Juristas coinciden: denuncia contra Junta Nacional de Justicia no tiene asidero
Rechazo. Acusación constitucional de Jorge Montoya refleja “ignorancia jurídica” y es “parte de un plan B” contra la Junta Nacional de Justicia, indican Marianella Ledesma y Walter Albán. Niegan que exista una presunta infracción constitucional.
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Para la exmagistrada del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, así como para el jurista y ex defensor del Pueblo Walter Albán, la denuncia constitucional del congresista Jorge Montoya, contra los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no tiene asidero jurídico.
La demanda se sustenta en que el Pleno de la JNJ habría infringido el inciso 3 del artículo 156 de la Constitución, por medio de una resolución del pasado 23 de octubre del 2020, en la cual se interpreta que el límite de 75 años es para postular al cargo en la JNJ y no para el cese en esta entidad. Una de sus integrantes, Inés Tello, se presentó al concurso público con 74 años y no fue motivo de cuestionamientos.
Además, se les acusa de violar el inciso 3 del artículo 139 referente a la observancia del debido proceso y de una serie de delitos penales como usurpación de la función pública, abuso de autoridad y corrupción de funcionarios. También se acusa constitucionalmente a Tello y se le atribuye una serie de delitos como aprovechamiento indebido del cargo y cohecho activo específico.
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Ledesma calificó de “ignorancia jurídica” que el congresista Jorge Montoya afirme en su denuncia que es inconstitucional que la JNJ haya interpretado la Constitución.
Activo. Montoya apunta hacia los miembros de la JNJ. Foto: Antonio Melgarejo/La República
“En ninguna parte de la Constitución y en el ordenamiento jurídico se cuestiona que se interprete la Constitución. Nadie puede arrogarse ser el único dueño de la interpretación de la Constitución, ni el Congreso mismo”, dijo Ledesma. Aclaró que el único que declara la inconstitucionalidad de una norma es el TC.
Explicó que la interpretación realizada por la JNJ ha tenido como referente su propia Ley Orgánica, la misma que establece que la edad no es un argumento de cese de las funciones. “Uno puede cesar del cargo porque se declara una vacancia. De repente por fallecimiento, pero no está la edad”, aseguró.
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Comentó que es evidente que esta denuncia constitucional es un nuevo camino que se abre en el Congreso para retirar a los miembros de la JNJ “de una u otra manera”.
Ledesma afirmó que lo que busca el Parlamento con este tipo de acciones es controlar la administración de justicia y el sistema electoral.
“El próximo año es vital porque se renueva a las autoridades electorales”, alertó. Cabe indicar que la JNJ elige a los titulares de la ONPE y el Reniec, mientras que la Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial designa al nuevo jefe del JNE.
“La quieren sacar”
Walter Albán también coincidió en que esta denuncia es “el plan B”, en caso de que no prospere la investigación sumaria de la Comisión de Justicia contra la JNJ. “No tiene asidero (la denuncia constitucional), es absolutamente caprichosa y es el plan B, por si les falla el proceso en el que están embarcados”, destacó.
Recordó que en la comisión especial encargada de la elección de los miembros de la JNJ el entonces magistrado del TC, Ernesto Blume, le dijo a Inés Tello que la edad límite de 75 años era para postular y no para el ejercicio del cargo.
Asimismo, consideró que estos ataques contra la magistrada Tello tienen como motivación las denuncias que tiene a su cargo contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “De las tres investigaciones que tiene la JNJ contra la fiscal Patricia Benavides, dos de ellas han estado a cargo de Inés Tello, por eso la quieren sacar”, afirmó.
Remarcó que el defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura estableció como criterio que el límite de edad para ser consejero era para postular, no para permanecer. “Varios de los antiguos miembros del Consejo de la Magistratura cumplieron la edad límite y completaron el mandato. Nadie puso objeciones a eso”, comentó.
Investigación a JNJ en la Permanente duraría 2 meses
La Comisión Permanente otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para investigar la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según fuentes del Legislativo, en este plazo la SAC nombrará un congresista ponente, quien deberá investigar si procede o no la denuncia referida.
De aprobarse en la SAC -junto con un informe final-, la denuncia constitucional pasa al Pleno de la Comisión Permanente, instancia que tendría un periodo de investigación de un par de meses. Esto es, entre octubre y noviembre.
De darle luz verde, la denuncia de Montoya deberá verse en el Pleno del Congreso para su archivo o aprobación.
Licenciada en Ciencias de la Información con especialidad en periodismo de la Universidad de Piura (UDEP). Redactora de la sección política del diario La República. Experiencia como redactora e investigadora para el área política de otros medios impresos y de televisión.
