Andrés Calderón: “Cualquier reforma constitucional debería pasar por la validación de la ciudadanía”

─ “Somos libres, pero todo tiene un límite”. Así empieza un capítulo de su libro. ¿Cuáles serían los límites de la libertad económica?

─El principal límite es no dañar a terceros, a otros ciudadanos, a otras empresas que se pueden poner de manifiesto como, por ejemplo, en la protección de salud y seguridad de las personas. Las actividades económicas no deberían tener efectos nocivos para las personas, y si los tienen hay que mitigarlos o repararlos. Si los daños existen, solo son lícitos aquellos que suceden en la dinámica de la competencia, de la pugna, conocido como daño concurrencial lícito. Lo que no es lícito es boicotear al competidor, excluir competidores a través del abuso de posición del dominio o dañar a los consumidores a través de prácticas colusorias.

─Los monopolios afectan a los consumidores y en el Perú parecen suceder sin que nadie haga algo. Cómo entender el ejercicio monopólico en el Perú.

─Debemos pasar por entender que el monopolio es una realidad económica, que puede producirse. Quizá no es deseado, pero eso no lo convierte en ilícito. Puede representar un estadio temporal en el que los consumidores han dado su preferencia a una empresa y esa, eventualmente, se convirtió en monopolio. Por naturaleza es un fenómeno temporal. Nosotros deberíamos aspirar a que los mercados no sean monopólicos, potenciando a la competencia.

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─Entonces, ¿cómo limitar el ejercicio monopólico?

─Cuando la competencia no sea posible, a través de la regulación. La Constitución establece regulaciones tarifarias para decirle a la empresa: “oye, tus precios son altos”. Hay otra forma, que es prohibiendo los monopolios legales. El Estado no puede asignar exclusividades, como en antaño se hacía, para que alguien sea el único que desarrolle y ofrezca un producto o una patente (...) Otra forma que la Constitución permite es que, ante los abusos del poder dominante o monopólico en el mercado, el Estado puede sancionar este tipo de prácticas a través de órganos regulatorios como Indecopi. No podemos prohibir los monopolios por decreto porque es como prohibir los temblores. Estos ocurren porque es un fenómeno económico que escapa de los designios de una norma; sin embargo, podemos controlar esos abusos de poder para que no generen efectos nocivos.

─Algunos liberales contrargumentarían esa idea diciendo que el monopolio es una falla del mercado. Ante ello deberían existir leyes que las eviten, ya que sería una contradicción dejar puertas abiertas a situaciones que limiten la competencia y las libertades, además de la libertad de mercado.

─Comparto la idea de que los monopolios no son una situación deseada. Sin embargo, creo que no le corresponde al constituyente ni al legislador definirlo, sino a los consumidores.  Lo que sí le corresponde al Estado es introducir herramientas que fomenten la competencia y aparezcan otras empresas que disputen la posición monopolista de la empresa. Pongámoslo en términos positivos. No prohibir, sino crear incentivos para que exista competencia que haga difícil la generación de monopolios.

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─La Constitución limita la intervención del Estado solo a un carácter subsidiario, y eso ha propiciado una hiperprivatización que afecta a los ciudadanos. Algunos quieren privatizar, incluso aquellas empresas estatales que manejan recursos naturales escasos como el agua. ¿Qué opinas sobre las empresas estatales?

─Me parece sorprendente el casi enamoramiento que algunos tienen por las empresas estatales, cuando existen otras formas más eficientes por las cuales el Estado puede y debería intervenir en la economía (...). La Constitución no impide a todas las empresas estatales. Habilita esa herramienta, pero dice que la utilicemos de forma muy racional, solamente cuando haya un alto interés público, una manifiesta conveniencia nacional aprobada por una ley del Congreso y haya necesidad porque no existe suficiente oferta privada.

─En su libro dice que la Constitución no debería ser cambiada, pero sí es perfectible. Sin embargo, vemos un Congreso que busca reformar constantemente artículos de la Constitución. Ya se ha reformado más de 25 veces. ¿No cree que una asamblea constituyente ayudaría a que esos cambios gocen no solo de legalidad, sino de legitimidad?

─Lo que sucede es que, para plantear esa idea, es importante que se vean las motivaciones que mueven esa propuesta. ¿Se observan errores constitucionales o hay una insatisfacción muy grande hacia la clase política? Hoy no encuentro justificación suficiente para una asamblea constituyente, ya que no veo una desconexión del texto y de necesidades insatisfechas. Lo que sí veo es que hay un incumplimiento de la Constitución. Creo que efectivamente el derecho a la salud y a la educación no se está garantizando para todos los ciudadanos, a pesar de que son derechos constitucionales reconocidos que obligan al Estado a no tener un rol subsidiario sobre estos temas, sino un rol asistencial que obliga a atender a los ciudadanos en estos aspectos. En vez de que la responsabilidad la asuman los políticos, me parece que una asamblea constituyente sería una lavada de manos. No se puede pretender que un texto cambie la vida de la gente. El problema está en el cumplimiento de la Constitución.

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─¿Crees que el Congreso actual debería seguir haciendo reformas?

─Creo que hay una desconexión práctica actual entre los congresistas y los intereses sociales de la ciudadanía. No lo están haciendo bien. Mientras más drásticas son las reformas, más legitimidad debería tener el actor que lo propone. Y no es así. Hoy por hoy, cualquier reforma debería pasar por la validación de la ciudadanía a través de referéndums o plebiscitos de forma responsable.