Ya está lista la nueva demanda ante el TC por contrarreforma

Tras la estrategia de 33 congresistas ante el Tribunal Constitucional (TC) por la Ley n.° 31520, que debilita a la Sunedu, existen otras dos demandas que buscan frenar esta norma. Se trata de una promovida por la Defensoría del Pueblo desde diciembre pasado y otra que ya está lista y será presentada por la asociación Foro Educativo entre mañana y el próximo lunes.

Esta última tiene el respaldo de más de 9.800 ciudadanos, cuyas firmas ya han sido validadas por el Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “El principal argumento, desde nuestra acción como sociedad civil, es la defensa de la calidad de la educación superior. La necesidad de que el Estado sea garante del derecho a la educación y de las condiciones mínimas de calidad”, dice Yolanda Rojo, presidenta de la referida asociación sin fines de lucro.

Y es que, así como los congresistas tienen la potestad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, también puede hacerlo la ciudadanía con el aval de 5.000 firmas. La recolección de estas empezó en mayo pasado y, en casi diez días, superó las 12.000. Ahora, explica Rojo Chávez, el texto de la demanda ya está listo y se desarrollan las últimas revisiones por parte de abogados. Su presentación está prevista para mañana o, a más tardar, el lunes 16 con la participación de representantes estudiantiles.

Este documento, con argumentos jurídicos, también advierte sobre el riesgo en el presupuesto destinado a las universidades públicas. “Se ve claramente restringido con esta ley antirreforma propiciada por los congresistas”, detalla.

Sobre esto último hay que precisar que, además de la incorporación de representantes elegidos por los mismos rectores al consejo directivo de la Sunedu, la ley en cuestión elimina el licenciamiento de carreras y desaparece la potestad del Ministerio de Educación de otorgar fondos para la mejora de la calidad en las casas de estudio.

“Esperemos que el TC tome en cuenta la decisión del Poder Judicial a pedido de Sunedu y que el Ejecutivo solicite la derogación de la ley de estos congresistas que están en contra de la reforma y que responden a intereses económicos y privados. Muchos están vinculados a universidades no licenciadas y de muy baja calidad”, agrega Rojo.

El caso de la Defensoría

Tras la presentación de su demanda ante el TC, queda pendiente su admisión. Justamente en ese estado se encuentra la acción presentada por la Defensoría el último 15 de diciembre, antes de la audiencia por el caso de los congresistas.

Casi un mes después, según dicha entidad, el TC aún no se ha pronunciado sobre su pedido. En contraste, la demanda de los 33 legisladores fue admitida solo una semana posterior a su llegada y se resolvió en 4 meses.

“Ha sido una sentencia preocupante, desarrolla temas con los que no estamos de acuerdo, dados los avances de la reforma. Sin embargo, deja espacio para que se pueda discutir con más detalles asuntos planteados en nuestra demanda”, explica el adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría, Alberto Cruces.

Añade que su demanda tiene argumentos distintos a los del Congreso, orientados a la calidad de la educación y a la progresividad: cuando se implementa la mejora en un derecho ya no se puede retroceder. Por ello, la jurisprudencia habilita su discusión. Solo falta que el TC los escuche.

Reglamento de la ley aún sin fecha ni plazo

Luego de que este diario advirtiera que las universidades aún se encuentran a la espera de que la PCM reglamente la ley, el premier, Alberto Otárola, ratificó —aunque sin dar fecha— que convocará a todos los actores para elaborar el documento. “Se impedirá el retorno al modelo que permitió universidades de papel y cartón”, dijo.

Reacciones

Yolanda Rojo. Presidenta de Foro Educativo

“Sería una actitud antidemocrática flagrante que el TC (no admita la demanda). Es un pedido de la ciudadanía. Son 9.800 firmas y hay más gente que rechaza esta ley que atenta contra la educación”

Alberto Cruces. Defensoría del Pueblo

“Nuestros argumentos son distintos a los de los congresistas. Tenemos una lógica diferente donde se discute la calidad y que el derecho a la educación, al ser un derecho social, no puede retroceder”.