El garrote no debe ni puede remplazar al diálogo.

El Estado de Emergencia declarado por el gobierno para controlar la violencia en la provincia de Espinar ha traído de vuelta el frenesí de la mano dura, esa sensación perversa cuestionada por el Historiador de la República, Jorge Basadre, que consiste en la tentación de sacrificar la libertad por el orden, como si fuesen valores antónimos. En pocas horas se han levantado las voces que exigen más represión en el sur, la sanción de parlamentarios que demandan respeto a los DDHH y el fin de todo diálogo con la población que protesta.

Estas voces aplauden o ignoran los excesos cometidos durante los operativos para devolver la calma a Espinar, como la detención de varios activistas defensores de los DDHH de la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, quienes pocas horas antes habían ayudado a liberar al fiscal Héctor Herrera secuestrado por pobladores. Las mismas voces exigen una represión plana de toda demanda social y la interdicción de la crítica al Estado o a la empresa.

Esta estrategia es vieja y conocida. Consiste en criminalizar toda protesta social bajo el supuesto de que la voz alzada desde la calle es un delito y que la única verdad es la que se expresa en los salones del Estado. En su aplicación peruana, varios sectores políticos y mediáticos niegan la existencia de los conflictos sociales y, como en el pasado, bautizan a los movimientos sociales como hordas a las que solo queda expulsar del sistema, es decir extirparlas.

Lamentablemente para ellos, el papel del Estado es más complejo. De hecho, en Espinar era evidente que el Estado de Emergencia era necesario para restaurar el orden público y evitar la violación de las libertades. Sin embargo, desde esa medida de protección ciudadana no se puede saltar hacia la violación de los derechos de los que demandan y a la erradicación del diálogo social. Si eso se produjera, solo estaríamos cambiando de violencia y, contrariamente, de lo que se trata es de conjurarla con una solución que traiga orden y libertad, al mismo tiempo.

El gobierno actual ofreció cambiar esta historia y acometer los conflictos sociales desde una perspectiva donde el Estado sea un árbitro con la ley y la justicia en la mano. Esta promesa tuvo su origen en tragedias como la de Bagua y en el hecho de que durante el anterior gobierno se sumaron 174 muertos solo por conflictos sociales. Para este cambio, la oferta incluyó una reforma integral de la política de prevención de conflictos, fortaleciendo el papel regulador del Estado y sus entes rectores, entregando competencias a los gobiernos regionales.

No obstante, en pocos meses, el actual gobierno ya suma 12 fallecidos en su haber. La política frente a las demandas sociales le ha sido encargada a la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM, con escaso presupuesto, sin facultades de solución y con restricciones en la relación con los ministerios, en una situación similar a la del pasado, solo que con una alta expectativa de eficiencia producto de las promesas electorales. En lugar de liquidar a varazos las demandas sociales el papel de la política y de los medios es exigir que se haga realidad el cambio prometido. La otra ruta, la del clímax de la mano dura, el remplazo del diálogo por el garrote, es un espejismo y una receta del fracaso.

Municipio alimentó el radicalismo que lo desbordó.

El conflicto que sacude violentamente Espinar es recurrente en los últimos 20 años conjugando, en un rito trágico, un liderazgo social que apela a la violencia con facilidad, alcaldes que encienden protestas que se les van de las manos, una empresa con problemas de relacionamiento con la comunidad y un Estado con escaso poder de regulación. Analizar los trágicos sucesos en esa provincia cusqueña dividiendo a sus protagonistas entre buenos y malos es un ejercicio inútil que impedirá extraer lecciones de los sucesos hasta el siguiente nuevo ciclo violento.

