Jefe del CCFFA se libra de responsabilidad: “Yo no doy órdenes operativas”

Interrogado durante cinco horas por el fiscal Wilber Salazar Vílchez, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar, negó responsabilidad por la muerte de una decena de civiles durante la jornada de protesta antigubernamental en Ayacucho, el último 15 de diciembre.

Tropas de la Segunda Brigada de Infantería Militar acantonada en Ayacucho, fueron desplegadas en el perímetro del aeropuerto de la ciudad, y luego que concluyó el intento de tomar el establecimiento y los manifestantes se retiraron, los uniformados se desperdigaron en los alrededores y dispararon indiscriminadamente sus fusiles de reglamento Galil, sin causa alguna, como lo acreditan videos y fotografías que captaron los hechos.

El día que se produjo el incidente, se encontraba vigente el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), según la cual, en situaciones de Estado de Emergencia, “la autoridad superior en la línea de mando al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (JCCFFAA); (son) el Ministro de Defensa (MINDEF) y el Presidente de la República”.

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Por esta razón el fiscal Wilber Salazar citó al general Gómez de la Torre, por haber sido parte de la cadena de mando el día de la matanza y para que explique de dónde surgió la orden para que los militares dispararan a civiles desarmados.

El jefe del CCFFA no se presentó en dos ocasiones alegando compromisos laborales, así que recién el martes 13 de junio, a las 4 de la tarde, ofreció su versión de los hechos. Manifestó que su responsabilidad es solo estratégica y que la parte operativa era responsabilidad de los mandos militares de Ayacucho.

El interrogatorio duró aproximadamente cinco horas.

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"Yo como jefe del Comando Conjunto no doy órdenes operativas, eso lo verifica el nivel táctico", dijo el general Gómez de la Torre, de acuerdo con los testigos de la diligencia a los que consultó La República.

Cadena de mando

El jefe del Comando Conjunto argumentó que sus disposiciones fueron meramente estratégicas, y que los encargados de idear y ejecutar el plan de operaciones, fueron los mandos militares destacados en la región.

"Si el jefe supremo (la presidenta Dina Boluarte) da una directiva general, se tiene que transformar en planes de operaciones, pero eso ya lo hace el elemento táctico", precisó el general Gómez de la Torre.

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Añadió que, ante situaciones de violencia, los militares "para hacer uso de la fuerza, tienen que cumplir ciertos protocolos, como identificarse como militares, utilizar altoparlantes para pedir que la gente se inhiba, y todo eso se cumplió".

La versión ofrecida por el general Gómez de la Torre colisiona con imágenes de video donde se observa a los efectivos militares disparando directamente al cuerpo de civiles que no eran parte de ninguna manifestación. Tampoco se advierte que los uniformados usaron altoparlantes para dispersar a los ciudadanos.

Al referir que los militares “cumplieron con los protocolos”, Gómez de la Torre estaba diciendo que estos hicieron uso de los fusiles Galil cuando los ciudadanos desobedecieron las advertencias. Justificó el empleo de las armas.

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Además, el general Manuel Gómez de la Torre excusó que los militares no hayan brindado atención de primeros auxilios a los heridos aquella tarde, a pesar de que el protocolo militar lo detalla.

"No los han atendido porque la población no lo permitía", dijo, conforme a las fuentes consultadas por La República.

Pero las pruebas dicen lo contrario: videos recabados por la prensa muestran cómo los militares, al ver los cuerpos de las víctimas en el suelo, solo los observan, pasan y hasta los pisan para ver si efectivamente estaban sin vida.

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Incluso dispararon a un ciudadano que auxiliaba a otro herido gravemente por un balazo.

El Reglamento para el Uso de la Fuerza (RUF) es muy claro respecto a las situaciones en las que se recurre a las armas de fuego: “El personal de las Fuerzas Armadas puede usar el arma de fuego contra las personas cuando sea estrictamente necesario, y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o inadecuadas (…) En cualquier caso, está prohibido disparar indiscriminadamente”.

Hasta ahora los altos mandos castrenses no demuestran la situación de peligro que enfrentaban los militares que los obligaron a disparar a los civiles desarmados.

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Gomez de la Torre Mencionó que existió el "Comando Operacional del Este", una organización de las Fuerzas Armadas en la que estaba también la Policía Nacional y cuyo Comandante General era el encargado de comunicarle las acciones militares en la zona.

Debajo de ese comando estaba el Comandante General de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, general EP Jesús Vera Ipenza, quien es el responsable directo del desenvolvimiento del Ejército en el lugar, según lo dicho por Gómez de la Torres y la jerarquía castrense.

El general Vera no asistió a la citación fiscal.

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"Los elementos del Comando Operacional me informaron que había recrudecido la violencia en Ayacucho y había otros fallecidos", relat el jefe del Comando Conjunto.

Sin embargo, cuando le preguntaron cómo se enteró del primer muerto en Ayacucho, respondió que "a través de los medios de comunicación y la Diresa (Dirección Regional de Salud".

Además, negó haber tenido comunicación directa con el general Vera Ipenza, a pesar de la gravedad de los hechos registrados el 15 de diciembre último.

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El fiscal Wilber Salazar Vílchez también preguntó si los militares usaron fusiles AKM para reprimir las protestas.

Gómez de la Torre respondió que solo utilizaron fusiles Galil y FAL (Fusil Automático Ligero).

De acuerdo con las necropsias practicadas a las 10 víctimas, todas fallecieron por el impacto de proyectiles 7,62 mm., compatibles con el fusil Galil.

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Cambio de versión

Además, cuando se incautaron los registros de distribución de armamento de la Segunda Brigada de Infantería Militar, se confirmó que los efectivos que estuvieron en las zonas donde se produjeron los asesinatos, recibieron fusiles Galil. No se mencionó los FAL.

Sorprendentemente, Gómez de la Torre dijo al fiscal que los terroristas también contaban con los FAL, dando a entender que entre los manifestantes probablemente había senderistas que dispararon dicho armamento.

“Sabemos que los senderistas del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, también usan ese tipo de fusil (FAL)", apuntó.

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Al principio, negó que haya habido reuniones entre ellos, pero ante la evidencia que mostró la Procuraduría, el general cambió su versión y admitió que sostuvieron encuentros en algunas ocasiones, antes y después de la matanza de Ayacucho.

En febrero, Alberto Otárola en su declaración ante la fiscalía, exhibió un pantallazo de su teléfono celular donde la presidenta le trasladaba un mensaje para Gómez de la Torre.

"Ministro, para más tarde o mañana será más grande la protesta. Coordine con el Comandante de las FF. AA. que no tiene que haber ningún fallecido más", decía el mensaje del 18 de diciembre, tres días después de lo ocurrido en Ayacucho.

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El general negó que el entonces premier le haya enviado un mensaje de ese calibre: "No tuvimos ninguna comunicación".