La disposición fiscal 1, la prueba del espionaje fiscal contra Juan Carlos Tafur y César Romero

La resolución N.° 1 del 5 de abril de 2023, dentro de la carpeta fiscal 87-2023, en la que se disponen actos de seguimiento y videovigilancia a los periodistas Juan Carlos Tafur, de Sudaca, y César Romero Calle, del diario La República, muestra que el objetivo del fiscal provincial Andy Junior Rodríguez Domínguez es criminalizar el trabajo periodístico y a los medios de comunicación.

Aquí presentamos las principales páginas de la resolución N.° 1. El documento consta de 10 páginas en total. Cada página se convierte en una prueba irrefutable del interés de un sector del Ministerio Público de utilizar las investigaciones en curso para perseguir a periodistas incómodos o críticos, como en este caso, de la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto es solo un pretexto legal, una forma de poner un paraguas de legalidad a un atentado contra la libertad de información. Esto es claro, en al menos tres partes del documento: 1) en la descripción de los hechos que ameritan el inicio de una investigación; 2) en la parte decisoria de la resolución; y 3) al disponer una serie de diligencias en sede fiscal.

Además, las diligencias en sede fiscal dan cuenta de una intención de incluir no solo a periodistas, sino a Sudaca, La República y otros medios de comunicación, en una investigación por presunta organización criminal.

Las pruebas

Así, podemos ver que en la página 1 de la resolución, la Fiscalía sustenta la necesidad de iniciar las investigaciones —reservada y secreta— en tres hechos:

El primer hecho es un informe suscrito por el fiscal provincial adjunto Max Alessandro Castro Huamán, en el que da cuenta que una de sus colegas, otra fiscal adjunta, ha solicitado de manera reiterada acceso a la investigación N.° 09-2019 y 31 disposiciones fiscales, pese a ser carga que no le ha sido asignada.

“Lo cual resulta llamativo, en tanto de forma posterior, mediante escritos de fecha 24 y 27 de febrero, el procesado de dicha investigación presentó una serie de escritos, cuestionando la labor fiscal”, precisa el documento.

El segundo hecho que sería indicio de una actividad criminal, dice el fiscal, “es el contenido de la nota periodística difundida en fecha 27 de marzo de 2023, por el portal virtual Sudaca” y el tercer hecho “del contenido de la nota periodística difundida en fecha 30 de marzo de 2023, por el diario La República, (…) titulada: “Fiscales ad hoc presionan a sus colegas para favorecer a reo”.

El fiscal Andy Rodríguez describe el contenido de los artículos periodísticos que considera indicio de la comisión del delito. Ambas notas tratan de un evento que ocurrió el 16 de marzo de 2023, un hecho que nadie ha desmentido. Si el fiscal se sentía agredido, pudo enviar una carta rectificadora o presentar una demanda por difamación o calumnia, etc.

Ese día, el fiscal provincial de Santa Rosa, Ventanilla-Callao, Abelardo Caycho Ramis, denunció que, luego de solicitarle una reunión vía aplicativo Google Meet para tratar una denuncia calumniosa contra el colaborador eficaz Walter Ríos Montalvo, los fiscales Andy Rodríguez y Max Castro le pidieron que en el menor plazo posible archive la investigación contra Walter Ríos.

Sin embargo, para el fiscal Rodríguez, informar de ese hecho es indicio de delito, es un ataque al equipo especial. ¿De quién? ¿Cómo se desestabilizó el equipo especial? No lo dice, no es importante para su investigación. Buscar la verdad no es el objetivo. Lo que se pretende es conocer las fuentes de información de los periodistas.

“Los hechos antes descritos evidenciarán, al menos de forma inicial, en grado de sospecha simple, acciones por parte de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', en la búsqueda de información relevante de los casos tramitados en este despacho y, a su vez, tendría como propósito desestabilizar el equipo de fiscales conformados para la lucha de delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado a través de ataques en diversos medios de comunicación, lo que permitiría afirmar que se encontrarían en una etapa de resiliencia, la cual puede ser entendida como “la capacidad que tiene la red criminal para auto-organizarse o reagruparse”, precisa la resolución fiscal.

Ante ello —continúa la resolución—, debe darse inicio a diligencias preliminares en contra de los que resulten responsables, con el fin de obtener mayores elementos de convicción que permitan o no determinar la participación de integrantes de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' en actos de resiliencia, así como los vínculos de estos con terceras personas vinculadas que puedan brindar soporte o coadyuvar con los miembros de dicha organización criminal.

