Por Ángel Páez

El 28 de enero del 2008, el presidente Alan García,  en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, anunció que la Dirección Antidrogas investigaría por lavado de activos a la familia Sánchez Paredes. La noticia se difundió luego de que numerosas publicaciones periodísticas durante meses dieron cuenta de las presuntas vinculaciones de la familia Sánchez Paredes con el narcotráfico.

Con el pronunciamiento de García, además, se coronaba el enorme esfuerzo desplegado por la compañía canadiense Sulliden –que mantenía un amargo litigio con el clan liberteño por la propiedad de varias concesiones de oro y plata– para que las autoridades escrutaran a los Sánchez Paredes, a los que atribuía supuestas actividades ilegales. Incluso la minera movilizó a funcionarios de la embajada canadiense y estadounidense para que intercedan ante el Ejecutivo ante el eventual triunfo judicial de la familia. Parecía una causa justa.

De la noche a la mañana, sin embargo, Sulliden, la empresa que contagió a todo el mundo con su lucha, anunció desde Toronto que había arreglado en excelentes términos el conflicto judicial de más de siete años con los Sánchez Paredes. Por supuesto que la decisión causó perplejidad, molestia y frustración. Ahora el clan liberteño, que bombardea con acciones judiciales a los agentes antidrogas que investigan sus libros contables, respira con alivio porque sus enconados enemigos acabaron pactando. Sulliden les lavó la cara. Lo peor es que casi nadie ha dicho nada.