¿Cómo proteger a los defensores del bosque de las amenazas contra sus vidas?

Desde el 2017, Quinto Inuma, líder quichua de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, San Martín, denunciaba la presencia de mafias de tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico en su territorio. Por eso razón, el 2021 sufrió el ataque de desconocidos que lo amenazaron y golpearon. No obstante, continuó su cruzada, además de pedir la titulación para su comunidad y así defender sus tierras ancestrales. El miércoles 29 fue asesinado a tiros cuando retornaba a su comunidad tras asistir a un taller para defensores ambientales. Como muchos otros líderes amazónicos, no fue escuchado a pesar de sus múltiples denuncias. Hoy es otra víctima más de una larga lista. Conocedores del tema hablan aquí de lo que está fallando y lo que se puede hacer para evitar más muertes.

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Carlos Quispe: "El estado no cumple un rol de prevención"

El Estado cuenta con un ‘Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras’, vigente desde el 2021. Articula al Ministerio de Justicia, Interior, Ambiente, Cultura, Mujer, Desarrollo Agrario, Devida. La principal crítica es que no cumple un rol de prevención y más bien su enfoque es reactivo, es decir, responde cuando ocurre la amenaza. Este mecanismo es insuficiente. La amazonía está siendo depredada por el avance de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la tala y minería ilegal, entre otros, y la respuesta del Estado no está a la altura. Si pensamos en defensores, este mecanismo tiene un enfoque individual centrado en la amenaza a una persona, pero la actividad ilícita afecta a comunidades enteras, grandes extensiones de territorio. Y, si no tenemos el enfoque de que la violencia se explica por el avance de actividades ilegales, perdemos la cancha. El segundo punto es que no se adopta un enfoque de crimen organizado, porque el narcotráfico llega en alianza con la tala ilegal, con la inseguridad jurídica que afecta a las comunidades, ya que muchas no están tituladas, y eso es aprovechado por Direcciones Regionales Agrarias que otorgan títulos para que terceros entren a esos territorios. Ahí hay una complicidad.

Marisol García Apagueño: "Hay un protocolo para defensores que no sirve"

En el caso de Quinto Inuma, la comisaría que debería brindarle medidas de protección está en el distrito de Chazuta y de ese distrito hasta Santa Rosillo de Yanayacu —la comunidad de Quinto— estamos hablando de 12 horas en bote, carro y caminando. Existe un protocolo para defensores de derechos humanos y ambientales, pero no sirve en la práctica. No son reales esas medidas de protección. Desde el 2016, hay más de 10 denuncias de narcotráfico en esa zona, porque hay pistas de aterrizaje y avionetas que salen. Se ha denunciado tala, tráfico de tierras, pero nadie ha hecho nada. Hemos denunciado en ámbitos nacionales e internacionales justamente para evitar la muerte de los defensores y defensoras de la región San Martín, porque en otras regiones han asesinado a muchos. Quinto Inuma ha sido un líder bien visible, hay fotos, videos, denuncias de su lucha, y lamentamos que lo hayan asesinado de una manera tan brutal. Nos matan por levantar la voz para reclamar nuestros derechos ancestrales. Si a Quinto, que ha sido uno de los referentes más fuertes de la región San Martín por visibilizar estos conflictos, lo han matado, ¿qué nos queda a los que no tienen ese nivel de visibilidad?

Henry Carhuatocto: "La protección debe ser colectiva, con las FFAA"

El modelo adoptado por el Estado peruano para proteger a los defensores ambientales tiene una deficiencia al concebirse como una protección individual al defensor, que hace que la extracción de esta persona de su territorio sea el mecanismo para cuidar su vida. Sin embargo, esa extracción del defensor del lugar donde está liderando el proceso para evitar la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico es contraproducente para su comunidad. Por eso es ineficaz. Por eso ellos retornan para seguir defendiendo a su comunidad de estas mafias organizadas. Lo que debería ocurrir es que la protección que reciban sea colectiva. Ya sea con la presencia policial o de las Fuerzas Armadas en las comunidades seriamente amenazadas por organizaciones criminales de la minería, narcotráfico o tala ilegal, entre otras. Si te pones en el caso de la protección individual al defensor, nunca les ponen un policía para que se desplacen en su comunidad o fuera de ella. En contraposición, por ejemplo, el expresidente Manuel Merino tiene cinco efectivos para cuidarlo aunque su vida no corre peligro. Creo que falta voluntad política para proteger a los defensores individual o colectivamente. Producto de esa deficiencia tenemos a Quinto Inuma asesinado.