El fiscal no detalla qué se debe considerar como ataques al equipo especial en los diversos medios de comunicación.

Una investigación secreta

Luego de enumerar estos hechos, el fiscal establece el secreto de la investigación por el plazo de 120 días. “Siendo necesaria la utilización de técnicas especiales de investigación, en tal sentido, resulta necesario que la presente investigación sea declarada en secreto”, deja saber el documento.

El fiscal anota que los resultados de la investigación no permanecerán en secreto, sino que serán materia de exposición y descubrimiento ante las partes cuando se devele el secreto. Sin embargo, precisa que la develación del secreto ocurrirá “en el caso de una investigación preparatoria formalizada”, lo que demuestra que había la intención de que los periodistas, que no habían cometido ningún delito y que tampoco estaban propiciando un delito, nunca se enteren de nada.

Esto, pese a las técnicas especiales de investigación que se emplearían también afectarían su núcleo familiar y su intimidad personal y domiciliaria. “En el presente caso —dice el fiscal—, se hace necesaria la utilización de técnicas especiales de investigación, concretamente, acciones de seguimiento y vigilancia, realizar tomas fotográficas y registro de imágenes en lugares públicos”.

Observar las viviendas, vigilancia diaria

Pero eso no es todo. El fiscal dispone que se utilicen “otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación del lugar de residencia de los integrantes de la organización criminal o personas vinculadas a esta”. Eso supondría el uso de drones o programas electrónicos espías para ver lo que los periodistas realizan al interior de su domicilio o centro de labores.  

“Realícese acciones de seguimiento y vigilancia en lugares públicos en contra de los integrantes de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' de competencia de esta Fiscalía, así como de las personas vinculadas o que guarden conexión con dicha organización criminal, respecto de las actividades que realicen en la vía pública, así como en los exteriores del inmueble donde habiten, dónde realicen sus actividades laborales o acudan para realizar sus actividades sociales o cotidianas, debiendo registrarse las imágenes a través del medio más idóneo y de acuerdo a las circunstancias”

“Por ello, ofíciese, a la autoridad policial competente, a fin de que cumpla con realizar: a) tomas fotográficas y registro de imágenes; y b) utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación del lugar de residencia de los involucrados”.

Igualmente, se dispone que el personal policial encargado emita un informe de manera semanal relacionado con las acciones de seguimiento y vigilancia realizadas, lo que supone que entre abril y noviembre se efectuó un seguimiento diario de las actividades de los periodistas.

Perseguir a los medios de comunicación

El último punto de la resolución vuelve a poner en evidencia que la investigación no busca investigar actos ilícitos, sino perseguir el trabajo de búsqueda y difusión de información de interés público que realizan Juan Carlos Tafur en Sudaca y César Romero en La República, y lo que pudieran estar realizando otros medios de comunicación.

Por eso, dispone recabar “información de búsqueda de fuentes abiertas (publicaciones de Sudaca, La República, entre otros medios) relacionada al ataque sufrido por diversos magistrados del equipo especial de fiscales que conocen o han conocido los procesos de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Ni antes ni después de abril, en el diario La República, en su edición impresa o en la página web, se ha publicado un artículo periodístico contra el equipo especial de Los Cuellos Blancos del Puerto o de los diferentes fiscales que han integrado este equipo. Pero sí somos y seguiremos siendo críticos de la falta de organización, de coordinación institucional, de confianza interna o de la forma en que Benavides desmembró el equipo, lo que ha impedido que al día de hoy, cinco años después de las escuchas telefónicas, no existan sentencias contra los principales responsables.

Sobre el artículo del 30 de marzo del 2023, debe precisarse que el proceso de colaboración eficaz de Walter Ríos estuvo a cargo del despacho del fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón y su equipo de fiscales adjuntos, entre los que destacaba el trabajo de la fiscal Fany Quispe. Ellos tuvieron que dejar las investigaciones en julio de 2022 por decisión de Benavides Vargas.

Además, en el artículo se indica que las denuncias contra Walter Ríos no afectará el proceso de colaboración eficaz por tratarse de temas distintos. Ríos se convirtió en el principal delator de Cuellos Blancos del Puerto, al permitir que se formalicen hasta 40 investigaciones. Algunas cosas que dijo no fueron tomadas en cuenta por falta de precisión u por otros motivos.