Partos deshumanizados: historias detrás de la violencia obstétrica en el Perú

Viviana Sánchez tenía 20 años cuando iba a dar a luz a su primer hijo. Era la madrugada del 6 de marzo del 2000, una fecha que recuerda con alegría por el nacimiento de su pequeño, pero también con dolor, porque estuvo a punto de morir desangrada tras sufrir violencia obstétrica en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre.

Primero, su ginecólogo le comunicó que tendría una cesárea porque tenía la cavidad pélvica pequeña. Sin embargo, con más de nueve meses de embarazo, en el centro de salud hicieron lo posible para inducirle al parto. “Al no ver contracción ni dilatación, comenzó el bebé a entrar en sufrimiento fetal”, contó. Se trata de una complicación obstétrica que es detectada cuando la frecuencia cardiaca del feto se reduce, motivo por el que los especialistas argumentaron que debía ser sometida a cesárea urgentemente.

“Me metieron sin informarme que se trataba de un riesgo”, aseguró. Pero esto solo era el inicio de su suplicio, porque no solo no le permitieron tener contacto piel con piel con su bebé, sino que la dejaron a su suerte en la sala de recuperación.

- “Señorita, me duele mucho. Venga a ver qué me pasa, por favor”, suplicaba Viviana a la enfermera mientras lloraba de dolor.

- “¿Quién te manda a abrir las piernas? Así duele pues, ahora tienes que aguantar”, replicó.

Después de media hora de llorar e insistir para que la examinaran, la enfermera destapó las sábanas de la madre primeriza y su cara fue “de espanto” al verla bañada en sangre. Según alega Sánchez, se trataba de una atonía uterina, que implica que el útero deje de realizar su función de contracción después del alumbramiento, lo que finalmente genera hemorragia.

“Llamaron a muchas enfermeras y médicos, y comenzaron a apretar mi vientre recién operado. El dolor era indescriptible. Me decían que deje gritar porque me iba a llenar de gases, que eso iba a provocar que me dé cólicos y que se puedan abrir los puntos de la herida’”, recordó.

Permaneció 11 días internada con transfusiones de sangre e inyecciones en todo su cuerpo. “Fue terrible lo que viví. Fue muy traumático”, confesó hoy a sus 41 años. Aunque en ese entonces creyó que fue su culpa lo que sufrió, 10 años después, fue consciente de que fue víctima de violencia obstétrica. Ello después de pensar en que la agredieron verbalmente, no la atendieron después de dar a luz, no le informaron completamente las intervenciones médicas que le iban a aplicar y la alejaron de su bebé sin justificación alguna.

El de Viviana es uno de los miles de casos peruanos de estas prácticas de “tortura” contra las mujeres, que suponen “una forma de vulneración de sus derechos fundamentales extendida y normalizada en los servicios de salud”, según la ONU. En ese sentido, estas experiencias son contadas en silencio, con culpa, rabia y dolor.

“No es culpa de la paciente no identificar la violencia obstétrica. Los que tenemos la responsabilidad de combatir este tipo de violencia somos nosotros, los profesionales de salud, que la ejercemos. A veces, no nos cuestionamos lo violentas que pueden ser nuestras prácticas”, lamentó la obstetra Ila Chirinos en diálogo con La República.

Además, advirtió que no solo se trata de la violencia institucional perpetrada por el personal de salud durante el embarazo, parto y postparto, sino también de la violencia que se puede cometer contra las usuarias durante las consultas ginecológicas. Por ello, prefiere llamar a esta vulneración de derechos sexuales y reproductivos como violencia ginecobstétrica.

Chirinos comentó que esta forma de violencia se produce al “restringirle algún tipo de información (a la paciente), no pidiéndole permiso para algún tipo de examen, sobre todo en el tracto genital, o al ingresar el espéculo en la vagina, ya que a veces ni siquiera les explican cómo lo van a hacer”.

Perú está lejos de países latinoamericanos como Argentina, Venezuela y algunos estados de México, donde la violencia obstétrica se tipificó como delito: una forma de reivindicar el derecho de las mujeres a un parto respetado. Es así que ni la Constitución peruana ni el Código Penal hacen mención expresa de este tipo de violencia; solo la contempla el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021.

Por ello, no es casualidad que la Defensoría del Pueblo recientemente haya alertado sobre la falta de políticas públicas y presupuestos para erradicar la violencia obstétrica en el país. En su informe, elaborado junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú, identificó que los grupos más vulnerables a esta modalidad de violencia de género son mujeres indígenas, empobrecidas y menores de edad.

Cesáreas innecesarias

Karla tenía 18 años cuando tuvo su primer embarazo. Estaba totalmente convencida de que quería un parto natural, motivo por el que, desde el primer mes de su gestación, junto a su pareja, pagó un plan para que sea atendida en la clínica Santa Mónica de Lince.

No obstante, el 1 de octubre de 2018 le comunicaron que tenía poco líquido amniótico, y que por ello, debía ser cesareada de emergencia. Al no contar con los 700 soles que faltaba pagar para este tipo de intervención quirúrgica, le hicieron esperar por más de 6 horas. Cuando finalmente consiguió el dinero, la ingresaron al quirófano y, al igual que Viviana Sánchez, quienes la atendieron la regañaron sin motivo alguno.

