Por Mirko Lauer

A partir del caso petroaudios/chuponeo han entrado en conflicto los que a primera vista aparecen como dos principios: a. el mayor grado de libertad posible para los medios, que algunos consideran debe llegar hasta la abolición  de sanciones por difamación y calumnia, y b. el mayor control posible del chuponeo, en nombre de la privacidad, y sanciones para quienes filtren y divulguen los datos así obtenidos.

Pero lo que aparece como una pareja de principios contrapuestos también puede ser visto como un conflicto de intereses: sin acceso a escándalos de toda procedencia, el negocio periodístico palidece, y sin protección frente al chuponeo en esta era ultratecnológica los gobiernos –corruptos o no corruptos– tendrán problemas para llevar adelante razonablemente sus tareas.

En medio de estos dos reclamos está el conflicto entre el derecho del público a saber y el derecho de ese mismo público a que no violen su privacidad. Esto produce una suerte de acertijo legal: como datos ilegalmente (corruptamente) obtenidos se convierten en valiosos instrumentos anticorrupción al servicio de la democracia. Como esos datos merecen castigo de un lado de la cerca, y premio del otro.

 Hasta aquí esto ha tendido a resolverse con la idea del bien mayor, y también con la idea de los diferentes objetivos: el chuponeador desea cometer un crimen y vender el producto, el divulgador desea divulgar que se ha cometido un crimen, y en cierto modo también vender un producto. Algo así como si poner en exhibición museográfica un ceramio robado cambiara los términos del asunto.

En efecto el divulgador puede con todo derecho plantear que ha rendido un servicio a la ciudadanía. ¿Pero hay alguna manera en que Business Track pueda reclamar haber colaborado con la justicia? Después de todo, entendemos que son ellos quienes pusieron los datos en manos de la prensa para que esta pudiera realizar el bien mayor de la anticorrupción. ¿O hay un tabique que impide todo contacto de ida, pero no de vuelta?

Si el lazo demuestra tener algunos aspectos positivos, como se plantea, ¿podríamos pensar en una relación permanente entre chuponeadores ilegales y denunciadores periodísticos? ¿Semejante nexo sería a. bueno, b. útil, c. complicado, o d. todo eso junto? Sin duda es importante mantenerlos separados, una vez que se resuelva algunos problemas de parentesco. Penas para los que denuncian no es una buena solución.

Una nota sobre M. Medina: es interesante que en su caso el tema sancionado no fue que ella hubiera irrumpido a saco en la privacidad de otra persona, que es precisamente el business de Business Track, sino más bien que hubiera mentido acerca de esa privacidad. Con la simple verdad en la violación de la privacidad, parece, no hubiera temido ni ofendido.