Las “nuevas” democracias en América Latina, por Juan De la Puente

El Barómetro de las Américas –estudio del Proyecto de Opinión Pública de A. Latina, LAPOP–, que se presenta en varios países de la región (1), recoge un pesimismo regional insistente sobre la democracia, con dos resultados asociados: el declive del apoyo a la democracia que cayó de 68% en 2004 a 59% en 2023, y que se presume arrastra a la baja a otro indicador, la satisfacción con la democracia, situada en 40% en 2023.

Podría ser, sin embargo, que las crisis en su estado actual, más destructivas en unos países que en otros, hace menos dependientes entre sí estos indicadores. Tras su desagregación, se aprecia una inicial reformulación de la democracia en la percepción ciudadana en varios países de América Latina impulsada por nuevas y decisivas variables.

Hasta hace poco era entendible la brecha entre el respaldo a la democracia, que suele ser más alta –por encima del 50%–, y la satisfacción sobre su funcionamiento, que es más baja, una distancia que se explicaba por la diferencia entre la ideología y la realidad, es decir, el apoyo a la democracia a pesar de sus resultados deficitarios.

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Estamos ante dos grupos de países, aquellos donde la distancia entre el apoyo a la democracia y la satisfacción con ella es corta y aquellos donde es más pronunciada. De acuerdo con el Barómetro, la brecha es menor en México, Uruguay y Costa Rica (2, 6 y 9 puntos porcentuales, respectivamente) y más profunda en Haití (32 puntos porcentuales), Perú (32 puntos), Chile y Argentina (29 puntos), Ecuador (25 puntos), Bolivia (23 puntos) y Colombia (21 puntos). En Brasil, la distancia es menos profunda (16 puntos).

Fuera de este parámetro se encuentran dos países. El primero es Guatemala, donde tanto el respaldo a la democracia (48%) como la satisfacción con ella (38%) en 2023 eran notoriamente bajos; y el segundo es El Salvador, donde en 2023 la brecha fue inversa, es decir, más satisfacción con la democracia (77%) que el apoyo mismo a ella (65%).

Ambos presentan dos percepciones ciudadanas de la democracia, una que se agota y otra que emerge. En 2023, Guatemala era un Estado capturado por poderes corruptos dispuestos a reelegirse a través de procesos que creían totalmente amañados hasta que, por una rendija, se coló el presidente Arévalo que debió transitar un vía crucis de seis meses desde su elección hasta la toma de mando, bajo el acoso mafioso. Las cifras del Barómetro sobre Guatemala en ese contexto –bajo apoyo y baja satisfacción democrática– exponían en 2023 dos puntos de llegada, el fin de la ilusión democrática y de su exigencia.

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En la opinión pública de El Salvador emerge, en cambio, una percepción afirmativa de la democracia que contradice el consenso académico y político que considera autoritario al régimen de Bukele, y donde también el Estado fue capturado. El Índice de la Democracia de The Economist en 2024 lo considera un régimen híbrido. Sin duda, es debatible que lo que ocurre en El Salvador sea un proceso democrático, pero es igualmente indudable que la mayoría de sus ciudadanos cree que lo suyo es una democracia.

En El Salvador, en el mejor de los casos, tendríamos un caso de ambivalencia, a la que se refiere el reciente Informe de Desarrollo Humano 2023/2024 del PNUD (“Cooperar e imaginar para cambiar el mundo”), que reporta que, aunque 9 de cada 10 personas muestran un apoyo inquebrantable al ideal de la democracia, ha aumentado el número de quienes apoyan a líderes que la socavan, y que por primera vez, más de la mitad de la población mundial apoya a tales líderes.

¿Qué se agota y qué emerge? Si tomamos en cuenta la tipología de democracia representativa descrita en 2013 por Barrueto y Navía (“Tipologías de democracia representativa en América Latina”), precisamente a propósito de las encuestas de LAPOP, que las clasifica, en minimalista, procedimental, maximalista y resultadista, lo que ha empezado a emerger en la región es la democracia resultadista, un régimen que no califica para los estándares tradicionales, con su principal emblema, El Salvador, y lo que ha empezado a morir son las democracias minimalistas y procedimentales, cuya expresión más aguda pudo ser Guatemala en 2023 (donde el futuro es igualmente desafiante). Tras esa experiencia se forma una lista de varios países que van quedándose sin “saldo disponible” democrático, es decir, sin capacidad para garantizar sus resultados, con una mayor brecha entre el apoyo y satisfacción con la democracia: Haití, Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia. Son los candidatos a la “nueva” democracia.

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Son también países donde otras respuestas en el Barómetro guardan coherencia respecto a la insuficiencia del minimalismo y procedimentalismo. En estos seis países sin saldo disponible solo entre 19% y 26% de ciudadanos cree que sus derechos básicos están protegidos, menos del 40% cree que sus gobiernos hacen lo correcto (en el Perú esta cifra baja a 21%) y más de 2/3 cree que la situación económica de sus países empeoró en 2023. Son asimismo países que registran las más altas percepciones de inseguridad y corrupción política.

La tendencia de la “nueva” democracia que se instala en la región se encuentra lejos de combinar las reglas institucionales, las libertades y los resultados, que es lo que pugnan, de acuerdo a las percepciones del Barómetro, los programas de los mayoría de partidos en México, Uruguay y Costa Rica, y en menor medida Brasil. Al contrario, a los “demócratas de los resultados” les resulta más rentable la oferta de políticas populistas y el sacrificio de las reglas y, con ese discurso, emparejarse más fácilmente con la reacción ciudadana radical y legítima contra la pobreza, hambre, inseguridad y corrupción.

En los países como el Perú, donde el Estado ha sido capturado, la épica democrática se funda en la recuperación de las instituciones, elecciones libres y el alejamiento de los grupos corruptos del poder, una agenda institucionalista legítima que no despierta la desconfianza de la sociedad, pero que es insuficiente al subestimar derechos que hacen la vida cotidiana de la gente, como los derechos de las mujeres, pensionarios, ambientales, alimentarios, educativos y en salud y consumo. A menudo se orilla esta agenda porque implica encarar el poder económico.

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Reforma política sin reforma económica o defensa de las instituciones sin defensa de los derechos básicos, es una receta que se ubica en el núcleo del fracaso de la mayoría de los programas del llamado centro político. No es casual, por eso, que desde hace una década ningún centrismo gane elecciones en Sudamérica, y haya tenido contados triunfos en Centroamérica. No se puede defender la democracia desde el fracaso y cerrando los ojos a los derechos básicos.        

(1) En el Perú, fue presentado el 24.4.2024 por el IEP.