La Municipalidad Provincial de Espinar buscó en los últimos meses liderar las demandas contra la empresa Xstrata Tintaya, con lo cual alimentó el radicalismo del Frente de Defensa Ambiental. Además exhibió algunas demandas desmesuradas, como el incremento de 3% a 30% del aporte voluntario de la empresa, y la acusó de contaminación basada en un documento del Ministerio de Salud. No obstante, el municipio exhibe un bajo nivel de ejecución; el 2011 solo gastó el 33% de los recursos recibidos. Del mismo modo, el informe de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), en base al cual se hicieron cargos a la empresa, no especifica directamente si Xstrata Tintaya incurrió en contaminación ambiental, en una zona donde también opera la minería ilegal.

El aporte voluntario de Tintaya es una referencia de responsabilidad social y ha permitido en los últimos años construir el Hospital de Espinar, una planta de lácteos, otra de fibra de alpaca y un Centro de Recursos Educativos. Si bien el aporte puede elevarse, debe ser resultado de una negociación a la que en un primer momento se opuso la empresa y luego el radicalismo del Frente de Defensa Ambiental, que propone acabar con toda actividad minera, lo que ha desbordado la autoridad del municipio. El alcalde de esa provincia ha perdido predicamento ante la población y el jueves pasado fue sobrepasado y agredido físicamente por los radicales.

El año 2005 las protestas en Espinar, en ese momento contra la empresa BHP Billiton Tintaya, tuvo un desenlace no deseado. La violencia acabó en el cierre de actividades y en la venta de los activos, por lo que se perdió una oportunidad para el acuerdo y el desarrollo. El conflicto de Espinar, en esta fase, tiene salidas, las que pasan por reducir los arrestos radicales y garantizar por parte de la empresa una voluntad de diálogo. El gobierno puede impulsar un nuevo estudio técnico sobre los efectos ambientales de la actividad minera, como lo ha sugerido la Defensoría del Pueblo en el Cusco. Del mismo modo, ante la posibilidad de cambios en el Convenio Marco, este debe incluir al Estado central como garante y gestor porque hasta ahora solo es un acuerdo entre la empresa, las comunidades y los alcaldes involucrados.

En los sucesos de Espinar hay responsabilidades que no pueden ser eludidas. El 20 de abril se tomaron acuerdos entre los representantes del Ejecutivo y las organizaciones de Espinar que concordaban en que la propuesta de incrementar de 3% al 30% el aporte de la empresa era inviable. En aquella oportunidad se convino en que el pedido de indemnización por los daños ocasionados por la actividad minera debía sustentarse en informes técnicos. No obstante, el municipio se negó a suspender el paro programado para el 21 de mayo. Las consecuencias están a la vista.

Enigmas en la relación entre el oficialismo y Perú Posible
 

El presidente Ollanta Humala y líder del Partido Nacionalista y el ex presidente Alejandro Toledo se han reunido para repasar los temas de Estado sobre los cuales el gobierno recibe el respaldo de Perú Posible, partido de Toledo, como de otras fuerzas políticas. Según lo informado, el ex Presidente reiteró el apoyo a la estrategia peruana en relación con la demanda de límites marítimos con Chile, a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y a las gestiones para la recepción de las inversiones. No se ha informado, sin embargo, de otros temas abordados, en especial de la colaboración entre ambos partidos en la tarea de gobierno.

La relación entre el PNP y Perú Posible (PP) se gesta en las elecciones del año pasado luego de que el grupo toledista, cuarto en votación de la primera vuelta con 15,6% y más de dos millones de sufragios, decidiera respaldar en la segunda vuelta a Humala para evitar la victoria del fujimorismo. Los orígenes de esta relación fueron dolorosos, tanto por la tenaz confrontación entre Humala y Toledo desde el 2005 y por la brusca caída de la candidatura de Toledo en el último tramo de las elecciones. Ambos, sin embargo, empezaron a construir una relación personal provechosa entre un presidente en ejercicio y un ex Jefe de Estado.

