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Martes 09 Febrero, 2010
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Carranza contra la ley

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Por Nicolás Lynch

Hace seis semanas que los profesores de las universidades públicas nos encontramos en huelga  y al gobierno la situación de 36 universidades, 22 mil docentes y  300 mil estudiantes parece importarle un comino. Seguramente que ningún ministro tiene un hijo suyo en alguna universidad pública.

Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), hay 31 dispositivos legales, entre leyes, sentencias judiciales y del Tribunal Constitucional que obligan al gobierno a pagarnos nuestros sueldos, pero este se niega. Ojo, no estamos pidiendo aumento, bueno fuera, sino homologación, es decir, que nos paguen el haber que nos corresponde, a lo que sucesivos gobiernos se han negado en los últimos 26 años.

El ministro de Economía, Luis Carranza, ha tenido la insolencia de decirles a los dirigentes de la Fendup que no tiene plata para pagar, cuando todos sabemos que los cofres del Estado están llenos, pero lo que falta es voluntad política. La universidad pública no les interesa porque tienen un desprecio de clase y raza frente a la misma.

Lo curioso, sin embargo, según la misma Fendup, es que acto seguido Carranza les manifiesta que podrían haber mejoras salariales si se presenta “un proyecto que garantice la mejora de la calidad educativa”. ¿Es acaso el titular del MEF autoridad universitaria o experto en la materia? Los universitarios no podemos permitir que el MEF nos dé lecciones porque sencillamente no le corresponde.

Ahora bien, los graves problemas de calidad que sí tienen las universidades públicas han sido objeto de intenso debate en los últimos años y el Congreso de la República se ha hecho eco del mismo avanzando varios anteproyectos de nueva ley universitaria que tratan los problemas más delicados con alto grado de consenso. Sin embargo, no parece que al actual gobierno le interese la solución del problema de fondo, porque prefiere perder el tiempo creando nuevas universidades públicas y haciéndoles favores a sus amigos de las universidades privadas. Ya es hora de que el Congreso alce su voz al respecto y mande algún proyecto al Pleno.

En lo inmediato, póngase a derecho, señor Carranza, y páguenos lo que nos debe.

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