Johnny Marchán, presidente de OEFA: “Repsol mantiene impugnados S/97 millones contra el Estado”
A 2 años del ecocidio de Ventanilla, la empresa de capitales españoles ha llevado el grueso de las 28 sanciones que le han impuesto ante el Poder Judicial, asegura el titular del organismo fiscalizador. Minem también debe mostrar una posición más firme en el sector, demanda.
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En el segundo aniversario del derrame de petróleo en Ventanilla, el presidente del OEFA, Johnny Marchán, revela que Repsol ha decidido seguir el camino de tantas otras empresas con millonarios juicios con el Estado y judicializar el grueso de multas en materia ambiental impuestas desde 2022.
-Se cumplen 2 años del derrame de petróleo de Repsol. ¿Cuánto se ha avanzado en materia de fiscalización de OEFA?
-Hemos aplicado 28 medidas administrativas desde 2022, algunas de ellas ya vencidas y otras en proceso de ser atendidas, 17 de estas todavía están en proceso de ser atendidas; básicamente, disposiciones como limpieza continua de la zona. Pero las otras 11 han merecido un análisis distinto: 10 incumplidas y una cumplida. En las primeras resaltan cuatro bastante importantes referidas a que la empresa debía presentar hasta los primeros días de octubre del 2023 planes de rehabilitación para iniciar trabajos definitivos de limpieza y recuperación de 91 formaciones costeras.
-¿Qué pasó entonces?
-Llegó el momento y Repsol presentó sus planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas (Minem), el cual los declaró no admisibles, entiendo, por no cumplir los requisitos de admisibilidad. En diciembre reiteraron al Minem la revisión de estos 18 planes y nuevamente los declaró no admisibles.
-¿Cómo lo resolvieron?
-Por eso, este mes de enero, emitimos resoluciones en las que disponemos multas coercitivas para presionar a Repsol y exigir el cumplimiento de estas medidas administrativas nuestras, que pasan por presentar los planes de rehabilitación. Las multas llegan a 400 UIT, unos S/2 millones que se suman a los S/2,9 millones también en multas coercitivas que le hemos impuesto entre 2022 y 2023 por incumplir otras 7 medidas.
-Pero ¿ahí quedó el tema?
-No. En materia de procedimientos administrativos, ya en etapa de sanción, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA, una segunda instancia —porque todas las medidas las ha impugnado—, ha dictado multas equivalentes a S/97 millones y el resto de ellas han sido apeladas ante el Poder Judicial.
-¿Es decir que, a la fecha, Repsol ha impugnado más de S/97 millones al Estado?
-Sí. En la instancia administrativa del OEFA tenemos el dictado de multas y lo que ha hecho Repsol, normalmente, es impugnar nuestras resoluciones que han subido a instancia del Tribunal, donde se están ratificando la mayoría de ellas. Pero ante este fallo, lo que está haciendo la empresa es impugnarlas ante el Poder Judicial. Todo lo que se ha ratificado se ha impugnado, y hablamos de unos S/97 millones.
-¿No ha pasado mucho tiempo ya, incluyendo las labores de remediación?
-Así es. Aunque normalmente se habla mucho de la reapertura de las playas, pero OEFA no es competente [en esa materia], así como tampoco lo es en la reanudación de la pesca en la zona, que corresponde a otro sector. Nosotros cumplimos con informar a la sociedad e instituciones públicas en general sobre el caso.
-¿Cómo acabó el 2023 para OEFA en otros casos?
-Este año nos ha permitido generar diferentes escenarios de reflexión regulatoria y a partir de este análisis de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) hemos iniciado cambios, que se traducen en ampliar los modelos de supervisión y fiscalización para adecuarlos a esta nueva realidad. Hoy nuestro país es distinto; 15 o 20 años atrás la realidad era otra. Estamos en recesión y no queremos perturbar las actividades económicas que se puedan presentar, sino encontrar herramientas que faciliten el cumplimiento de las normas técnicas ambientales.
-¿Qué cambios le esperan al OEFA en 2024?
-En 2024 tenemos el reto de recibir la transferencia de competencias de 4 sectores: salud, educación, vivienda y saneamiento. Son realidades distintas y nos interesa tener modelos que se ajusten a sus características para su fiscalización. La forma como fiscalizo a una mina no puede ser la misma para servicios públicos. Pero sin tener que exonerar de IGA. Una tarea compleja porque estas competencias eran antes de los ministerios.
-Se habla de autorregular.
-No todos los sectores están preparados para entrar a un modelo como este. Hemos querido empezar con los grifos, por lo simple del negocio: tienen sus IGA y tendrán que hacer reportes periódicos de ciertos parámetros. Además, tienen la posibilidad de manejar la tecnología sin mayores problemas, y por eso les hemos creado una aplicación informativa que les permitirá registrar. El otro grupo que puede entrar a la autorregulación es el de energía.
-Y eso ayudaría, claro, a destrabar las inversiones.
-No queremos que se nos vea como una entidad solo sancionadora. Nos enfocamos en herramientas y mecanismos que promueven el cumplimiento de normas ambientales, más aún en un entorno de recesión.
-¿Pero se deberían fusionar permisos para agilizar?
-Pienso que se debe hacer mucho más ágil la respuesta del Estado, y cuando hagamos eso, nos daremos cuenta de que es necesario fusionar algunos de ellos. Pero eso será posible si la opinión depende de un solo sector; y si depende de muchos, costaría tiempo.
Periodista de prensa escrita y digital, graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Actualmente, en La República, donde escribe sobre economía, con énfasis en hidrocarburos, minería y conflictividad social.