No se puede decir lo mismo de la relación entre las dos formaciones políticas, PP y sus aliados (Acción Popular, Somos Perú y varios movimientos regionales) y el nacionalismo. El partido del ex Presidente colocó en el gobierno a dos ministros sin que ello fuera el símbolo de un pacto para gobernar y se integró en la mesa directiva del Parlamento con un pie adentro y otro afuera. Esta fórmula no benefició ni al gobierno ni a Perú Posible y, sobre todo, perjudicó la posibilidad de organizar una mayoría política dentro y fuera del Parlamento para acometer varias reformas que el Perú demanda. En cambio, en el segundo gobierno de Fernando Belaunde la alianza AP-PPC, y en el mismo gobierno de Toledo el pacto PP-FIM, fueron acuerdos más explícitos y el punto de partida de la gestión conjunta de decisiones de mayor calado.

En los actuales estándares democráticos, el acuerdo para gobernar no es un tabú, varios países de la región se guían por esta fórmula y en ningún caso esta implica la pérdida de futuro para los socios. En el caso peruano, los sobresaltos de los últimos meses conciernen también con esa extraña relación entre el oficialismo y PP y sus aliados, donde se sabe lo que no son, es decir ni enemigos ni aliados, pero no siempre lo que son.

El signo que domina nuestra democracia es la precariedad institucional y una receta confiable para conjurarla son las reglas claras. En ese sentido, es conveniente que la ciudadanía conozca el horizonte de las relaciones entre ambos grupos políticos, la agenda y el alcance de la cooperación política, si la hubiese, y los temas que se negocian de cara a ella; la madurez del país premiaría ese esfuerzo de transparencia. En esa ruta es importante valorar que lo concerniente a quién representará al oficialismo en el Parlamento no le corresponde al Ejecutivo. La decisión puede ser adoptada por el oficialismo en tanto entidad partidaria pero no por la Presidencia de la República en calidad de poder del Estado. En un país de régimen presidencial y no parlamentario no es una exquisitez semántica sino un resguardo del equilibrio de poderes y una protección del mismo Ejecutivo.

Más allá de la aprobación o el rechazo presidencial.

La última encuesta de GfK publicada ayer por La República no arroja novedades en la aprobación general presidencial que desciende solo tres puntos respecto del mes anterior. En cambio, es apreciable el incremento de la desaprobación (44%) seis puntos respecto de abril. Al igual que en la medición anterior de GfK, en este sondeo se observa un temperamento público que no puede ser analizado, exclusivamente, desde la aprobación del desempeño presidencial. Otros factores inciden en la formación de la opinión ciudadana, de modo que la idea básica de un teflón construido alrededor de la figura presidencial debe tomarse con reserva.

El reciente sondeo revela el incremento de la identificación de los peruanos con la oposición, que pasa de 31% en abril a 42% en mayo, en tanto se mantiene en 47% la simpatía con el gobierno. Este dato es crucial porque vincula la adhesión o rechazo personal al Jefe del Estado con el respaldo al “modelo Humala” de gestión del gobierno y la oposición a este. Ese punto de vista es complementario con los detalles sectoriales y geográficos del respaldo presidencial: si bien Humala cae 3 puntos en su aprobación general, cae 5 en el sector D y sube otros 3 en el sector E; es también significativo que la aprobación presidencial descienda 5 puntos en Lima y otro tanto en el sur.

Asimismo, es relevante el decaimiento de la visión de cambio. En abril, el 54% consideraba que con este gobierno la situación se mantenía igual, porcentaje que en mayo sube a 61%. Al revés, solo el 24% cree que ha mejorado, seis puntos menos que hace un mes. No es obligatoria una asociación entre estos porcentajes y otro que indica que el 75% cree que el gobierno es de centro, frente al 18% que cree que es de izquierda. Aun así, en síntesis, se puede afirmar que una consistente mayoría de peruanos considera que el actual gobierno no protagonizará cambios bruscos o de fondo en la política y economía peruanas.
Finalmente, no puede ser obviada la mayoritaria desaprobación del gobierno en cuatro áreas fundamentales –terrorismo, narcotráfico, delincuencia y corrupción–, razones por las cuales, precisamente, muchos peruanos votaron por la opción ganadora en las elecciones del año pasado.

