La persistente paradoja de la coexistencia entre crecimiento económico y malestar y protesta social tiene su contraparte en el hecho de que, en los últimos años, el Estado ha profesionalizado la gestión de las áreas clave de manejo macroeconómico con funcionarios, “tecnócratas” altamente especializados y eficaces, mientras que otras áreas (las vinculadas a los servicios que recibe la población por parte del Estado) han caído en el abandono, quedando como espacio de manejo político siguiendo lógicas que en la ciencia política llamamos de patronazgo (pago de favores políticos con puestos en la administración pública). Así, el MEF o el BCR funcionan muy bien y tienen mucho prestigio, mientras que la justicia, la seguridad ciudadana, la salud o la educación funcionan muy mal.
Con el gobierno actual, la apuesta política parece pasar por extender la lógica de la profesionalización y la “tecnocratización” de la esfera macroeconómica a la social: los nombramienos de las ministras de Educación y de Desarrollo e Inclusión Social se legitiman en el hecho de que ambas son expertas y conocedoras profundas de las realidades de sus sectores, lo que está por supuesto muy bien.
Sin embargo, los profesionales, técnicos, expertos carecen frecuentemente de capacidades políticas. No solamente en cuanto a ser sensibles frente al “manejo político” de sus sectores, sino también en cuanto a carecer de una estructura política que ejecute, implemente, negocie, haga viable las iniciativas que se presentan. En los últimos días, con las protestas en Cajamarca y otros lugares, ha habido desde varios sectores el reclamo de la necesidad de “hacer política”: movilizar operadores políticos que debatan, difundan, convenzan, negocien, pacten, que hagan realidad a nivel local las grandes políticas gubernamentales.
Cuando se analizaban las protestas sociales durante el gobierno de Toledo comentábamos que Perú Posible no era un partido, que no contaba con militantes de base, y que eso explicaba sus problemas de manejo. Con el gobierno de García se esperaba que el APRA pudiera mostrar un mejor desempeño, pero la mejora fue muy marginal. Por ello, la respuesta frente a las protestas fue reactiva, no preventiva, y de naturaleza burocrática, no política. La negociación descansaba en funcionarios limitados por sus sectores, y no se dieron negociaciones políticas en un sentido amplio.
¿Está condenado el gobierno de Ollanta Humala a repetir este patrón? Ciertamente el Partido Nacionalista muestra carencias iguales o mayores que el APRA y Perú Posible. Sin embargo, este gobierno ha logrado articular a un gran número de viejos militantes de izquierda, con estrechos vínculos y relaciones con el mundo sindical, gremial, organizativo que ahora pone en jaque al gobierno, pero no parecen mostrar mayor iniciativa: ¿es por que no quieren, no pueden, o no los dejan actuar?
