Por Fernando Rospigliosi

El presidente Alan García y el alcalde Luis Castañeda han interrumpido en estos días un largo romance, jugando a descolocarse y a dejar sin silla a algunos de sus amigos y aliados.

El caso más clamoroso ha sido sin duda el del ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz, un político experimentado que cayó en una de las trampas que suele tenderles García a sus allegados.

El presidente lo lanzó al ruedo con la peligrosa idea de la venta de los terrenos aledaños al Pentagonito. Y Flores-Aráoz se jugó entero, con la agresividad que acostumbra utilizar en sus polémicas.

Ántero mal situado

Como era de suponerse, los militares defendieron fieramente el simbólico Cuartel General. Pero además, la inesperada movilización de los vecinos de San Borja puso a los partidarios de la venta contra las cuerdas.

El premier Yehude Simon, con el sentido de la oportunidad que lo caracteriza, quitó el cuerpo de inmediato.

El puntillazo lo asestó García, sosteniendo que nunca se pensó negociar lo que él había querido rematar días antes. El asunto es que el incidente ha magullado las aspiraciones electorales de Flores-Aráoz.

Resulta sorprendente que a pesar de la cantidad de veces que García ha dejado en off side a sus ministros y partidarios, políticos curtidos como Flores-Aráoz caigan en la trampa.

Hablo el mudo

Las obras en la Costa Verde fueron el escenario de una colisión entre García y el alcalde Luis Castañeda, a quien muchos consideran el preferido del presidente para el 2011.

El incidente volvió a mostrar el talante de García pero, además, el sinuoso comportamiento de Castañeda. El alcalde de Lima apareció en escena luego de que Salvador Heresi y Francis Allison, de San Miguel y Magdalena, inauguraron tres kilómetros de carretera en la Costa Verde, obra que no contó con el apoyo del municipio de Lima ni de la Autoridad de la Costa Verde, que preside Castañeda.

Heresi y Allison, junto con otros dos alcaldes, acudieron el sábado 13, a una reunión con García, que les prometió apoyo del gobierno para el proyecto Playa para Todos.

El hortelano

Eso motivó las iras de Castañeda, que durante los seis años que preside la Autoridad de la Costa Verde no ha mostrado interés en la zona. Peor aún, no dijo nada cuando el anterior alcalde de Barranco entregó las playas de su distrito para construir restaurantes.

Además, Castañeda aprobó el año pasado una ordenanza para construir edificios en los acantilados, decisión que ahora –con buen criterio– ha rectificado.

En síntesis, Castañeda no se desveló por la Costa Verde hasta que dos alcaldes distritales empezaron a realizar las obras de las que él no se ocupó. Y ahora pretende impedir, cual perro del hortelano, que se continúe el desarrollo de esa zona.
García está tanteando a Castañeda, probando cuán respondón es. Pero es poco probable que deje de considerarlo su principal carta para el 2011.

Castañeda sobrepone sus intereses electorales a otras consideraciones. Para él la Costa Verde u otros temas no tienen importancia en sí mismos. El alcalde se interesa o deja de interesarse en el asunto sólo si ve un peligro a sus aspiraciones. Asume una postura u otra en función de cómo sople el viento.

Y hasta ahora, eso le ha dado muy buenos resultados. Habrá que ver si le dura hasta el 2011.

Bocón

l premier Yehude Simon no tiene ningún cuidado con lo que dice. El viernes declaró que el Estado peruano tiene que pagarle más de ocho millones de dólares al delincuente venezolano José Guevara. Una barbaridad.

El gobierno del presidente Valentín Paniagua ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares para quien diera información veraz que llevara directamente a la captura de Vladimiro Montesinos.

Guevara era uno de los que ocultaban a Montesinos en Venezuela. Y a la vez lo extorsionaba, exigiéndole crecientes sumas de dinero. Cuando a Montesinos se le acabó el efectivo, envió a Guevara a Miami con unos certificados para canjearlos por dinero. Pero allí lo atrapó el FBI y lo hizo hablar.

Poco después los cómplices de Guevara al parecer se asustaron y decidieron entregar a Montesinos. Y lo hicieron, pero no a la embajada peruana en Caracas, sino a las fuerzas de seguridad venezolanas, que a su vez lo condujeron a la embajada, en junio de 2001.

En suma, oficialmente, quien entregó a Montesinos fueron las fuerzas de seguridad venezolanas. El Estado peruano no tiene por qué pagarle nada a Guevara.

Guevara denunció al Estado peruano en Miami, exigiendo los cinco millones, que ahora dice han crecido a más de ocho por intereses y gastos. Es una demanda absurda y sin fundamento. El problema es que en algún momento, en el 2006, el Estado peruano dejó de pagar a sus abogados en Miami. Estos dejaron de asistir a las audiencias. El resultado es que se perdió en primera instancia.

Ahora con nuevos abogados, se apelará la sentencia. Hay mucho trecho por recorrer todavía. Pero Simon, con sus imprudentes declaraciones, ha dado municiones a los abogados de Guevara, que probablemente las utilizarán en el juicio.