59 DIRIGENTES DENUNCIADOS
 

59 dirigentes y autoridades de Cajamarca han sido denunciados por el Ministerio Público, acusados de extorsión agravada, entorpecer el funcionamiento de servicios públicos y disturbios contra el Estado; entre ellos figuran el presidente regional Gregorio Santos y Marco Arana, líder nacional del Movimiento Tierra y Libertad, recientemente inscrito. La denuncia, a pocas horas de realizarse en Cajamarca dos marchas, una a favor y otra en contra del proyecto minero Conga, no puede desligarse del contexto de la tensión que se vive en la zona desde hace ocho meses. La masiva denuncia y los cargos contra ellos no dejan lugar a la especulación; forma parte de una estrategia de acoso y derribo de los que asumen determinada posición en torno al proyecto minero, contra quienes se ha ensayado más denuncias en la fiscalía, acciones en la Contraloría y proyectos de ley en el Parlamento, además de una intensa campaña de desprestigio en medios de comunicación. Evidencia, al mismo tiempo, una falta de imaginación para enfrentar con métodos eficaces los conflictos sociales, bajo el supuesto, negado por la realidad, de que la estrategia de intimidación reemplaza al diálogo.

Perú actúa con serenidad en el contexto de La Haya
 

La cancillería ha ratificado el viaje del Presidente Ollanta Humala a Antofagasta (Chile) el próximo 6 de junio, para participar en la Cumbre de la Alianza del Pacífico. En ese sentido, se desvirtúa que esta asistencia se supedite a un acuerdo final sobre el desminado de la frontera común. El gobierno peruano ha reiterado la importancia de esta alianza que tiene para su política exterior. La Alianza del Pacífico fue una propuesta inicial peruana que en su momento fue considerada una respuesta regional al bloque político liderado por Venezuela. Sin embargo, la III Cumbre, realizada virtualmente en marzo pasado, con la participación de Chile, México, Costa Rica y Panamá, además del Perú, avanzó sustantivamente en el diseño de un área de integración que permita la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con posibilidades de una mayor apertura. En esa fecha, los países miembros aprobaron el texto del acuerdo marco; en Santiago, en la cuarta reunión, se suscribirá el acuerdo que culminará con la constitución de la alianza. La reunión de Santiago se realiza en el marco de las negociaciones entre Perú y Chile para realizar el desminado de la zona limítrofe. En un acuerdo arribado en abril pasado por los mandatarios de los dos países se concordó que esta labor sea realizada por una empresa privada. Algunos detalles han impedido hasta ahora concretar este acuerdo. La totalidad de las minas fueron sembradas por Chile en los años setenta.

Tampoco se puede obviar que la cita en Chile se produce en el contexto de la expectativa de ambos países por el inicio de la fase oral de la demanda entablada ante la Corte de la Haya por el Perú en relación con la frontera marítima. Ambos países han señalado, como no puede ser de otro modo, que acatarán el fallo y es deseable que de cara a este momento, ambos gobiernos actúen con ponderación y mesura. En ese sentido, no han sido las más felices las palabras del mandatario chileno en su reciente discurso ante el Congreso Nacional. El Perú, no obstante, ha pasado por alto esas palabras convencido que lo fundamental en este momento es evitar la sobreactuación de nuestra política exterior y garantizar que la última etapa del proceso en La Haya se lleve a cabo sin la presencia de factores extraños al mismo.

AL RáBANO POR LAs HOJAS
 

La bancada fujimorista ha presentado un proyecto de ley que crea una Autoridad Autónoma en el Valle del Río Apurímac y Ene (Vrae) como el principal instrumento para resolver los problemas detectados durante la infausta Operación Libertad. La iniciativa no es nueva; es la reiteración, párrafos más o menos, de otros proyectos presentados en los últimos años siempre con el deseo de resolver el problema de la presencia del Estado en esa zona. En este caso, la propuesta de Autoridad Autónoma no se relaciona con el papel que en este momento cumplen en la zona los gobiernos regionales y otras instancias del Estado, cuya legitimidad quedaría en el aire de aprobarse la norma. Eso es precisamente lo que ahora no debe hacerse en el Vrae, un territorio sobre el que el gobierno está obligado a proponer un conjunto de medidas sustentables y coherentes. El problema de la gestión pública en la zona será consecuencia de ese planteamiento y no al revés. No hay que tomar el rábano por las hojas.

