Arbitraje postergaría Majes II mínimo cuatro años

Majes Siguas II podría seguir el camino de Chavimochic III. El proyecto de irrigación de la región La Libertad está parado más de seis años. Con las obras de represamiento se pretende regar 63 mil hectáreas nuevas y mejorar condiciones de riego de otras 48 mil hectáreas en el norte. La concesionaria Chavimochic SAC la integraban Odebrecht y Graña y Montero, que tenían a cargo la construcción, operación y mantenimiento de la obra.

Estas empresas presentaron su solicitud de arbitraje en febrero del 2017 por incumplimiento al contrato por parte del Gobierno Regional de La Libertad. Esto por la no entrega del control del proyecto (tierras), similar acusación para el caso Majes II. El laudo arbitral concluyó en abril del 2022 y, en su mayoría de puntos, en favor del Estado peruano.

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Chavimochic SAC pretendía el pago de US$ 118 millones, por daños y perjuicios (US$ 50 millones), gastos generales (US$ 26 millones) y obras ejecutadas no pagadas (US$ 41 millones). Finalmente, los árbitros resolvieron declarar la caducidad del contrato, que el Gobierno pague US$ 25 millones de gastos generales y que la empresa entregue el 70% de la garantía de fiel cumplimiento por no cumplir con el cierre financiero del proyecto (US$ 25 millones).

Casi no obtuvo nada el privado. Pese al “triunfo” en tribunales, la obra sigue parada. Ahora es gestionada por el Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego (Midagri) que lanzó el proceso de licitación internacional bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Hay cinco países interesados. ¿Majes Siguas II pasará por lo mismo? Hasta el momento todos los caminos conducen a un arbitraje internacional, salvo un milagro.

La concesionaria Angostura Siguas SA, integrada por Cobra, activó la caducidad del contrato acusando incumplimientos al Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La entidad hizo lo propio. El exgerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Isaac Martínez, espera que a estas alturas el GRA ya tenga definido qué incumplió y qué cumplió para defenderse ante Cobra. Si bien, el arbitraje de Chavimochic duró 5 años, la resolución en sí no sobrepasó los dos, dijo.

Para Martínez la postergación para Majes II se prolongará por lo menos 3 años, por demoras como la designación de árbitros y hasta que se busque un nuevo concesionario. Las obras ya están detenidas más de cinco años (diciembre del 2017) cuando se inició el análisis de la Adenda 13. “Durante el arbitraje no se puede hacer nada en Majes II”, dijo.

Mientras que Arturo Arroyo, también ex gerente de Autodema, sostiene que se puede llegar a los 5 años de postergación. Martínez sostiene que sólo encuentra dos cosas similares en el caso Chavimochic III con Majes II. Uno, que el problema es por la entrega de tierras, y dos, que no se llegó a realizar el cierre financiero. En lo demás, cada proyecto de irrigación tiene sus particularidades. Por ejemplo, que la obra del norte tenía a Odebrecht, un privado acusado de corrupción, y acá está Cobra. “A mí parecer los árbitros fallaron en contra de Odebrecht porque era una empresa acusada de corrupción”, sostuvo.

Más bien, Arroyo asegura que el laudo de Chavimochic da buenos augurios en favor del GRA. Explicó que se falló en el sentido que la empresa no estaba impedida de realizar los trabajos con entregas parciales de tierras y que hubo la voluntad del GRL en entregarlos. “Nosotros en Majes II avanzamos de 90% a 95% en la entrega del control del proyecto y Cobra puede avanzar con los túneles de derivación y la represa Angostura”, sostuvo. Resalta que la activación de la caducidad es un pretexto porque Cobra no podría cumplir con el cierre financiero, es decir con demostrar que tiene los US$ 372 millones para financiar las obras de infraestructura hidráulica que le corresponden. “Cobra nunca ha tenido la intención de trabajar. Tendrán que demostrar en un arbitraje que pueden hacer el cierre financiero”, concluyó.

Arroyo fue el más entusiasta para la firma de la Adenda 13. Se le preguntó por qué no puso mano dura con Cobra. “Mano dura habría sido no firmar la Adenda 13 y estaríamos en la misma situación que es el arbitraje. Sin la adenda estaríamos en peores condiciones”, aseveró. Está seguro que, así como en Chavimochic, a Cobra tampoco le darían la razón y que el Estado debe pedir el pago de daños y perjuicios. El privado solicita US$ 205 millones de obras ejecutadas no pagadas.  Martínez recomienda que mejor es llegar a un acuerdo, pero “no a cualquier precio”. “Tienen que analizar muy bien las observaciones de Cobra porque con la plata del Estado no se puede negociar nada. Todo se tiene que hacer de acuerdo al contrato”, dijo. Calificó de una vergüenza que Autodema después de 13 años de firmado el contrato no haya entregado las tierras a Cobra.