho que Tintaya sea visto internacionalmente como un ejemplo en cuanto a prácticas de responsabilidad social corporativa.
Creo que los sucesos recientes deberían analizarse considerando que prácticas de responsabilidad social como las descritas son una excelente iniciativa, pero que, considerando la precariedad y falta de legitimidad de las instituciones del Estado, son apenas una pieza de un rompecabezas muy complejo. Segundo, existe en Espinar un problema de contaminación de las aguas que, como es obvio, preocupa mucho a una población que depende de ella para sus actividades agrícolas. Resulta fácil, aunque apresurado, atribuir a la minería la responsabilidad de ello, y es lo que han hecho algunos dirigentes; algunos como parte de una estrategia que busca renegociar desde mejores posiciones un nuevo convenio con la empresa, pero otros como parte de una estrategia que busca hacer política levantando un modelo de desarrollo no minero, que son los que impulsan las jornadas de protesta actuales en Cajamarca y otras regiones. El problema con esto es que, pasado cierto punto, la dinámica de la protesta se vuelve incontrolable, y la terminan encabezando los sectores más confrontacionales e intransigentes.
El camino de salida en Espinar está trazado: retomar el diálogo, renegociar el convenio con la empresa minera, investigar las razones de la contaminación de las aguas y solucionar el problema. Donde las cosas se ven más complicadas es en Cajamarca: allí estamos en un momento de pura confrontación y de demostraciones de fuerza, y todavía no hay condiciones para una negociación.
