Rosa Mármol: "Realizar un proceso electoral, confiable y transparente es imposible en Venezuela"

En Venezuela la población se prepara para una nueva elección presidencial que se llevará a cabo el 28 de julio de este año. En dicha contienda se tiene confirmada la presencia del altamente cuestionado presidente Nicolás Maduro y, hace unos días, se confirmó también la presencia de Edmundo González Urrutia como candidato elegido por la oposición para hacerle frente al régimen que ostenta más de 20 años en el poder.

Frente a este delicado panorama y, sumándole el contexto de una sucesión de crisis dentro de Venezuela, La República conversó con Blanca Rosa Mármol de León, abogada especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, política, docente y magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quien realizó una completo desglose de las venideras elecciones presidenciales en el país caribeño.

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—¿Cuál su opinión con respecto a la designación de Edmundo González Urrutia como candidato de la oposición?

Esta situación ha sido parte de una estrategia debido a la inhabilitación de María Corina Machado, una inhabilitación completamente arbitraria y contraria a lo decidido por nosotros, la mayoría de los venezolanos que participamos en las primarias del 22 de octubre del 2024, con una votación de más de 2 millones de personas. Sin embargo, el régimen mantuvo, por decirlo de alguna manera, la calificación de inhabilitación sobre María Corina Machado la cual no procedía en su caso porque debería existir una sentencia penal condenatoria para que alguien sea inhabilitado en el ejercicio de su derecho político en Venezuela, y ese no es el caso de María Corina. En vista de ello, se nombró a una sustituta o representante que fue la doctora Corina Lloris. Ella no tenía ninguna inhabilitación, como ellos (autoridades del régimen) alegaban, pero tampoco le permitieron inscribirse; no le dieron explicación alguna. Por esta razón, los miembros de la oposición se reunieron al final para considerar a los candidatos disponibles. Afortunadamente, coincidieron en la nominación de un candidato único, que es quien nos representa ahora, lo cual supone una situación mejor.

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—La oposición de María Corina Machado terminó por concretarse, pero ¿qué tan legal fue esa medida?

Mi opinión al respecto siempre ha sido muy clara, ateniéndonos a lo que establece la Constitución y las leyes: nadie puede ser privado, como mencioné antes, del ejercicio de sus derechos políticos a menos que exista una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, es decir, una condenatoria penal. Por que es una pena extremadamente grave y solo se impone como accesoria a una principal por la comisión de un delito penal, no estaba de acuerdo con aceptar, es decir, someterse a lo que ocurrió cuando propusieron a otra persona en lugar de María Corina Machado. Porque eso significa no solo que se vulnera el derecho de María Corina Machado a ser elegida, sino también nuestros derechos a elegir. Los venezolanos elegimos a una candidata en unas primarias que fueron completamente transparentes y contundentes. Sin embargo, ahora se dispone de esa voluntad de los venezolanos de esa manera, cediendo, en mi opinión, a que sea el candidato que el régimen apruebe. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero los expertos en política afirman que era la medida correcta para poder continuar en la vía electoral.

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—¿Considera oportuna la postura de la oposición con respecto a las arremetidas del régimen?

Mi perspectiva siempre ha sido coherente con lo establecido en nuestra Constitución. Acepto y entiendo la necesidad de adherirse a la vía electoral, como ha insistido la candidata María Corina Machado, reconocida tanto nacional como internacionalmente. Promover un proceso electoral internacionalmente es una cosa; enfrentar la realidad de implementar un proceso electoral confiable y transparente en Venezuela es otra y la posibilidad real de realizar un proceso electoral, confiable y transparente con todas las garantías constitucionales es absolutamente imposible. Al principio, el camino electoral parecía ideal, pero se ha cerrado, ya que elegimos de forma abrumadora a una candidata que todos considerábamos apta para representarnos y que fue ilegalmente bloqueada de inscribirse. Esto llevó a considerar la alternativa final mencionada en nuestra Constitución, que incluye 350 artículos; específicamente, los artículos 347, 348 y 349 sugieren la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Si yo hubiera sido la candidata y hubiera llegado al Consejo Nacional Electoral habría denunciado la farsa que nos impusieron. A pesar de esto, debemos ser realistas: estamos inmersos en un proceso electoral.

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Entonces, ¿no se tendrán unas elecciones justas este 28 de julio?

—No creo que se pueda confiar en que una presencia internacional realmente efectiva y vinculante esté aquí, a pesar de la disposición expresada hacia eso. Sin embargo, el régimen ha respondido negativamente, con expresiones como 'aquí les avisamos a la representación internacional que no nos van a venir a mandar', y cosas por el estilo. Bueno, esto es solo el comienzo, como alguien comentó por ahí: este es el inicio de un calvario, porque vamos por etapas y ya estamos en la primera: el Tribunal Supremo ya ha creado una medida a su medida y ha demorado, sin justificación válida, el permitir la inscripción de quienes desean adherirse a la candidatura de Edmundo González a los de un Nuevo Tiempo. Y, como sabes, son pequeñas dificultades las que acarrean graves consecuencias en cada paso de este proceso electoral.

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¿Cuál cree que debería y el papel de la comunidad internacional y de los organismos internacionales frente a una nueva elección en su país?

