Juez incorpora a Podemos Perú y Telesup en proceso penal a Luna Gálvez

El partido político "Podemos Perú" y la Universidad Privada Telesup fueron incluidas en calidad de personas jurídicas investigadas, en la investigación penal por organización criminal que el Equipo Especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, sigue desde diciembre de 2020 al congresista y empresario José Luna Gálvez.

Por lo cual, el juez nacional de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz concedió cinco días al referido partido político para que designe a un apoderado judicial, diferente de las personas que se encuentran investigadas en el presente caso: su presidente fundador José Luna Gálvez y el secretario general Enrique Wong Pujada.

Sí, transcurrido los cinco días, precisa la resolución judicial, "Podemos Perú", antes "Podemos por el Progreso del Perú", no nombra a su representante, el juez designará a uno de oficio a fin de garantizar que la persona jurídica cuenta con defensa legal idóneo.

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La universidad Telesup está representada por el ciudadano Luis Felipe Luna Morales, quien no es investigado en este proceso.

Los motivos del juez

Chávez Tamariz incorporó a Podemos Perú como investigado al acoger los argumentos de la fiscalía por causal de "defecto de organización durante los años 2016 y 2017 en el periodo de constitución y procedimiento de inscripción en el registro de partidos políticos".

De acuerdo con la fiscalía, en el proceso de inscripción, el referido partido político no realizó un "control del proceso de recabar firmas", ni realizó una debida capacitación y supervisión  de los recolectores, "lo que permitió que se presenten firmas falsas ante el Jurado Nacional de Elecciones, firmas que han sido consideradas válidas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales".

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En su defensa, la organización política que lidera el congresista José Luna Gálvez señaló que no se le puede imputar "defectos de organización" pues el partido político recién nace con su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas -ROP del JNE.

Sin embargo, dice el juez, debe tenerse en cuenta que la mención de que un partido político adquiere personería jurídica con su inscripción, no niega ni desconoce que se le puedan pedir cuentas sobre los actos presuntamente ilícitos realizados con anterioridad a su registro, más si antes y después participa el mismo grupo de personas.

En tanto,  la universidad Telesup es incorporada al proceso partir de una serie de indicios, como la declaración de un colaborador eficaz y del investigado y exjefe de ONPE, Adolfo Castillo, que indican que fue utilizada para financiar las actividades de la organización criminal, como la infiltración en el CNM, a través de Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez, y la inscripción de "Podemos Perú".

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Los indicios

El juez  resalta la participación activa de dos exfuncionarios de ONPE en el proceso de inscripción de Podemos Perú: José Luis Cavassa Roncalla y Luis Alejandro Navarrete Santillan laboraron en ONPE, entre 1996 al 2000, época en la que se denunció la masiva falsificación de firmas para la inscripción del partido fujimorista Perú 2000.

José Luis Cavassa fue trabajador de Telesup desde el 2015 hasta junio del 2018, época en la que se infiltró el CNM y se logró el registro como organización política de Podemos Perú. Para lograr ese objetivo, precisa la fiscalía, la universidad suscribió contratos con Iván Noguera y Guido Aguila para la publicación de sus libros.

Además, se realizaron depósitos en las cuentas de Juan Carlos Gutiérrez, hijo del consejero Julio Gutiérrez Pebe. En tanto, la excónyuge de Iván Noguera, Flor de María Sisniegas Linares fue designada decana de la facultad de derecho de dicha universidad.

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Una vez que lograron que Adolfo Castillo sea nombrado jefe de ONPE, Cavassa se habría encargado de designar a personas de confianza en puestos claves del órgano electoral con el fin de agilizar la inscripción del partido político "Podemos por el Progreso por el Perú", hoy Podemos Perú.

"Los funcionarios que no eran útiles para sus fines y/o se interponían al accionar de la presunta organización criminal eran sometidos a presiones, procesos administrativos disciplinarios y/o despidos a través de renuncias simuladas", precisa la resolución judicial.

Diciembre 2024

En enero último, el juez Chávez Tamariz amplió el plazo de la investigación preparatoria contra el congresista José Luna Galvéz, su hijo José Luna Morales y otras 14 personas hasta el 13 de diciembre de 2024.

El lunes, 4 de marzo, el Tercer Juzgado Penal Colegiado sentencio, en el marco del caso La Centralita, a José Luis Cavassa Roncalla por delito de lavado de activos, al recibir pagos no justificado de la constructora Odebrecht, vía la concesionaria IIRSA Sur.