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“Nos quieren borrar del mapa”, por Diego García-Sayán

“¿No es Gaza una prisión ‘a cielo abierto’ de 2,3 millones de personas?...”.

Decía esta semana en la Gaza cercada por Israel, un profesor jubilado que vive allí con su familia: “Nos quieren borrar del mapa”. Desgarrador testimonio, recogido por el diario El País, en notable reportaje. Percepción lógica y cruda de la realidad allí vivida en los últimos diez días y de una historia de cerco y ocupación de varias décadas. Que no arrancó el sábado 7 de octubre con el brutal ataque terrorista de Hamás -movimiento que busca desaparecer al Estado de Israel-, en cuya ejecución asesinaron a más de 1.000 israelíes.

En el sostenido bombardeo israelí sobre esta zona, en la que viven poco más de 2 millones de personas, Israel ha dado muerte a cerca de 3.000 palestinos, entre ellos 1.030 niños. El bombardeo, este martes 17, del hospital bautista Al-Ahli, en Gaza, atribuido a Israel por la mayoría de fuentes, causando centenares de muertos, la destrucción de un hospital de la ONU y el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria, añaden inaceptable horror, por lo que alguien tendrá que responder. Ante la afectación sostenida en población civil, se dan las condiciones para que la Corte Penal Internacional (CPI) analice, de acuerdo a su estatuto, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad (art. 7) y de crímenes de guerra (art. 8).

El ataque terrorista y los bombardeos israelíes a Gaza, en diabólica interacción que agranda la brecha entre judíos y palestinos, además de las desgracias humanas causadas, torpedea la posibilidad de acercamientos para el proyecto de dos Estados acordado en Naciones Unidas en 1947. Y eso que se está aún a la espera del “ataque total” anunciado por Netanyahu.

En ello hay tres aspectos a destacar. Primero, que la historia de violencia y cerco contra los palestinos se da por décadas. De modo alguno legitima, por cierto, el terrorismo, pero es parte de una historia que deja huella profunda. Pues prevalece -lógicamente- la percepción de un pueblo entero acosado con bombardeos, prisiones, ocupación de territorios reconocidos como palestinos por la ONU, etc. Y, dentro de ello, un virtual “apartheid” violando la Convención de la ONU sobre Represión y Castigo del Crimen de Apartheid, que proscribe la opresión racial, étnica o religiosa sobre un determinado grupo de personas. Esto lo vienen destacando desde hace años organizaciones como Human Rights Watch. ¿No es Gaza una prisión “a cielo abierto” de 2,3 millones de personas?

Dos: la responsabilidad de la comunidad internacional y la reacción -aún por verse- ante la espiral de violencia en curso. Un Consejo de Seguridad de la ONU trabado, hasta el momento, por el riesgo del “veto”. No obstante, pese a la identificación de algunos con la “guerra total” de Netanyahu, que afectaría esencialmente a la población civil, hay que destacar señales recientes de varios países de la UE y del propio Biden de saludables matices contra la tesis del “todo vale”.

Tercero: el efecto de las violaciones del derecho internacional por crímenes de guerra por el ataque indiscriminado a la población civil de Gaza y en menor medida a Cisjordania. La orden de Netanyahu de dejar sin agua, luz y comunicaciones a la población, la tesis de su ministro de Defensa sustentando el cerco total en que se estaba “combatiendo contra animales” o el anuncio de un ataque “con todo” contra Gaza, si se lleva a cabo. Hoy el derecho internacional tiene más “dientes” que en el pasado y tendrá, seguro, en agenda todas estas violaciones al derecho en la guerra, que para algunos no existe.

La CPI y la Convención Internacional contra el Apartheid. La entonces fiscal de la CPI anunció, hace dos años, que la Corte tenía jurisdicción sobre hechos en los territorios palestinos y que estaba abriendo una investigación sobre crímenes de guerra. Algo parecido podría ocurrir con los hechos en curso de considerarse que se está ante “crímenes de guerra” o “de lesa humanidad”.

Una perspectiva arborescente ante la cual el camino lógico es que la comunidad internacional actúe, en lo inmediato, para establecer y supervisar un cese de fuego, a fin de que paren los ataques a la población civil. Y para que se retome el difícil, pero indispensable, camino de la negociación y de acuerdos que han quedado en el camino en la perspectiva de dos Estados en la zona. Que nadie sea “borrado del mapa”.

larepublica.pe
Diego García Sayán

Atando cabos

Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.