Un avance en la lucha contra la violencia en construcción civil.
El gobierno ha constituido una Comisión Multisectorial para elaborar en 60 días un informe sobre el sector construcción con el propósito de adoptar medidas para promover la formalización laboral, eliminar la violencia en este sector y garantizar la integridad de empresarios y trabajadores. Es la primera respuesta estatal integral a esta modalidad de crimen organizado que empezó hace más de una década a presionar a empresas y trabajadores inicialmente pro cupos laborales para degenerar en extorsión y muerte.
Decenas de seudosindicatos han generado una lucrativa actividad que ha subido como la misma espuma inmobiliaria. El saldo de 40 muertos por la violencia en el sector construcción en los últimos años no queda allí. Las mafias han empezado a diversificar hacia la extorsión en otras actividades empresariales y se han relacionado con las bandas de secuestradores y con la actividad del sicariato. Las principales víctimas de estas mafias son los propios trabajadores organizados en la histórica Federación Nacional de Trabajadores en Construcción Civil (FNTC) afiliada a la CGTP cuyas filas se han visto diezmadas y sus dirigentes agredidos. La FNTC ha denunciado más de una vez con nombres y apellidos a los promotores de esta ola delictiva sin éxito alguno.
Las acciones tomadas no han dado resultados. La creación el 2010 de la División de Protección de Obras Civiles (DIVPROC) en la Policía Nacional fue un acierto en el acercamiento al problema. Se informa que a la fecha la DIVPROC ha intervenido a más de 3 mil personas y ha desarticulado 40 bandas en el sector. Sin embargo, lo realizado es insuficiente y desnuda el problema: fuentes de inteligencia policial indican que otras 100 bandas operarían en construcción.
Varias soluciones se han puesto sobre la mesa; sin embargo, dos son las más recurrentes: la labor de inteligencia policial para actuar con los métodos que se usan contra otras modalidades de crimen organizado y el compromiso de los empresarios y trabajadores para no ceder a la extorsión, practicando una cultura cívica de denuncia evitando la complicidad.
MALA PRÁCTICA
La reciente decisión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) de iniciar el proceso de extinción del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y la creación del nuevo programa Qali Warma es una medida arbitraria y contraproducente toda vez que no estuvo contemplada en el proceso de evaluación y reorganización de los programas sociales anunciados hace meses. En aquel momento se descartó la supresión de los programas sociales.
Los alcances del programa sustituto ofrecido no son de conocimiento público, ni su ámbito de ejecución, fecha de inicio de actividades, autoridades y su relación con la sociedad civil. La subestimación de los conceptos de consulta, interacción y cogestión con los beneficiarios fue pasada por alto. Solo se ha ofrecido que ningún comedor será afectado por el cierre del PRONAA y que el nuevo programa prestará un servicio alimentario a instituciones educativas del nivel inicial a partir de los 3 años de edad. Al respecto, queda muy poco espacio para la confianza con los antecedentes del caso, a lo que se agregan otras preocupaciones como el corte brusco de la política de seguridad alimentaria y las compras de alimentos a los productores nacionales. Como otras recientes, esta parece ser una decisión apresurada y escasamente razonada.