La Unesco pide medidas de emergencia para salvar al santuario

Una misión técnica de la Unesco, que inspeccionó este mes el Parque Arqueológico de Machu Picchu, solicitó al Perú la aplicación de medidas de emergencia en la zona de amortiguamiento del monumento, específicamente en el poblado de Aguas Calientes. La Unesco considera que el crecimiento de dicho poblado debe ser controlado para evitar una expansión desordenada y alertó sobre el riesgo que implica la construcción de una carretera alterna al santuario. No es la primera alerta de la organización mundial sobre Machu Picchu; desde hace una década existe el riesgo de que el santuario sea incluido en la lista de patrimonios culturales en peligro.
 

A la Unesco le preocupa integralmente el límite del ingreso de turistas a la zona, la construcción de la segunda etapa de la hidroeléctrica local, el crecimiento urbano de Aguas Calientes y las obras de infraestructura en la zona de amortiguamiento. El año pasado reiteró varias observaciones específicas, entre ellas la nueva carretera hacia Machu Picchu por Santa María-Santa Teresa y la gestión de riesgos de la ciudadela. Sin embargo, hasta ahora no se sabe con certeza cuáles son las preocupaciones centrales del Estado; solo se tiene constancia, luego de una década de pedidos de la Unesco, que el Perú no ha escuchado estos llamados.
 

Sobre Machu Picchu se experimenta una tensión que no ha sido resuelta. Por un lado, están la vocación conservacionista de una parte de la autoridad regional del Qosqo y del Ministerio de Cultura y, por la otra, la caótica gestión del territorio por parte de la burocracia, junto a las presiones comerciales locales por incrementar el flujo turístico sin control. En esa visión, es posible duplicar el flujo actual de turistas sin dañar el medio ambiente, en tanto que la conservación es poco menos que un prejuicio ideológico. Luego de esta alerta, la enésima, quizás convenga que los sectores nacionales y locales vinculados al tema superen esa tensión y la conviertan en un sano equilibrio entre la necesidad de conservación del patrimonio y el desarrollo nacional desde una actividad turística sustentable, a la que el Perú también tiene derecho.

CONGA, CURSO DE COLISIÓN

El caso del proyecto minero Conga está en curso de colisión. Por un lado, se anuncia para el 29 de mayo una marcha por la paz, el trabajo y el desarrollo, al llamado de la Cámara de Comercio de Cajamarca y otros gremios empresariales. La movilización es vista con simpatía por un sector del gobierno que la considera una respuesta masiva y legítima al rechazo del gobierno regional al proyecto minero Conga. Esta marcha se realizará dos días antes del inicio de la huelga indefinida promovida por organizaciones sociales, respaldada por el gobierno regional, en demanda de la declaratoria de inviabilidad del proyecto minero. Dispuestas así las fuerzas, un caso que debería ser parte de una negociación ordenada y racional, se deriva a las calles, un escenario propicio para la agudización de la confrontación y acaso de la violencia. Ante esta perspectiva se precisa responsabilidad. El gobierno debe dar un curso creíble al diálogo ofrecido por el Presidente en su Mensaje a la Nación, en tanto del Gobierno Regional de Cajamarca debe volver a la postura en favor del diálogo, asumiendo la representación de la región en su conjunto y no de una facción de ella, alejándose de salidas radicales que, bien vistas las cosas, no son salidas.

Dos organismos que requieren una nueva etapa.
 