—Creo que debe ser mucho más firme de lo que ha sido hasta ahora. No basta con exigir una elección confiable y transparente, que respete tanto las normas constitucionales como las internacionales; es necesario que haya una presencia efectiva que comprometa al régimen a actuar de esa manera. Hemos visto que el Gobierno no cumplió con lo acordado en Barbados, y aunque se reactivaron las sanciones económicas, esto no es suficiente. Necesitamos un apoyo internacional más decidido, pues los poderes estatales que tenemos no permiten ejercer nuestros derechos libremente: el poder legislativo está subordinado al Ejecutivo, al igual que la Fiscalía, el Poder Electoral y el Poder Judicial. Por lo tanto, enfrentamos una situación en la que, coloquialmente, vamos a las elecciones con un brazo amarrado, lo que representa una desventaja absoluta.

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—Mencionaste los acuerdos de Barbados, y aunque han pasado ya más de seis meses desde su establecimiento, el balance parece ser negativo.

Esos acuerdos han resultado ser papel mojado. La reimposición de las sanciones económicas no ha tenido el efecto deseado. El Gobierno utiliza esto para decirle a nuestra sufrida población que todas las penurias económicas, médicas y educativas se deben a esas sanciones, lo cual es una estrategia demagógica para justificar su ineptitud y corrupción. Además, sabemos que hay partes del mundo con las cuales este régimen ha buscado estrechar lazos, como Irán, China y, por supuesto, Rusia, intentando solventar económicamente con su ayuda.

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—Es difícil poner fin a este régimen. Usted mencionó que ve la Asamblea Nacional Constituyente como una alternativa viable.

Al respecto, en la Constitución, 3 artículos son fundamentales. El artículo 347 establece que el pueblo de Venezuela, como depositario del poder constituyente originario, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Este es el verdadero propósito de la Constituyente, que no es un medio para cambiar al presidente, sino para recuperar y transformar el Estado. Esto se debe a la desinstitucionalización del país, donde no existe independencia ni autonomía de los poderes, y el poder judicial no es independiente. Por ejemplo, la reforma constitucional para permitir la reelección, interpretada indebidamente como indefinida, y el actual candidato presidencial, que no cumple con los requisitos para el cargo y se aprovecha de una supuesta reelección indefinida que no está prevista en la Constitución. Además, Nicolás Maduro posee doble nacionalidad, algo que nuestra Constitución prohíbe para ejercer como presidente o candidato. La impugnación de su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral fue rechazada sin fundamentos por el Tribunal Supremo de Justicia, que sigue las órdenes del ejecutivo. Ante esta falta de institucionalidad, el artículo 348 permite que el 15% de los electores registrados puedan iniciar la convocatoria de la Constituyente. Nosotros tenemos los números suficientes para hacerlo y hemos seleccionado a María Corina como candidata, para convocarla y reconstruir el Estado.

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—Es evidente que la desinstitucionalización de Venezuela ha acarreado incontables problemas, incluyendo la migración y la crisis económica, política y social. Desde fuera parece que el régimen aún tiene poder.

El régimen posee 2 principales fuentes de poder: el control del Ejército y de las Fuerzas Armadas, con algunos miembros comprados y otros amenazados. Los altos mandos disfrutan de riquezas y privilegios, como las minas en el Orinoco, mientras que los rangos inferiores están pasándolo muy mal y están muy sometidos. Además, hay una notable influencia cubana en las fuerzas armadas, incluyendo espionaje. Esto ha llevado a que hoy tengamos más presos políticos militares que civiles. Otra arma fundamental de este régimen es la falta de escrúpulos, evidenciada por el fin de las manifestaciones públicas y la supresión de la expresión popular, como lo fue el trágico evento del 11 de abril con el saldo triste de los civiles que ahí fallecieron.

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—Hablando precisamente del deterioro de las instituciones, ¿cuál es la situación actual que vive el sistema de justicia venezolano?

Este sistema, en el que he servido durante 37 años, atraviesa una situación profundamente triste y deplorable lo cual me duele. La independencia y autonomía, esenciales para el funcionamiento efectivo del poder judicial, están comprometidas. El Poder Judicial, que debería actuar como la bisagra entre el Ejecutivo y el legislativo, manteniendo el equilibrio de poderes, está actualmente subyugado al Ejecutivo. Tras la llegada de este régimen, se emprendieron acciones para desmantelar la estructura judicial: se destituyeron jueces de carrera, se suspendieron y hasta se forzó la jubilación de jueces con solo 37 años de edad. Luego, se remplazó a estos jueces no por otros seleccionados mediante concurso, sino por designados directamente por la asamblea y el ejecutivo. Esto ha creado un ambiente de miedo entre los jueces, temerosos de ser destituidos o incluso encarcelados si no se adhieren a las directrices impuestas.

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—Realizando un ejercicio hipotético en su rol de jueza, que ejerció por varias décadas: digamos que Maduro ya no está en el poder y se le somete a juicio. ¿Cuántos cargos podrían imputársele y qué pena podría merecer?

Es importante especificar que la responsabilidad por estos delitos es personal, es decir, cada quien responde por los delitos cometidos en el ejercicio de su función pública. En Venezuela, la situación incluye ataques sistemáticos y la encarcelación de la disidencia, ambos considerados crímenes de lesa humanidad. También se incluyen delitos claros como la tortura y la persecución política, además de la desaparición forzada de personas, donde los detenidos desaparecen sin que las autoridades proporcionen información. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, las penas pueden variar según la gravedad de cada delito, pero podrían ir desde un máximo de 30 años de presidio hasta la reclusión a perpetuidad. Por lo tanto, considero que ese sería el panorama potencial: una pena de hasta 30 años o incluso la reclusión perpetua, dependiendo de la gravedad de los delitos.