El jefe de la Oficina Defensorial de Lima Norte, Fabián Tutaya, comprobó tras varios estudios realizados a pobladores del Anexo 15 del poblado Río Seco en Jicamarca, Huarochirí, que presentan concentraciones de mercurio mayores a las permitidas científicamente, lo que genera un verdadero daño a la salud.

El funcionario detalló que dicho análisis, realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Ministerio de Salud a solicitud de la Defensoría del Pueblo, reveló que las 34 personas examinadas presentan mercurio urinario, mientras que en seis de ellas los niveles eran mayores al valor técnico recomendado por la literatura científica (menos de cinco ug/g creatinina).
 
“Esta situación es preocupante. El resultado de dichos estudios clínicos ha demostrado que de los seis pobladores con concentraciones de mercurio urinario superiores al valor referencial, cuatro son adultos y dos son niños de 10 y 12 años de edad”, señaló el funcionario de la Defensoría del Pueblo.
 
Agregó que la mayoría de los evaluados desconocen la peligrosidad y riesgo de la exposición al mercurio, y señaló que como resultado de la evaluación del aire que se efectuó al interior de las viviendas, se halló que en una de éstas el mercurio supera tres veces más de lo permitido por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos.
 
Advirtió que los efectos generados por dicha exposición contaminante, de acuerdo con lo establecido en la Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden ser varios: disminución de la visión y audición, parálisis, insomnio e inestabilidad emocional, y temblores. Además, durante la etapa fetal puede causar déficit en la atención y retraso en el desarrollo durante la niñez.
   
Ante esta situación, Tutaya exhortó a la Dirección Regional de Salud a que implemente un programa de manejo de la población expuesta al mercurio por la minería informal. Por otra parte, al dirigirse a la Dirección Regional de Minería, la Municipalidad de San Antonio (Huarochirí), el Ministerio del Ambiente y el de la Mujer y Desarrollo Social, el funcionario recomendó que intervengan en esta problemática, a fin de evitar una situación de mayor vulnerabilidad de las personas y el medio ambiente.
 
Por su parte, Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que se torna necesaria una política integral que atienda la agenda de la pequeña minería y la minería informal.  “El estudio realizado es una muestra de los peligros que encierra una actividad sin regulación apropiada.  Resolver esta problemática exige un trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, articulando políticas sociales, económicas y ambientales”, señaló finalmente.