Por Martín Tanaka
En el Latinobarómetro del 2008, ante la pregunta “¿diría ud. que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?”, Perú resulta el país más convencido en toda la región (junto a República Dominicana) de que se gobierna a favor de los poderosos. En las últimas semanas el Estado va dando señales que explican el porqué de estas percepciones.
Fallos recientes de la Sala Penal Nacional que ve casos de violaciones a los DDHH deben ser vistos con preocupación. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se está estableciendo cierta jurisprudencia que impone criterios probatorios inalcanzables, que prácticamente garantizarían la impunidad de jefes militares y oficiales de alta graduación involucrados en la comisión de graves violaciones a los DDHH. Está también la postergación por el gobierno de la implementación del programa de reparaciones económicas individuales a las víctimas del conflicto armado interno. Teodora Pariona y Delfina Chávez, integrantes de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados y Desaparecidos del Perú, fallecieron recientemente sin llegar a recibir reparación.
La imagen que queda es que en el Perú es muy difícil que se haga justicia, y que en ocasiones es en el extranjero donde se halla más receptividad a estas demandas. Recientemente, una jueza en Londres ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Monterico Metals, para salvaguardar el pago de una reparación civil a favor de 31 ciudadanos peruanos secuestrados y torturados (hay un posible asesinato también) por la policía y agentes de la empresa Forza en el contexto de una protesta en contra de la minera Majaz, en julio del 2005. En junio del 2008 se presentó una denuncia penal, pero hasta ahora no hay avances significativos.
Finalmente, acaba de ser publicado el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre los sucesos de Bagua de junio de este año. En sus conclusiones señalan que “es prácticamente imposible determinar si han desaparecido otras personas (...) La misión reconoce que en el clima de miedo que se generó en la región, y la criminalización de los líderes y activistas del movimiento indígena, es posible que la gente no quiera presentar este tipo de denuncias (...) Lo único que se sabe con seguridad hasta la fecha es que al menos 33 personas resultaron muertas y otras 200 heridas”. En este marco, es una pésima señal que la procuraduría pública del Ministerio de Justicia haya solicitado la disolución de Aidesep. No es de extrañar que haya dudas respecto a los resultados de las mesas de diálogo de Bagua y de la Comisión investigadora de estos sucesos en el Congreso.
Las autoridades deben ser capaces de demostrar en los hechos que actúan por “el bien de todo el pueblo”. Después no nos sorprendamos ante las percepciones y actitudes políticas de la gente.