El Congreso aprobó la modificación de las reglas de elección del Defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), a fin de que también se realicen directamente por invitación y no solo por concurso público. En el siguiente paso, el parlamento elegirá una comisión especial que, previa evaluación, decidirá por alguna de las dos vías. Lo más probable es que el Legislativo escoja la ruta de la invitación por los sucesivos fracasos que debilitan los dos organismos constitucionales autónomos. Con estas modificaciones se presume se garantice que el parlamento cumpla con mandatos largamente postergados.

Hace más de un año Beatriz Merino renunció a la Defensoría del Pueblo al no haberse concretado la propuesta de invitación para un nuevo período. En el TC el período de Carlos Mesía venció en julio del 2011, el de Juan Vergara en diciembre del 2009 y el período de funciones de otros integrantes vencerá en breve.
En noviembre pasado, la oposición, liderada por el fujimorismo, rechazó el cambio del procedimiento bajo el argumento de que estos cargos deben someterse a una comisión evaluadora. Lo cierto es que el parlamento se ha visto imposibilitado de producir una mayoría para cumplir una de sus funciones constitucionales. Si se suman la ausencia de un Defensor del Pueblo titular, los dos miembros del TC que faltan elegir y los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) que no se designan desde agosto del año pasado, estamos ante una inédita esterilidad parlamentaria, por tiempo y número. Por esa razón es correcto que se haya aprobado que las designaciones se deban realizar dentro de los 60 días naturales anteriores a la expiración del mandato.

Para la elección del Defensor y de los miembros del TC se requieren el voto de dos tercios y los directores del BCR, mayoría absoluta. Es conveniente que estas decisiones demanden altos consensos parlamentarios.

Sin embargo, los procesos de elección se han complicado en los últimos años por un sistema de reparto partidario de los cargos, para los que no siempre se designan a los más capaces y, al mismo tiempo, se rechaza a los profesionales reconocidos que no tienen una militancia partidaria. No se trata de vetar a los postulantes militantes, porque el TC ha tenido destacados juristas como Víctor García Toma y Javier Alva Orlandini, del Apra y AP, respectivamente,  sino de superar un sistema de elección crecientemente estéril, donde los concursos se vician por el manoseo de los postulantes y por cronogramas tediosos.

La elección por invitación refuerza la posibilidad de contar con profesionales de mayor solvencia e independencia, un elemento clave para su eficacia. En el caso de los tribunales constitucionales, sus orígenes se relacionan con la desconfianza de los jueces, circunstancia a la que se agregan los procesos políticos de flujo y reflujo democrático. Por esa razón se ha anotado que estas instituciones son más útiles en aquellos países con dificultades para transitar desde el Estado liberal del siglo XIX al Estado democrático del siglo XX. En el caso de las defensorías del pueblo, en sus antecedentes históricos, desde el Parlamentary Commisioner en Gran Bretaña, Le Mediateur en Francia, hasta el Defensor del Pueblo en España, la clave de su legitimidad se encuentra en su elección.

Aparatoso intento de revivir una denuncia infundada.

Misteriosas fuentes parlamentarias filtraron ayer el rumor de que la Comisión de Ética analizaría en breve la denuncia que realizó el fujimorismo contra el congresista Javier Diez Canseco. Coincidentemente, un parlamentario oficialista salió a los medios a cuestionar a Diez Canseco por sus críticas a las decisiones gubernamentales. Estos hechos no son casuales en el contexto en que un grupo de legisladores elegidos en la filas de Gana Perú demandan el cumplimiento de determinadas ofertas electorales. La denuncia contra Diez Canseco fue presentada hace más de cinco meses, y en ella se le acusa de haber presentado un proyecto de ley para otorgar derechos excepcionales a las acciones de inversión, con el objetivo de beneficiarse.
 

