Seguridad ciudadana

Por Martín Tanaka

En nuestro país la movilización social suele asumir la forma de acciones de protesta como consecuencia de la percepción de que grandes proyectos de inversión, en expansión en los últimos años, amenazan la continuidad de formas de vida tradicionales, y tienen cómo ámbito principal zonas rurales, capitales de provincia. Si uno mira A. Latina, la conflictividad peruana se asemeja a la boliviana o ecuatoriana, en donde la expansión de actividades extractivas o la construcción de grandes proyectos de energía o infraestructura en territorios con presencia de población indígena constituyen lo más resaltante de la conflictividad social.

En A. Latina, sin embargo, hay otros motivos para la movilización y la protesta. En México, en mayo de este año hubo manifestaciones multitudinarias en unas veinte ciudades de ese país, como protesta frente a la ola de asesinatos que se producen en el contexto del enfrentamiento del gobierno del presidente Calderón contra el narcotráfico. En agosto de 2008 ya había habido una manifestación similar en la ciudad de México, y también en 2004. En febrero de 2008, en Colombia, hubo también enormes movilizaciones de rechazo a las FARC y su política de secuestros.

Podría pensarse que estas manifestaciones son muy particulares y propias de estos dos países, marcados uno por el poder del narcotráfico y el segundo por la persistencia de la guerrilla. No obstante, en Argentina, en abril de 2004, después del secuestro y asesinato de su hijo, Juan Carlos Blumberg logró convocar a miles de personas en Buenos Aires en acciones de protesta. Todas estas marchas tuvieron una composición más urbana, de clase media, asociadas al rechazo a la violencia y la inseguridad.

En A. Latina, según en Latinobarómetro de 2010, la delincuencia ha desplazado al desempleo como el principal problema de nuestros países. Si bien en esa encuesta el Perú aparece todavía priorizando el desempleo, la encuesta de Ipsos/Apoyo de julio de este año señala que los encuestados mencionan a la delincuencia y la inseguridad como el problema más urgente en el que debe enfocar su atención el nuevo gobierno, seguido por la corrupción.

Si consideramos los casos de Romina Cornejo o Ariana Reggiardo, apenas una pequeña muestra de la gravedad de la situación de inseguridad que padecemos, está claro que hay bases para que este tipo de movilizaciones también puedan darse en nuestro país. El gobierno actual ha respondido rápidamente a los reclamos ciudadanos renovando la dinámica del Consejo de Seguridad Ciudadana, encabezado por el propio presidente Humala. Sin embargo, el Consejo aún genera dudas en cuanto a su funcionamiento y eficacia, y el Ministerio del Interior sigue siendo percibido como uno de los puntos flacos del gobierno. El Consejo está “obligado” a mostrar resultados, porque su descrédito podría afectar seriamente a todas nuestras más altas autoridades.