“Cuando mi hija nació, me la entregaron y me dijeron que le dé teta. A los cinco minutos, una de las enfermeras me miró y me dijo: ‘¿Acaso no sabes dar teta? Para eso quieres tener un hijo tan joven’”, narró Karla con gran impotencia. Este es uno de sus primeros recuerdos que reconoce que son parte de la violencia obstétrica, y con este, se asoman otros, como el hecho de que le negaron una bandeja para vomitar tras sufrir un ataque de pánico; no permitieron que su pareja ingresara durante el parto hasta que pagara 60 soles y le cortaran a su bebé el cordón umbilical inmediatamente al nacer, lo que ocasionó, según Karla, que padeciera una fuerte anemia a los pocos meses.

Una similar historia la tuvo Nicol Ugarte (36), a quien, con más de 8 meses, le informaron que debía ser ingresada de emergencia para una cesárea, ya que presentaba presión alta. Sin embargo, ella sí logró librarse de esta imposición tras negarse en todo momento y luchar por un parto natural. En ese proceso, tuvo el apoyo de una obstetra del Hospital Grau.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de cesáreas normal debería oscilar entre el 10 y 15% de los partos. No obstante, de los 435.988 partos contabilizados en el Perú durante este año por el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, 165.178 fueron cesáreas (37.9%).

De acuerdo a la data, se observa que, en los últimos ocho años, el número de cesáreas en el país se quintuplicaron. “El problema en el país es que en las grandes ciudades y en el sector privado, (la cesárea) es muy alta. En las clínicas, estamos por encima del 80%, según cifras de Susalud”, explicó el ginecólogo Antonio Lévano, uno de los principales defensores del parto natural en el Perú.

Lévano explicó que este incremento exponencial se debería a que los médicos están perdiendo la habilidad y confianza en el parto vaginal; las cesáreas les permiten disfrutar más de sus fines de semana y a tener un trabajo ordenado; y los seguros privados pagan más a los ginecobstetras por este procedimiento que por el parto natural.

“A groso modo, hay clínicas que a un médico por parto vaginal le pagan menos de S/300 y por cesárea pagan el doble”, acotó.

Es así que “la suma de los tres factores ha ido creando en la percepción de las mujeres, empujada por los médicos, que el parto vaginal es un riesgo”. Sin embargo, esto no es así, ya que “por default, el parto vaginal debe ser posible en todas las mujeres, a menos que haya realmente una condición con mucho riesgo”.

Lamentó que las cesáreas vayan en aumento. Estas prácticas, en la mayoría de ocasiones, se programan antes de la semana 39 de embarazo, lo que afecta emocionalmente a la madre y físicamente a los neonatos.

“Estos bebés tienen el riesgo alto de no haber completado la madurez, vinculada con aspectos emocionales y cognitivos. (...) Eso se va a ver en la etapa preescolar”, precisó.

Episiotomías sin consentimiento

“Cuando fui al baño, sentí un corte y ardor terrible”, recordó Gabriela Sánchez (41), a quien nunca le informaron ni obtuvieron su consentimiento para realizarle ese corte en el perineo (entre la vagina y el ano) llamado episiotomía.

“Su hija no podía nacer y usted no podía dar más, así que se le hizo un corte”, fue la justificación que un obstetra le respondió a Gabriela cuando esta le reclamó sobre dicha cirugía, que, además, fue mal hecha, porque no podía defecar.

Lo mismo ocurrió con Karen Ugarte, quien pese a que se negó a este procedimiento, la obstetra le dijo que supuestamente era parte de la rutina. “Me estaba esperando con dos cuchillazos para cortarme. Ni siquiera me había consultado si lo quería o no”, aseguró

Sobre la episiotomía, la OMS recomienda que su ejecución sea selectiva por los riesgos de desgarros e infecciones en las mujeres, lo que efectivamente ocurrió con Karen. Sin embargo, “está tan mecanizado que el parto debe ser horizontal, y creemos que todas las mujeres con parto natural deben tener una episiotomía”, reconoció la obstetra Ila Chirinos. Por eso, indicó que esta incisión no se llevaría a cabo si se consideran otras formas de parir y de estirar el periné.

“Si vemos el parto de forma vertical, en cuclillas, la apertura (del periné) va a ser diferente y no se va a necesitar la episiotomía”, puntualizó.

¿Cómo identificar la violencia obstétrica?

La especialista Chirinos brindó una larga lista de cómo las personas con capacidad de gestar pueden identificar esta modalidad de violencia de género:

• Omisión del consentimiento informado durante el parto.
• Prácticas médicas injustificadas: uso excesivo del parto por cesárea, maniobra de Kristeller (cuando se ejerce presión sobre el útero para el nacimiento del bebé), episiotomías, ruptura artificial de membranas, uso inapropiado de oxitocina sintética, y más.
• Presencia de terceros ajenos al parto.
• Negar durante el parto el acompañamiento de una persona de confianza de la gestante.
• Negar la atención a la madre durante el embarazo, parto y postparto.
• Dificultar el apego con su niño/a sin justificación o causa médica.
• Privar a la madre de agua y comida.
• Dejar de lado prácticas relacionadas al parto vertical entre poblaciones indígenas u originarias.
• No incluir el enfoque género e intercultural durante el parto.