El Código de Ética Parlamentaria establece requisitos para que se declare que una denuncia sea procedente, como que el hecho denunciado debe constituir una infracción a los principios establecidos en el Código de Ética Parlamentaria y que los indicios o las pruebas presentadas u obtenidas deben permitir llevar a cabo la investigación. La denuncia del fujimorismo no ha cumplido con estos requisitos. A pesar de ello, el legislador realizó el descargo correspondiente demostrando que el proyecto de ley referido tiene una clara vocación de generalidad porque busca defender los intereses de más de 4 millones de pensionistas; que no es propietario de ninguna acción relacionada al proyecto de ley y que el criterio para canjear acciones de inversión por acciones comunes es el mismo que se ha usado en otros canjes voluntarios.
 

Llama la atención que aparatosamente, y luego de cinco meses, se pretenda aparentemente desde fuera del parlamento revivir un caso relacionado a una voz discrepante en el Congreso.

Desafíos de nuestra conciencia ecológica

Encuesta mundial ad portas de la Cumbre de la Tierra Río+20

La Asociación Internacional Unión para el Biocomercio Ético (UEBT, por sus siglas en inglés) ha incluido por primera vez al Perú en su estudio sobre el nivel de conciencia de los consumidores sobre el desarrollo sostenible y la biodiversidad. El estudio en siete países, con 8 mil entrevistados, incluyó en esta oportunidad a dos países emergentes, Perú e India. El estudio muestra a una ciudadanía con conciencia ecológica, aunque con algunos pendientes de carácter informativo. El Perú ocupa el sexto lugar entre los ocho que alguna vez escucharon hablar de la biodiversidad (52%). En esta pregunta, el primer lugar lo ocupa Brasil (97%), siguiéndole Francia (95%) y Suiza (83%). En otro punto que representa un desafío, el 37% de peruanos entregó definiciones parciales de la biodiversidad y solo el 7% brindó definiciones correctas.
 

Este sondeo se publica de cara a la próxima Cumbre de la Tierra Río+20, es decir, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que se celebrará del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, y que constituye un esfuerzo mundial, quizás el más significativo y urgente, para darle al mundo una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza y la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable. El sondeo de UEBT indica que en el Perú se han sentado las bases de una conciencia ecológica firme pero que arrastramos un déficit de información, en función de las demandas de un país biodiverso que necesita decirle al mundo que debe ser protegido.

Es necesaria la delegación de facultades para fortalecer la SUNAT.
 

El gobierno ha pedido al Congreso la delegación de facultades por 90 días para legislar en materia tributaria y aduanera, cambiando una posición anterior, informada por el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta, quien el mes pasado reveló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había informado que consideraba que el Parlamento no debía delegar facultades en este tema. En el pedido enviado por el gobierno se propone que la delegación de facultades no incluye la creación de nuevos impuestos en los términos señalados en el artículo 104° de la Constitución.

Como se sabe, en el citado artículo, la Carta Magna prohíbe delegar facultades para modificar la Constitución y para la aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, con lo que queda excluida la posibilidad de que el gobierno cree nuevos impuestos incluyéndolos en esas normas. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de la alteración de tributos cuando el proyecto señala que el gobierno podrá modificar el Impuesto a la Renta en relación con su ámbito de aplicación y las reglas de fuente y de imputación de la renta, y la determinación de los impuestos afectos en el país obtenidos por los contribuyentes domiciliados y no domiciliados.

El texto del proyecto no permite afirmar que el gobierno no usará las facultades legislativas para crear nuevos impuestos o incrementar los existentes. Es deseable que en el debate de la autorización se diluya esta posibilidad y que en la misma norma facultativa se consigne expresamente esta prohibición, toda vez que en otros ámbitos tributarios existen fundadas razones para que, autorizado por el Parlamento, el gobierno realice cambios esperados. Estos cambios aluden especialmente a hacer más eficiente la recaudación, el fortalecimiento del Tribunal Fiscal, agilizar los procedimientos tributarios y, sobre todo, fortalecer la SUNAT, la institución recaudadora a la que en los últimos años se le ha privado de recursos y se le ha impedido, indirectamente, la modernización de sus actividades.
 

