Marisol Pérez Tello: “Este es un Gobierno hoy autoritario, que nunca se entendió de transición”

Marisol Pérez Tello, excongresista y exministra de Justicia, se encuentra –junto con varias personas– impulsando una plataforma política que reúna a partidos y movimientos regionales, pensando en  lo que podrían ser las próximas elecciones generales. En esta entrevista responde sobre la siempre convulsionada coyuntura.

— ¿Ve probable que haya elecciones este año?

— Es poco probable, espero que sean a inicio del próximo. No veo otra salida. La falta de legitimidad del Ejecutivo y Legislativo hace todo insostenible.

— Usted fue congresista, ¿tan difícil es darse cuenta de que hay que dar un paso al lado?

— La política de verdad es servicio y muy pocos en este Congreso son conscientes de que están al servicio de los demás. Creo que se sienten por encima de los demás y eso distorsiona su verdadero rol.  Lo que se ve es un nivel de mediocridad en términos de gestión, de conciencia de la situación.

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— Cuando le tocó ser congresista en el periodo 2011-2016, ¿recuerda tantos beneficios? 

— No. Y tampoco hay mucha conciencia de que esto tendría que ir de la mano con mucho trabajo. Si tú dices que, sí pues, tienes cuatro pasajes porque te corresponden, la gente dice: ¿cómo que te corresponden?, ¿qué estás haciendo?, ¿estás yendo a trabajar, a ver a tu novio, de vacaciones? La sensación es que es un privilegio, no una herramienta de trabajo. La sensación de abuso, de prepotencia, de falta de conciencia de las vidas que se han perdido, de falta de interés de investigar el uso de la fuerza hace que el Congreso se desprestigie cada vez más como institución y que las voces aisladas, que las hay, ya no se puedan escuchar, que ya se sientan falsas. Si el fujimorismo y APP te dicen que van a respaldar el adelanto de elecciones pero eso no se condice con el número de votos que tienen, o el líder no lo es o todos son unos mentirosos.

— O solo nos están paseando.

— O nos quieren confundir. Nos subestiman como sociedad. Y el país está agotado.

— Queda claro que la principal objeción de los congresistas para irse es el factor económico. ¿Se les debería pagar una indemnización para que acepten las elecciones?

— A veces es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Si con eso nos libramos de esto, que se les pague la indemnización hasta el 2026, pero no hay que verlos más. El tema es que lo que eso hará es poner en evidencia lo que ya sabemos: que esto es un tema de números. Y es una pena porque hay gente buena entre esos 130.

— No lo dudo. La política es también un trabajo.

— Exacto. Y esa gente buena tiene la oportunidad de hacer campaña. Deberíamos escuchar desde ahora hasta marzo a quienes van a votar por el adelanto de elecciones. Necesitamos a 66 personas...

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— Se consiguieron 67 votos para que el tema de las elecciones se vea de nuevo, pero Jorge Montoya presentó una reconsideración.

— Exacto. Lo que se debería hacer en este tiempo es exigirles a esos 67 que se sostengan en su decisión y voten igual. Con esos 67 votos, el Perú tiene futuro.

— ¿Cree que, si estos 67 se ratifican, luego se alcancen los 87 votos para una reforma en el Congreso, o tendremos que ir a un referéndum?

— No aspiro a que lleguemos a 87 votos. Aspiro a que con esos mismos 67 vayamos a un referéndum porque no quiero que sigamos dependiendo del Congreso. Si dependemos del Congreso tendríamos que esperar hasta agosto (para una segunda votación) y entre abril, mayo y junio cualquier cosa se les puede ocurrir. En cambio, con un referéndum legitimas la decisión, le quitas presión a esta idea de que no hay salida, le mandas un mensaje a Boluarte y al Congreso y pones sobre la mesa el tema de algunas de las reformas que hay que hacer.

— Usted tiene una carrera política vinculada con la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo se debe proceder para esclarecer las muertes?

— Lo primero que hay que responderle al Perú es qué pasó, en cada caso. Hay que estudiar en cada caso si se usó o no la fuerza necesaria. Hay indicios más que razonables de que en más de un caso se trató de una ejecución extrajudicial. La fiscal va a investigar, pero se va a tomar cinco años, 10 años. Cabitos demoró más de 34 años. No tenemos ese tiempo. Debería de haber una respuesta política desde el Congreso y una comisión independiente, como la que hubo en el caso de Bagua.

— Pero eso no creo que ocurra ni en este Gobierno ni en este Congreso.

— Es un error, se deslegitiman más. Si no ocurre aumentas una brecha de dolor en un país en el que la impunidad ha sido la regla. No se puede permitir eso. Que el Congreso, encima, quiera denunciar la competencia contenciosa de la Corte y que se propongan leyes de amnistía cuando eso está zanjado hace años en el derecho internacional es una barbaridad. Esta gente no entiende que ya se cruzó una línea. Ese discurso troglodita, retrógrado, de gente que quiere impunidad por actos que suponen responsabilidad, es inmoral. Hay que defender lo que ha logrado la humanidad en materia de  respeto y garantía de derechos humanos. Los principales defensores de los derechos humanos en el mundo son los policías y las fuerzas armadas, los buenos.

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— ¿Estamos frente a un Gobierno autoritario?

— Este es un Gobierno hoy autoritario que nunca se entendió de transición y que pretende gobernar sobre la base de negar la realidad. Boluarte nunca fue consciente de la crisis moral en la que había caído el Gobierno del que ella había sido vicepresidenta y de la crisis social generada incluso por los discursos, por ejemplo, en esos consejos descentralizados. Lo que se hizo fue meter el dedo en una herida real. Hay un problema de racismo, de discriminación, de desigualdad de oportunidades. Hay demandas en el fondo de estas protestas que son absolutamente legítimas. No avalo la forma, pero entiendo que muchos de estos lugares solo han conseguido la carretera o la posta con muertos de por medio. Boluarte tendría que ponerse por encima de eso, tendría que decirle al Congreso que los espera hasta abril para conseguir los votos para las elecciones...

— ¿Y que en caso contrario renunciará?

— Así es. Esperaría un mensaje de ella en el Congreso diciendo que se formará una comisión de expertos independientes para investigar el uso de la fuerza. Y que, si no se ponen de acuerdo para el adelanto de elecciones hasta abril, presentará su renuncia al cargo.