Necesaria investigación y corrección de rumbos.
Las distintas versiones sobre el reciente operativo de las fuerzas del orden en Ranrapata (Acobamba/Junín) que provocó la muerte de una niña y la detención de otras cuatro personas no solo deben ser explicadas sino investigadas. Las conclusiones de la investigación le servirán al gobierno para corregir rumbos en la lucha contra la banda armada que opera en el Vraem. Con fracasos y éxitos, es tangible que los planes que allí se ejecutan deben ser revisados para eliminar la improvisación y la falta de control y cautelar los DDHH.
El fujimorismo y otros voceros conservadores intentan pasar por alto los errores del operativo y fijan su atención en los políticos, convirtiendo este episodio en una oportunidad para ajustar cuentas a sus adversarios. Uno de aquellos ha disculpado el asesinato de la niña con el argumento nefasto del daño colateral, rechazado por las FFAA del mundo democrático porque pone a los objetivos militares por delante de los DDHH.
La idea de un operativo impecable donde todo se echa a perder por el ladrido de un perro no es sostenible. Es importante también aclarar el tema de la presencia del representante del Ministerio Público. El fiscal de la Nación ha señalado que la Fiscalía no ha estado presente en el operativo, pero voceros del gobierno dicen lo contrario y exhiben como sustento el testimonio de la señora Aquila Paucarcaja recogido por la fiscalía en el comando especial del Vraem en Pichari. La presencia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en los operativos es fundamental, la del primero por las acciones de prevención del delito y la de la segunda por ser vigilante de los derechos fundamentales. Las investigaciones deberán también arrojar luces sobre la versión de los familiares de que se pretendió ocultar a la víctima. En el plano político, lo sucedido obliga al Ejecutivo a contar con procedimientos de verificación de los hechos, para no caer en la tentación fácil de prestar nombres e imágenes a la presentación de una acción que termina no siendo exitosa.
Lo sucedido podría evidenciar el desencuentro entre los mandos nacionales y los jefes operativos en el terreno de las operaciones en el VRAEM y que estos últimos gozan de una excesiva autonomía y falta de control que ha devenido en actuaciones irregulares. Si es así, la primera acción debería consistir en evaluar a los mandos policiales y militares de la zona y asegurar su control institucional militar o policial.
También estaríamos ante una desconexión entre los responsables políticos de los sectores al más alto nivel y los altos mandos de las fuerzas del orden. El poder constitucional debe encargarse en el breve plazo de fortalecer la función y el papel de los ministros. Una solución contraria acaba siempre en el quiebre de la autoridad. El tema de fondo, no obstante, es la estrategia del Estado en el VRAEM. Desde el año 2006 la sociedad, el parlamento y los otros poderes públicos han sido absolutamente sensibles con las demandas de los gobiernos en relación con esa zona: se creó el plan VRAEM; se autorizó el ingreso de las FFAA a la zona; se entregó pertrechos, recursos y personal; se aprobaron programas de impacto rápido; se amplió la cobertura del Estado a la zona que pasó de VRAE a VRAEM; y recientemente se aprobó una delegación de facultades para viabilizar recursos y normas aplicables a aquella. Los esfuerzos realizados deberían conducir al éxito y no al fracaso. El presidente Ollanta Humala ha reafirmado el compromiso de su gobierno de acabar con el terrorismo. Por ello creemos también que en el VRAEM ya no hay tiempo para el error. El país reclama resultados y así lo esperamos.
