Matanza de Putis: fiscal presenta las pruebas que acusan al Ejército
Juicio oral. Inició su acusación final sobre la responsabilidad de efectivos militares en el asesinato de cerca de un centenar de personas en 1984. Por sus características, lo enmarcó en un caso de lesa humanidad.
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El juicio por la matanza de pobladores de la comunidad ayacuchana de Putis, cometido por efectivos militares en 1984, entró a su fase final. El fiscal Gino Quiroz inició su acusación detallando las pruebas que demuestran la responsabilidad del Ejército en la ejecución extrajudicial de casi un centenar de personas, de las que solo se logró identificar a 28.
Hace más de dos décadas, La República reveló la existencia de una fosa en Putis, y tras la exhumación se rescataron los restos de 92 personas, de los cuales 48 eran menores de edad.
Con base en los testimonios y documentos analizados en el proceso, el fiscal señaló que queda probado que, en diciembre de 1984, el jefe político militar de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo, y su jefe de Estado Mayor administrativo, Juan Briones Dávila, elaboraron y ordenaron ejecutar un plan para eliminar a los pobladores de Putis por considerar que eran miembros, simpatizantes o colaboradores de Sendero Luminoso.
Con engaños, con la promesa de construir una piscigranja, los hicieron cavar una gran fosa, donde, luego de ejecutarlos, los enterraron.
Durante la audiencia, el fiscal explicó que, como miembros del Estado Mayor de la 2a División de Infantería, instalada en Ayacucho; Mori Orzo y Briones elaboraron los planes y órdenes de operaciones para eliminar a los comuneros de Putis.
“Estos hechos se encuentran ampliamente corroborados en el presente juicio oral. Hay testimoniales de familiares de las víctimas, pobladores y vecinos de Putis, de los guías y sobrevivientes de la matanza de Putis. También pericias y ratificaciones respecto a la ubicación de la fosa, al trabajo antropológico, examinación en laboratorio de los restos óseos, los objetos que se encontraron en las fosas, tales como prendas de vestir, municiones y armamento, que fueron objeto de un análisis pericial”, destacó.
También está como acusado Luis Óscar Grados Bailetti, quien en 1984 tenía el grado de capitán del Ejército y ejercía el cargo de jefe de la compañía Los Linces, en Ayacucho. El fiscal le imputó haber ordenado a los integrantes de su patrulla la eliminación de los campesinos de la localidad de Putis, por ser considerados miembros, simpatizantes o colaboradores de Sendero Luminoso.
“Dicho grupo actuaba directo por orden del Estado Mayor, por lo que todos sus desplazamientos eran de conocimiento del jefe político militar, que era Wilfredo Mori Orzo”, dijo.
Lesa humanidad
El fiscal remarcó que tanto Mori Orzo como Briones y Grados Bailetti son coautores mediatos de delito homicidio agravado con alevosía, en el contexto de crimen de lesa humanidad, en agravio de las 28 personas plenamente identificadas.
Indicó que la pericia balística concluye que los autores materiales del aniquilamiento de las víctimas usaron tres clases de armas Fusil FAL y o HK o G3, arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm parabellum y una granada antitanque y/o antipersonal, los que coinciden con los que usan los militares.
El fiscal continuará con su acusación en la próxima audiencia prevista para el 8 de agosto por la tarde.
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Guía de los militares es testigo clave
Un testimonio clave es el de un testigo protegido, que fue guía de los militares y testigo de la matanza de Putis. Contó que la base se instaló allí dos meses antes de la masacre y estuvo compuesta por 64 soldados provenientes de la base de Santillana, al mando del capítan Lalo y el teniente Baretta.
Relató que al inició había 14 familias en Putis, pero que cada vez bajaban más con banderas blancas. Indicó que el 13 de diciembre de 1984, por orden de los jefes, la tropa reunió a la población, llevándola a la escuela.
Refirió que separaron a los hombres para que caven las fosas, y violaron a las mujeres. Luego los colocaron cerca de la fosa y les dispararon con fusiles FAL.
Periodista de la sección Política del diario La República. Egresada de la universidad Jaime Bausate y Meza. Ganadora del Premio Periodismo y Derechos Humanos 2005 otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Escribe crónicas, perfiles y reportajes sobre hechos políticos y la violencia interna que vivió el país.
