El pasado sábado 12 de diciembre efectivos de la Policía Nacional del Perú reprimieron brutalmente una protesta efectuada por campesinos de San Labán, Puno quienes rechazaban la construcción de la hidroeléctrica de Inambari.

Producto de la salvaje represión dos campesinos Jaime Huanca Zamata y Eulogio Cuchuyrumi resultaron heridos de bala; Fortunata Quispe de Salgado, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, y un número indeterminado de personas sufrieron contusiones en diversas partes del cuerpo.

Como se recordará la decisión de construir la hidroeléctrica ha sido unilateralmente tomada por el gobierno, en clara vulneración del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que establece la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que les afecten sus derechos.

La construcción de la hidroeléctrica supondrá el desalojo forzado de más de 15.000 personas, la inundación de una superficie de 450 Km2, graves impactos en una zona de gran riqueza ecológica, así como la inundación de más de 100 km de la carretera interoceánica, cuya construcción está siendo sumamente costosa.

El promedio de vida útil de una represa son 25 años. Pasado este témino la acumulación de sedimentos hace que la estructura pierda su capacidad de generar energía.

Varios integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos de Puno han comenzado a recibir amenazas por manifestar su oposición al desarrollo de este megaproyecto. (Con información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos)