Imelda Tumialán: “Hay 70 procesos disciplinarios en los que habría faltas graves que quedarían en impunidad”

Tumialán espera que los congresistas acaten el fallo del Tribunal Constitucional sobre Falconí en su totalidad, y ello implica aceptar que ha señalado que el mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es por cinco años. De lo contrario, estarían cometiendo una infracción constitucional y cualquier persona los puede denunciar.

-El fallo del Tribunal Constitucional (TC) para que Marco Falconí integre la JNJ señala que el mandato de sus miembros es de cinco años...

-Ellos indican, en el párrafo 59, textualmente, que “el artículo 155 que nosotros hemos interpretado de la Constitución dispone que el mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia tiene una duración de cinco años”, pero lo hacen bajo la lógica de que dicho mandato se ejercerá dentro de unas coordenadas temporales, es decir, del 2020 al 2025”. El tribunal Constitucional nos está dando la razón. Si a ello añadimos que nuestra ley orgánica que el Parlamento aprobó señala que hay 37 causales de vacancia, de separación o cese de un miembro de la Junta, y dentro de ellas ninguna está referida a la edad...

-¿Deben ser causales mencionadas de forma específica?

-Así es, precisas, específicas. Ninguna está referida a la edad, porque el legislador indicó que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia había un rango, y eso está en el artículo 56 inciso tercero; dice mayores de 45 y menores de 75, en ese rango teníamos que postular. Y hemos hecho, y de salir nombrado, quedaban los cinco años. Y en cuanto a la acusación e inhabilitación aprobada por la Comisión Permanente, tampoco hay fundamento, pues el caso se trata de una interpretación, de una cuestión de criterio. Y si no estamos de acuerdo con el criterio de uno, debemos ser muy respetuosos de las instituciones, y eso conlleva a la independencia de los órganos constitucionales autónomos.

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-Entonces, ¿nadie puede cuestionar sus resoluciones?

-La resolución 224-2020 de la JNJ (sobre la permanencia de la magistrada Inés Tello), muy cuestionada, podía ser revisada, podía merecer una demanda de amparo, una acción de cumplimiento y una acción popular. Cualquier persona, no solo los posibles afectados, que este caso serían los suplentes, puede acudir al Poder Judicial e interponer las acciones de garantía previstas en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional. Por lo tanto, en este caso no hay una infracción constitucional. Tanto así, que el año pasado, al darse cuenta de que no está regulada la edad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia como motivo de vacancia, se presentaron cuatro proyectos de ley en el Congreso para ello, y están en la Comisión de Constitución y Justicia.

-¿Los legisladores podrían argumentar que el fallo del TC es posterior al informe del ponente y no aplica para su caso?

-Pero ratifica lo que nosotros hemos sostenido en todo este tiempo.

-¿Los parlamentarios tendría que tomarlo en cuenta para emitir su voto?

-Indudablemente tendrían que tomar en cuenta lo que está señalando el intérprete máximo de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional porque estamos en un Estado de derecho, constitucional y una democracia. Debemos cuidar el valor de la constitucionalidad, eso es lo que sienta las bases de desarrollo para la calidad de vida de las personas en el país. Tengo la esperanza de que el derecho y la justicia prevalezcan en el Pleno del Congreso de la República ante la acusación e inhabilitación de los miembros de la Junta.

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-Si los congresistas no acatan la sentencia del TC, ¿en qué estarían incurriendo?

-No he pensado en ello porque aún sigo creyendo, como mujer de leyes, que ellos van a evaluar todas las circunstancias. Lo que sí pido que valoren el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque ellos mismos lo han solicitado, y que está en la misma línea de análisis y resultado de lo que nosotros sostenemos

-Trascendió que hace unos días una delegación del Fondo Monetario Internacional fue para indagar sobre los riesgos de la JNJ, a fin de incluir la información en su informe anual. ¿Ese fue el motivo?

-Asistieron los señores presidente y vicepresidente y nos han informado en esos términos. Organismos y delegaciones internacionales vienen para recoger y verificar lo que está pasando con la Junta y el FMI ha venido con ese objetivo, como otras misiones de anticorrupción también. Además, tenemos conocimiento porque el Estado, a través de sus mecanismos, nos están pidiendo información, y les comunican por la vía diplomática.

-Si les falta ya diez meses para cumplir su mandato, ¿por qué cree que hay esa desesperación de destituirlos?

-Evaluando, presumo que hay dos circunstancias. Una de ellas es que estamos por evaluar a los jefes de ONPE y Reniec, y existe un reglamente para determinar si se les ratifica o no. Tal vez hay un temor en ese caso. Y el segundo tema, que me preocupa mucho, es la impunidad, que no podemos permitir.

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-Cuando menciona la impunidad, ¿se refiere a la investigación de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides?

-En la Junta tenemos varias investigaciones. Hay aproximadamente 70 procesos disciplinarios, en los que habría faltas graves que quedarían en impunidad, pues con el transcurso del tiempo prescribirían y no se podría sancionarlos.

-¿No podrían asumirlos sus suplentes?

-Podrían verlo, pero hasta que asuman y retomen los casos pasa tiempo, así que esos casos simplemente caducarían.

-Insisto, si los congresistas no acatan en su totalidad el fallo del TC, ¿estarían cometiendo un delito?

-Es una infracción.

-Entonces, podrían ser acusados de incumplir la Constitución...

-Indudablemente, la decisión es del más alto tribunal que interpreta la norma. Pero reitero soy una persona de mucha confianza y debemos seguir luchando por la independencia de los órganos constitucionales autónomos.