Por Martín Tanaka
Vivimos las últimas dos semanas del gobierno de Alan García, y los balances de su gestión hechos en los últimos años mantienen vigencia. En general, podría decirse que no cumplió con el gran desafío que plantearon las elecciones del 2006: combatir la exclusión social, distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico, al punto que cinco años después la agenda sigue siendo la misma, así como la votación en primera vuelta que obtuvo su rival de entonces, hoy presidente electo.
García quedó enfeudado a los intereses conservadores que le permitieron ganar en segunda vuelta, y dedicó sus esfuerzos a borrar el recuerdo de su primer gobierno “velasquista”, lo que incluyó prácticamente renunciar a cualquier intento de política redistributiva, o de movilización popular, para dejar que la gran inversión y el mercado por sí solos generaran bienestar, y al punto que la población movilizada fuera caracterizada como “perros del hortelano”.
Esto explica el que García haya sido un presidente con tan bajos niveles de aprobación ciudadana en una A. Latina en la que, por el contrario, las aprobaciones han sido altas, dado el contexto de crecimiento económico de toda la región. Según la encuesta Mitofsky de octubre del 2010, García aparece como el peor presidente en el mes 51 de su gobierno, junto a Fernando Lugo, en su mes 25. El crecimiento permitió contar con recursos fiscales que permitieron políticas sociales de gran impacto político; entre ellas considérense por ejemplo las diversas políticas de transferencias condicionadas de dinero para el combate a la pobreza, implementadas nada menos que en 18 países.
En el Perú existe el programa Juntos, pero este no ha tenido ni el tamaño ni la importancia política que han tenido programas similares en países vecinos, al punto que ha sido Ollanta Humala quien ha propuesto este tipo de programas (Pensión 65, Beca 18 y otros), aprovechando la falta de iniciativa del gobierno. Es la desconcertante desatención de lo social por parte del gobierno lo que explica los niveles de aprobación a la gestión del presidente, no el que seamos un país “exigente, revoltoso, quejoso” como señala este en la entrevista publicada el viernes pasado en El Comercio.
El presidente entendió la política social básicamente como la ejecución de obras públicas (electrificación, construcción de colegios y caminos), y en eso comparte la misma visión de gobierno del ex alcalde Castañeda. Lo que el país requiere ahora, junto con las obras, es políticas de reconocimiento, como sostenía Carlos Iván Degregori: “la percepción de no ser reconocidos como personas y ciudadanos iguales ante la ley, pero también en la vida cotidiana, aunque sean rurales, serranos y ‘motosos’, es una tara (...) que arrastramos las élites peruanas desde tiempos inmemoriales”. Combatir esas taras es una de las tareas fundamentales del nuevo gobierno.
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