Caso Putis: el 10 de julio, Fiscalía presentará imputaciones contra militares implicados
El 13 de diciembre de 1984, militares de la Segunda División de Infantería de Ayacucho, comandada por el general Wilfredo Morí Orzo, con apoyo de la compañía Los Linces, ejecutaron a 123 personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños de la comunidad de Putis. Las féminas fueron previamente violadas.
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Luego de exponer sobre el periodo de violencia interna en el país y los hechos ocurridos en la masacre en Putis, donde fueron ejecutadas 123 personas, presuntamente en manos de militares, el fiscal Gino Quiroz informó a la presidenta de la Sala Penal Nacional Transitoria, Miluzca Cano, que el 10 de julio, desde las 10.30 a. m. hasta la 1.00 p. m., presentará las imputaciones sobre la masacre ocurrida en Putis (Ayacucho).
El fiscal Quiroz destacó en la audiencia de hoy, miércoles, la intervención en los hechos en Putis de la denominada compañía 'Los Linces', al mando del acusado Luis Óscar Grados Bailetti, quien fuera contratado por el actual Congreso de la República, para luego ser retirado por su implicancia en esta matanza. Hizo referencia al informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) para destacar que, entre 1983 y mediados de 1985, la provincia de Huanta quedó bajo el control de la Marina de Guerra, aunque las zonas altas, como la comunidad de Putis, eran patrulladas por efectivos del Ejército peruano conocidos como 'Los Linces'.
Asimismo, señaló que este grupo se encontraba bajo el mando directo del Estado Mayor y que, por lo tanto, cualquier desplazamiento de 'Los Linces' era de conocimiento del jefe del Estado Mayor de Ayacucho, es decir, del general Wilfredo Morí Orzo, otro de los acusados en este proceso.
“Respecto a este grupo, se trataba de grupos especiales, personal de tropa, a quienes se le llamaba 'Linces', quienes incursionaron en la localidad de Putis y lugares aledaños. Es en ese contexto donde tuvo participación el entonces capitán Óscar Grados Bailetti, quien se desempeñaba como jefe de la Compañía Linces y que, incluso, él menciona en su declaración a nivel preliminar que la compañía, después de una incursión terrorista, llegaba al lugar del ataque, permaneciendo tres días con la población y que era la autoridad máxima la que determinaba el desplazamiento en helicópteros, es decir, el general Wilfredo Morí Orzo”, expuso el fiscal.
Señaló que, en 1983, Sendero Luminoso (SL) ingresó a varias comunidades como Putis para eliminar a las autoridades que no los apoyaban y, bajo esta amenaza, fueron obligados a abandonar sus viviendas y trasladarse a las alturas de los cerros de la localidad de Putis. No querían que tengan contacto con las fuerzas del orden.
Es así como —siempre según la línea de investigación del fiscal— el Ejército peruano instaló una base militar en casas abandonadas de Putis que se encontraban bajo la competencia de la Segunda División de Infantería del Ejército peruano, cuyo comandante general era el procesado Morí Orzo, además de Juan Briones Dávila, jefe del Estado Mayor Administrativo (Jema).
Los comuneros fueron invitados por los militares a bajar del cautiverio, bajo la promesa de darles protección de los terroristas en diciembre de 1984. Lo hicieron portando banderas blancas y junto con sus menores hijos.
“Los pobladores permanecieron de dos a tres días, siendo que el último día que estuvieron con vida los comuneros, los jefes de las bases militares, acompañados de los soldados, (…) se presentaron a las 5.00 a. m., ofreciéndoles la idea de desarrollar una actividad en forma conjunta, proponiéndoles construir una piscigranja”, continuó el relato.
Los campesinos cavaron un terreno hasta una profundidad de un metro, cuando apareció un grupo de militares que les dispararon con sus armas de fuego, mientras otro grupo de soldados violaba a las mujeres en otros ambientes. También fueron ejecutadas junto con sus hijos.
“Todos los cuerpos fueron arrojados al pozo, luego los militares cubrieron con tierra los cuerpos de los ejecutados e hicieron caer las paredes de la escuela sobre la fosa”, señaló el fiscal Quiroz .
Licenciada en Ciencias de la Información con especialidad en periodismo de la Universidad de Piura (UDEP). Redactora de la sección política del diario La República. Experiencia como redactora e investigadora para el área política de otros medios impresos y de televisión.
