Por Roberto Ochoa B.

Calificar de “informales” a ciertos yacimientos mineros es la mejor coartada con la que se trata de justificar el terrible impacto ambiental  provocado por la actividad minera en todo el Perú.

Sucede con la catástrofe ambiental provocada por la extracción de oro fluvial en Madre De Dios. El gobierno y sus cómplices califican de “informales” a la explotación de los yacimientos de Huepetuhe, Guacamayo y Delta 1, pese a que cuentan con permisos emitidos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Ni qué decir del apoyo que reciben del propio gobierno regional de Madre de Dios y de los municipios locales. Estos detalles le quita cualquier categoría de informalidad.

Algo similar sucede en Winchumayo, Puno, donde hace poco un alud sepultó a veinte trabajadores. El Ejecutivo y sus voceros repitieron aquello de la “minería informal”, cuando el yacimiento tiene la bendición del MEM, y el amparo de un congresista aprista que también es su propietario.

Y la cosa se repite en Tambogrande y en los yacimientos de La Libertad, Cajamarca y Lima. Todos con la bendición del MEM y con la coartada de “informales” como para justificar su política de tierra arrasada.

Confundir “informalidad” con mafias, trata de personas y catástrofes ambientales es un nuevo aporte minero.