LOS CONFLICTOS EN ALZA

El Reporte N° 98 de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales indica que estos continúan la línea de aumento sostenido iniciado en octubre pasado, llegando ahora a 243 y alcanzando un número a los registrados el año 2010 durante el anterior gobierno. En el reporte se precisa que en abril han surgido 11 nuevos conflictos y que en ese lapso el Estado solo ha resuelto 2. En marzo surgieron otros 10, de modo que esta tasa de incremento, de por lo menos 10 en cada mes, debe merecer atención, sobre todo si la tasa de solución sigue siendo tan baja. Es cierto que, según la información de la Defensoría, la violencia en los conflictos ha disminuido ligeramente y que a la fecha se mantienen funcionando 48 mesas de diálogo o comisiones de alto nivel; sin embargo, los datos disponibles no permiten asegurar que este bloqueo institucional, que le impide al Estado reformar su política frente a los conflictos, cambiará. Sería conveniente volver a fijar la atención de los actores públicos en este crucial y delicado tema, y no hacerlo solo cuando los conflictos hayan cobrado vidas humanas.

El gobierno negociará un proyecto de ley que no se conoce.
 

El gobierno ha anunciado que propiciará el diálogo con las fuerzas políticas del Congreso de la República, en busca de un acuerdo político en favor del proyecto de ley para el incremento de las remuneraciones para las FFAA y la PNP. El proyecto, que el gobierno “está viendo la forma de cómo presentarlo”, está guardado bajo siete llaves en el Ejecutivo y de él ha trascendido muy poco, por ejemplo, que la pensión renovable no será eliminada y que se establecerán mecanismos para un pago diferenciado en función del grado y de las responsabilidades.

El debate sobre la reforma de los sueldos para los militares y policías lleva mucho tiempo y tienen razón los miembros de las fuerzas del orden y los jubilados cuando resienten la falta de voluntad del Estado y las sucesivas postergaciones de una solución integral y definitiva. Por esa misma razón, es contraproducente que el misterioso proyecto se haya elaborado sin compartir detalles con los grupos de trabajo formados en agosto del año pasado por decisión del Presidente de la República.

Las FFAA tienen legítima aspiración a que las bonificaciones o una parte de ellas sean pensionables, que sus pensiones sean renovables en mérito a la naturaleza de su trabajo, y que la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) no sea liquidada. En noviembre del año pasado, vía el Ministerio de Defensa, se presentó una propuesta de reforma remunerativa y previsional que mantenía la CPMP y, al mismo tiempo, se garantizaba que la caja fiscal no sea afectada. La propuesta, sin embargo, fue descartada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que impuso la idea de hacer permanente el bono que el gobierno anterior había dispuesto por el período de un año, de 20 por ciento para el personal en activo y 25 por ciento para los que sufren discapacidad por razón del servicio.

En la nueva situación, el gobierno ha decidido ampliar el período de entrega del bono y presentar el proyecto de ley. No obstante, existe el riesgo de que, nuevamente, se postergue la presentación de la iniciativa legislativa y se pretenda contentar al personal en activo con el bono, en tanto que los pensionistas militares y policías siguen postergados, situación que también afectará a quienes ahora están en servicio aunque, inevitablemente, serán pensionistas en algún momento.

En ese sentido, queda por dilucidar si la remuneración consolidada que se usa como referencia para calcular la pensión del personal jubilado es menor que la suma de todas las bonificaciones no pensionables que recibió en actividad. Si es así, la compensación que recibirá cuando se jubile será reducida en comparación con la remuneración asignada como miembro activo.

Los miembros de las fuerzas del orden, a quienes se les pide sacrificio y entrega de modo reiterado, merecen una decisión audaz y firme en relación con sus sueldos y pensiones. Por esa misma razón se requiere que el proyecto de ley anunciado, cuya elaboración ha sido más larga de lo necesario, sea presentado y que se promueva luego de este acto y con información en la mano un debate sano y responsable que culmine en una norma que conjugue los alcances de la responsabilidad fiscal del Estado y las justas expectativas de la familia militar y policial.